26 de Septiembre del 2026.- El desperdicio ocurre principalmente en las etapas de comercialización y consumo, cuando alimentos que podrían haberse utilizado terminan siendo descartados. La pérdida, en cambio, puede producirse durante la producción y las etapas anteriores a la llegada del producto al comercio. En ambos casos se pierde alimento, pero también se pierden los recursos utilizados para producirlo: agua, energía, suelo, trabajo y las emisiones asociadas.
Chile ha comenzado a abordar este desafío. Desde 2020 funciona una comisión nacional dedicada a la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos; el Estado inició el diseño de una Estrategia Nacional para Prevenir y Reducir la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (ENPDA) con participación de organismos públicos, sector privado, sociedad civil y agencias internacionales; y el Congreso tramita un proyecto de ley de residuos orgánicos. Sin embargo, gran parte de esta discusión se ha desarrollado desde el ámbito de los residuos.
Esto genera un punto ciego: sabemos bastante más sobre lo que llega a la basura que sobre lo que se pierde antes. La SUBDERE estima que la materia orgánica representa entre 34% y 56% de los residuos de los hogares, dependiendo de la zona del país. En cambio, Chile no cuenta con una cifra nacional sobre las pérdidas anteriores a la venta. Como referencia regional, la FAO estimó en 2019 que América Latina y el Caribe pierde cerca del 12% de lo que produce antes del comercio minorista.
Para un país agroexportador como Chile, esta brecha es especialmente relevante. Parte de nuestra producción de fruta fresca puede perderse antes de llegar al consumidor. Esas pérdidas no aparecen en la basura domiciliaria y tampoco quedan plenamente reflejadas cuando el problema se aborda desde la gestión de residuos. La pérdida de alimentos es, entonces, también un problema productivo.
Por eso, la discusión institucional importa. Actualmente, la ENPDA es conducida por el Ministerio del Medio Ambiente, mientras que el Ministerio de Agricultura participa a través de ODEPA en su comité ejecutivo. Sin embargo, participar en una instancia de coordinación no equivale a que la prevención de las pérdidas forme parte del mandato, presupuesto e instrumentos de fomento de la cartera de Agricultura.
Si queremos abordar el problema en toda la cadena, necesitamos distinguir entre pérdida y desperdicio y establecer responsabilidades acordes a cada etapa. La estrategia debería incorporar un componente específico para las pérdidas bajo responsabilidad directa de Agricultura, con una línea base por rubro —partiendo por las cadenas exportadoras— y criterios de prevención en los instrumentos de fomento productivo y la discusión legislativa.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a reducir tanto pérdidas como desperdicios al 2030. Chile ya cuenta con trabajo acumulado. El desafío es ampliar la mirada: pasar de una política centrada principalmente en lo que llega a la basura a una que también prevenga lo que se pierde antes de llegar a ella.
Iván Franchi – Centro de Investigación para la Sustentabilidad – Centro de Investigación para la Transformación Agroalimentaria – UNAB
