13 de marzo del 2026.- A raíz de las primeras manifestaciones que se han producido en algunos puntos del país tras la asunción en el cargo del Presidente José Antonio Kast, los diputados de la Bancada UDI, Cristóbal Martínez y Jaime Coloma, anunciaron que solicitarán al nuevo gobierno poder patrocinar un proyecto de ley que vienen trabajando desde fines del año pasado y que busca prohibir que las personas condenadas por participar en actos vandálicos puedan acceder a los diversos beneficios sociales que otorga el Estado.
Al respecto, ambos parlamentarios decidieron presentar dicha iniciativa ante los diversos llamados a protestas que comenzaron a surgir en diciembre del año pasado, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial, convocatorias que finalmente se concretaron este miércoles en algunos lugares de Santiago y Valparaíso, principalmente, y que incluso terminaron con un efectivo de Carabineros herido.
Por lo mismo, lo que se propuso en el proyecto que ya está presentado en la Cámara, es que todos los «condenados por delitos de daño a la propiedad pública y privada cometidos con ocasión de una manifestación o protesta social, no podrán ser favorecidos con los beneficios o prestaciones otorgadas por el Estado (…) hasta por el plazo de cinco años contados desde la fecha en que la condena se encontrare firme o ejecutoriada», incluyendo también a «quienes hayan sido condenados por lesiones que causaren un menoscabo a la integridad física o provocaren la muerte de un funcionario policial».
En ese sentido, los diputados Martínez y Coloma señalaron que «resulta francamente inaceptable que el Estado, utilizando los recursos que pertenecen a todos los chilenos y que ya son exiguos, termine financiando a vándalos y delincuentes que participan en estos tipos de actos», por lo que agregaron que «los beneficios sociales no sólo deben priorizar a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sino que también a quienes cumplen y respetan la ley, dejando fuera a todos los violentistas que utilizan las manifestaciones para delinquir y para tratar de desestabilizar nuestro país».
«Cuando una persona que participa en una manifestación decide destruir el mobiliario público o privado, atacar a los funcionarios policiales o provocar daños a la infraestructura, no merece -en ningún caso- recibir algún tipo de beneficio social que sea financiado con recursos públicos. Creemos que el Estado debe ser claro en esta materia y que quien delinque debe asumir todas las consecuencias de sus actos. Esta es una situación que ya la vivimos especialmente durante la época del 18 de octubre, donde nadie sabía cuántos de los delincuentes y violentistas que destruyeron nuestro país recibía algún tipo de beneficio de este tipo», manifestaron los integrantes de la Bancada UDI, quienes aseguraron que el proyecto «es una señal clara de que los derechos siempre deben ir de la mano con los deberes».
Por último, Martínez y Coloma llamaron a la nueva administración a evaluar su respaldo a la iniciativa, insistiendo en que «lo que buscamos es establecer un principio básico de responsabilidad y justicia, garantizándole a los chilenos que sus impuestos no terminarán en manos de quienes de forma reiterada se dedican a atentar contra el orden público y a poner en riesgo la seguridad de las personas».
