En un país donde los recursos públicos parecen fluir con una eficiencia inusitada hacia proyectos de dudosa relevancia y programas mal evaluados, la historia de Camila Gómez emerge como un doloroso recordatorio de las fallas sistémicas del sistema de salud chileno. Su lucha desesperada por conseguir los fondos necesarios para el tratamiento de su hijo con distrofia muscular desnuda una realidad incómoda y desgarradora: en Chile, la vida y la salud parecen ser privilegios reservados para unos pocos.
El relato de Camila, madre dedicada y luchadora que en estos momentos siendo martes 7 de mayo del 2024,s encuentra caminando rumbo a la moneda, nos sumerge en un abismo de desigualdades y carencias que el Estado chileno parece ignorar deliberadamente. Mientras millones de pesos son derrochados en proyectos que poco contribuyen al bienestar colectivo, familias como la suya se ven obligadas a recorrer largas distancias y a realizar campañas desesperadas para salvar la vida de sus seres queridos. ¿Cómo es posible que, en un país con supuestos estándares de desarrollo y progreso, la salud y la vida de sus ciudadanos estén en constante peligro debido a la falta de acceso a tratamientos médicos adecuados de alto costo?
La respuesta a esta pregunta reside en la naturaleza misma del estado el cual prioriza intereses económicos y políticos por encima del bienestar de la población. La gestión pública, lejos de estar al servicio de los ciudadanos, parece estar enfocada en satisfacer los caprichos ideológicos de unos pocos y en alimentar una maquinaria burocrática que se mueve con una eficiencia sorprendente cuando se trata de desatender las necesidades más básicas de la población.
Es alarmante constatar cómo el Estado chileno muestra una destreza excepcional en canalizar fondos hacia empresas creadas a último momento con el único propósito de ganar licitaciones millonarias, para que el amigo empresario aproveche la racha que su conocido está en el gobierno de turno, mientras que la vida de personas como el hijo de Camila pende de un hilo debido a la falta de recursos adecuados para su tratamiento. ¿Acaso es más importante para nuestras autoridades financiar proyectos faraónicos y programas inútiles, que satisfacer las necesidades más urgentes de la población? La respuesta parece estar clara.
La historia de Camila Gómez nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del desarrollo y el progreso en un país. ¿De qué sirven los indicadores económicos y los proyectos de infraestructura si no somos capaces de garantizar un acceso equitativo a la salud para todos nuestros ciudadanos? ¿Cómo podemos hablar de justicia social cuando la vida de una persona se convierte en moneda de cambio en un juego de intereses políticos y económicos?
Es hora de que las autoridades chilenas asuman su responsabilidad y pongan fin a esta injusticia flagrante. No podemos permitir que la eficiencia del Estado se traduzca en la desatención sistemática de las necesidades más básicas de nuestra población. Es imperativo que se implementen políticas públicas que garanticen un acceso universal y equitativo a la salud, y que se priorice el bienestar de las personas por encima de cualquier interés particular o ideológico.
La historia de Camila Gómez es un llamado de atención urgente que no podemos ignorar. Nos enfrenta a la cruda realidad de un sistema de salud quebrantado y desigual, pero también nos muestra el poder de la solidaridad y la lucha colectiva. Es hora de que nos unamos como sociedad para exigir un cambio real y tangible en el sistema de salud chileno, un cambio que coloque a las personas en el centro de todas las políticas y decisiones. La vida de Camila y de su hijo depende de ello, pero también la de millones de chilenos que merecen vivir con dignidad y tener acceso a la atención médica que necesitan sin importar su costo.
Un artículo de Héctor Zuñiga – Consejero Evopoli los Lagos.
