04 de Abril del 2026.- Si bien la normativa ha permitido instalar el concepto de neurodiversidad en la agenda pública y avanzar desde una mirada médica hacia un enfoque de derechos, aún existen desafíos urgentes que requieren atención.
En el ámbito educativo, la implementación de los Planes de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC) en la mayoría de los establecimientos y la habilitación de salas de calma representan progresos concretos y reales. En el ámbito de la salud se ha fortalecido la red de diagnósticos mediante la incorporación de profesionales en la atención primaria. También se destacan avances en derechos laborales, como los permisos para que cuidadores puedan atender emergencias de niños y niñas autistas, que hasta ahora son los más utilizados.
A pesar de los avances, las limitaciones están. Aún hay extensas listas de espera en el sistema público y un alto costo de las terapias privadas, lo que genera un escenario de desigualdad en el acceso. A ello se suma un vacío en la atención de personas autistas adultas, quienes continúan mayoritariamente invisibilizadas en las políticas públicas, sin apoyos suficientes para su inserción laboral o vida independiente.
A nivel educacional la calidad de la inclusión escolar sigue siendo heterogénea y muestra la necesidad de fortalecer la formación docente y el acompañamiento efectivo en las aulas. Del mismo modo, el país carece de un sistema de cuidados robusto que apoye a las familias y prevenga el desgaste de quienes cumplen este rol.
Avanzar hacia una implementación efectiva de la ley requiere no solo voluntad normativa, sino también recursos, formación y una mirada integral que considere todo el ciclo de vida de las personas autistas.
Doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, Ms en Salud Mental Infantil, Terapeuta Ocupacional
