Desde tiempo inmemoriales, los países han necesitado obtener información respecto de las actividades de los países vecinos, para visualizar y evitar posibles conflictos bélicos. Desde siempre han existido sujetos que han traspasado las fronteras de su país para observar las actividades y movimientos que se realizan más allá de las líneas, permitiendo así la tranquilidad de su país de origen.
Es así como en Chile, bajo la premisa del “CONFLICTO ABP” (Argentina, Bolivia y Perú), siempre han existido actividades de inteligencia más allá de nuestras fronteras, desde la época del término de la Colonia.
En el ámbito militar, “se llama Inteligencia al producto resultante del procesamiento de la información relativa a naciones extranjeras, fuerzas o elementos hostiles que puedan constituir un peligro a la estabilidad y soberanía de un país.” Se asocia tradicionalmente al “espionaje”, pero la Inteligencia es más que eso, ya que abarca tareas como la recopilación de la información de la capacidad tecnológica, del orden de batalla, de las armas y equipos, del entrenamiento, de las bases militares, del nivel de las comunicaciones y la detección de radares entre otras informaciones que se deben analizar, procesar e informar a las autoridades locales para servir de antecedente necesarios en la toma de decisiones de contrapeso.
En Chile, durante el gobierno de don Patricio Aylwin y ante la falta de un organismo de inteligencia integrado por civiles y ante la presencia del renacimiento de guerrillas urbanas como el Mapu-Lautaro; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria ( MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, todos de extrema izquierda, que tuvo como consecuencias el asesinato del Senador Jaime Guzmán y el secuestro del hijo del diario El Mercurio, el Presidente Aylwin creó el Consejo Coordinador de Seguridad Pública ( CCSP), mediante el Decreto N° 363 del Ministerio del Interior del 26 de Abril de 1991.
Este primer organismo dependía del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y tenía la tarea de prestar asesoría y proponer medidas relativas a la planificación, estrategia y coordinación de las políticas en el combate del terrorismo, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones.
El año 2004 se da un gran salto en materias de organización y personal del área de inteligencia y el Presidente Ricardo Lagos funda por medio de la Ley N° 19.974 la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y se estructura el Sistema de Inteligencia del Estado. El primer Director de la ANI fue el abogado Gustavo Villalobos, colaborador de la Vicaría de la Solidaridad y militante del Partido Comunista.
Las funciones de la ANI son recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional y producir inteligencia de acuerdo con los requerimientos del Presidente de la República, elaborar informes de inteligencia de carácter secreto para el Jefe de Estado y los organismos que él determine, proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado y requerir de los organismos de inteligencia militar y policiales la información que la ANI considere de utilidad para sus funciones.
Asimismo, la Agencia Nacional está facultada para requerir de cualquier servicio de la Administración del Estado, los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones y disponer la aplicación de las medidas necesarias para detectar y neutralizar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales.
La ANI forma parte de la Comunidad de Inteligencia y la preside, la que está integrada por los servicios de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Direcciones de Inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
La Agencia Nacional de Inteligencia es una organización formada por aproximadamente 125 funcionarios, muchos de los cuales son empleados civiles de las fuerzas armadas y no poseen facultades operativas y se nutre de la información proporcionada por los organismos militares de inteligencia.
El hecho que los miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia no tengan facultades operativas, les priva de la posibilidad de recopilar la información necesaria para sus fines y dejar de ser un mero receptor de información de otros servicios, ya que ello le resta toda la eficacia que un organismo de esta naturaleza requiere.
Existe un proyecto de ley que moderniza y organiza la función de la Inteligencia en Chile, pero ésta duerme plácidamente hace 5 años en el Senado de la República.-
José Manuel Godoy Leiva – Abogado
