13 de Julio del 2025.- En los últimos años, en Chile ha comenzado un ambicioso proceso de transformación de la educación pública, que nos ha permitido pasar de una administración municipal fragmentada a un sistema nacional con gobernanza territorial a través de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Inevitablemente, avanzar en esta dirección nos obliga a poner el foco en un desafío clave: mejorar la calidad y equidad de la educación pública. Y, para eso, es necesario contar con datos e indicadores que alimenten la toma de decisiones. En este escenario, en esta columna quisiera añadir a la discusión pública un ligero matiz. No sólo se necesitan datos e indicadores; también se necesita alguien que interprete, reflexione y contextualice esos datos. En otras palabras, se necesitan unidades específicas que les den sentido y coherencia.
Hasta ahora, los SLEP desempeñan funciones técnicas vinculadas con la creación, análisis y sistematización de datos provenientes del territorio. Estas funciones buscan ayudar a las comunidades educativas en su quehacer y a la gestión escolar en los distintos niveles. Sin embargo, estas tareas no dejan de tener un carácter técnico. Mientras el monitoreo observa si se están cumpliendo las metas establecidas en los distintos instrumentos de gestión, como el Plan Estratégico Local, y mientras los equipos de datos consolidan y reportan cifras duras (matrícula, asistencia, resultados), lo cierto es que pareciera que falta alguien que se haga preguntas distintas: ¿Qué está detrás de esos datos? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué transformaciones profundas necesita el territorio educativo?
Por lo tanto, crear unidades de estudio no es un lujo burocrático. Es un espacio desde donde un SLEP podría generar conocimiento situado por sí solo, o con apoyo de universidades, comprender su propio territorio educativo y proponer mejoras sustantivas a mediano y largo plazo. Es también una oportunidad para sistematizar experiencias innovadoras, evaluar críticamente las intervenciones locales, e incluso influir en la política pública nacional con evidencia concreta desde los territorios.
Ejemplos existen, y van bien encaminados. El SLEP Barrancas —el pionero, uno de los primeros que comenzó este viaje hacia la nueva educación pública— no solo ya ha conformado una unidad de estudios, sino que ha pasado a una etapa en la que están colaborando activamente con universidades que documentan prácticas pedagógicas transformadoras, como es el caso del Liceo Centro Experimental Pudahuel Carén. Estos ejercicios, aunque lentos y difíciles, van mucho más allá de lo técnico: son verdaderas apuestas por una educación pública que no sólo hace, sino que también reflexiona sobre sí misma y aprende.
En definitiva, distinguir el rol de estudios del que cumplen las unidades de monitoreo o datos es clave. Monitorear es observar el pulso del sistema. Reportar datos es registrar lo que ocurre. Estudiar es pensar colaborativamente qué significa todo eso y cómo actuar en consecuencia. Sin este eslabón, el ciclo de mejora queda cojo: sabremos qué pasa, pero no necesariamente sabremos por qué, ni cómo cambiarlo.
Por supuesto, no basta con crear cargos o áreas con nombres atractivos. Una verdadera unidad de estudios debe contar con profesionales capacitados en investigación educativa, análisis cualitativo y cuantitativo, y comprensión del contexto local. Requiere recursos, respaldo institucional y autonomía suficiente para explorar con honestidad incluso aquello que incomoda. Si el sistema persigue instalar realmente una cultura de mejora continua, entonces las unidades de estudios no son accesorias. Por el contrario, son imprescindibles. No naveguemos sin brújula.
