La reciente promulgación de la ley de delitos económicos en Chile ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de que las empresas, independientemente de su tamaño o naturaleza, adopten modelos de gestión de la información robustos y transparentes. Esta legislación, aunque necesaria, plantea desafíos significativos para las empresas, quienes ahora enfrentan una mayor responsabilidad en garantizar que sus operaciones sean transparentes y estén libres de malas prácticas.
La transparencia no es solo una palabra de moda; es un pilar fundamental para construir confianza con clientes, inversionistas y la sociedad en general. Las empresas que no se adapten a esta nueva realidad, especialmente aquellas que no han perfeccionado sus sistemas de información, corren el riesgo de enfrentar sanciones legales, daños a su reputación y pérdida de confianza del público.
Sin embargo, más allá de los desafíos, esta ley ofrece una oportunidad para que las empresas revisen y fortalezcan sus procesos internos, promuevan una cultura de integridad y se posicionen como líderes en ética y transparencia. Es una llamada a la acción para que los líderes empresariales no solo cumplan con la letra de la ley, sino que también abracen su espíritu.
La esperanza radica en que esta legislación no sea vista simplemente como un conjunto de reglas a seguir, sino como un catalizador para un cambio positivo en el mundo empresarial chileno. La necesidad de que esta ley se haga regir por completo es imperativa, no sólo para satisfacer las intenciones regulatorias, sino para asegurar que las malas prácticas empresariales sean cosa del pasado.
Hago un llamado a todas las empresas a ver esta ley no como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar, innovar y, sobre todo, para construir un futuro empresarial más ético y transparente para Chile.
Por Mario Morales Parragué, Académico y Socio en Nest Consultores