Nadie puede negar que nuestro país se está sufriendo un grave deterioro en los parámetros de percepción de la justicia y especialmente de prevención del delito. Una persona enciende la radio o el televisor con el objeto de informarse sobre quehacer nacional, pero de inmediato es bombardeada con noticias sobre robos, portonazos, asaltos en todas sus formas y el concepto de “puerta giratoria” se ha transformado de uso popular y de crítica popular.
Con esta frase, el público se refiere a que los delincuentes por un lado de la puerta ingresan a la cárcel y por el otro, salen de inmediato en libertad y a las pocas horas están delinquiendo de nuevo, provocando un evidente estado de impunidad, culpando de ello al poder judicial y a los defensores públicos.
Al respecto es necesario precisar que toda persona que ha cometido y ha sido imputado por algún crimen, simple delito o falta, tiene derecho a que el Estado ponga a su disposición un Defensor Penal Público. Este servicio se entrega desde la primera audiencia y mientras dure el proceso e incluso, en ocasiones hasta el cumplimiento total de la condena en caso de que un tribunal determine su culpabilidad.
A través de los defensores penales públicos, el Estado garantiza el derecho de toda persona a contar con un abogado que le represente ante los juzgados o tribunales penales del país. La Defensoría Penal Pública está disponible durante todo el año y siempre que el Ministerio Público o Fiscalía impute un delito a una persona, habrá un Defensor Público al lado del imputado, prestos a proteger y velar por el respeto de sus derechos.
Los servicios de los Defensores Penales Públicos son gratuitos si las personas no cuentan con recursos para financiarlos. Sin embargo, si la persona cuenta con recursos, se realizará un análisis socioeconómico que determine la parte de los honorarios que el imputado deberá pagar, o si éstos serán gratuitos.
Es importante mencionar que los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años no pagan la defensa recibida por un Defensor Penal Público, independientemente de la situación económica de sus padres o sostenedores.
La Defensoría Penal Pública fue creada por la Ley N° 19.718, publicada en el diario oficial de 10 de Marzo de 2001 y cuenta con una dotación de personal de cercana a las 600 personas, de las cuales aproximadamente 145 son abogados Defensores Penales Públicos, de la planta de la institución y más de 300 abogados privados con los que la institución mantiene contratos a través de licitaciones públicas.
En el sistema de licitaciones públicas, se ofrece un número de causas que deben ser asumidas en un plazo determinado por el abogado ganador de la licitación y juntamente con los Defensores Públicos defenderán un siembre creciente número de personas requirentes de sus servicios.
Es así como ambas clases de defensores, de la planta de la Defensoría Penal Pública y los Defensores Licitados, se comprometen a representar judicial y extrajudicialmente a sus defendidos en todas las actuaciones y audiencias, hasta la completa ejecución de la sentencia, a realizar visitas a la cárcel para entrevistarse y mantener informados a sus defendidos, a efectuar y solicitar diligencias pertinentes a la defensa, a solicitar las pericias que se requieran y atender a los familiares para los fines de la defensa.
Los Defensores, además de la realización de su ardua actuación profesional, deben destinar gran parte de su tiempo, de suyo escaso, en materializar informes y estadísticas a las autoridades administrativas del nivel regional, quienes permanentemente controlan y guían el trabajo de los Defensores.
Bajo el lema “sin defensa no hay justicia”, los Defensores Penales Públicos y los Licitados, deben realizar un arduo trabajo, que la mayoría de las veces es incomprendido, pues deben trabajar porque a los imputados se les respete el principio que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y que durante la secuela del juicio se respeten las normas del debido proceso, que fácilmente pueden vulnerarse por los intervinientes y fundamentalmente, deben lidiar para que a los imputados se les impongan penas justas conforme a derecho y no penas producto de la presión de la prensa y de las masas vociferantes.
