21 de Octubre del 2026.- Una familia puede perder su casa, sus animales, las herramientas con las que trabaja, perder todo lo construido durante años y en el peor escenario, alguien puede perder la vida.
El problema es que Chile se está preparando para una temporada especialmente compleja justo en plena discusión de cuánto estamos dispuestos a invertir como país para evitar que eso ocurra.
Y aunque parezca contradictorio, parte del riesgo del próximo verano se está construyendo con las lluvias de esta primavera. Más lluvia significa más crecimiento de pastos y vegetación.
Cuando lleguen semanas de calor y sequedad, parte de ese material se transformará en combustible. La Organización Meteorológica Mundial proyecta además que El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte y se mantendrá hasta entrado 2027. Por su intensidad extraordinaria le pusieron “Super Niño” o “Niño Godzilla”.
Y no hace falta imaginar demasiado para entender cómo se encadenan los riesgos. El 8 de octubre un aluvión bajó por quebrada Honda, en San Carlos de Apoquindo. Meses antes, prácticamente toda esa misma cuenca había sido afectada por un incendio forestal.
Una emergencia puede empezar a construirse mucho antes de que veamos barro bajando por una quebrada o llamas acercándose a una casa. De eso se trata la reducción del riesgo de desastres, o dicho en chileno, hacer la pega antes de que quede la escoba.
Es conocer dónde están los peligros, qué sectores pueden inundarse o quemarse, por dónde evacuar, cómo avisar a las familias y qué instituciones deben actuar. Eso lleva tiempo.
Porque cuando el incendio ya está al lado de una casa, gran parte de la prevención llegó tarde. Y ahí tenemos un problema enorme.
Según información de SENAPRED actualizada a fines de julio, 126 de las 345 comunas del país todavía no contaban con un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres con decreto alcaldicio.
En la Región de Los Lagos son 30 comunas en total, de ellas sólo 7 tenían completamente formalizada una de las principales herramientas para identificar riesgos y preparar el territorio antes de una emergencia. Las restantes estaban en distintas fases, pero aún no aprobadas.
Estos planes no son papeles para guardar en una carpeta y existe un programa de SENAPRED que justamente financia su elaboración o actualización e incluso permite contratar profesionales o técnicos para ayudar a los municipios a hacer esta pega.
Prevenir, además cuesta mucho menos que reconstruir. Naciones Unidas estima que por cada dólar invertido en reducción y prevención del riesgo se pueden ahorrar hasta 15 dólares en recuperación después de un desastre.
Y una tragedia tampoco golpea igual a todas las familias. Quien tiene buenos ingresos, ahorros, seguro o acceso a crédito probablemente tendrá más herramientas para empezar de nuevo. Para una familia vulnerable de población, o más aún, del campo, perder la casa, animales, cosechas o herramientas puede también significar, perder la forma de parar la olla.
La evidencia muestra que los hogares con menos recursos suelen tener menos capacidad para recuperarse y pueden terminar endeudándose o vendiendo los pocos bienes productivos que les quedan.
El incendio puede durar horas, sus consecuencias pueden durar años. Por eso cuesta mirar como una simple cifra lo que está ocurriendo con el presupuesto destinado justamente a prevenir.
La Ley de Presupuestos 2026 aprobó $842 millones para el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres. Para 2027 se proponen $584 millones. La diferencia es de casi $258 millones, una caída nominal de 30,6%.
Durante 2026, además, ya se habían retirado más de $274 millones de esa misma asignación. Es decir, en vez de recuperar ese nivel de recursos para el próximo año, la propuesta prácticamente dice, hicimos bien en recortarlo.
Los funcionarios de SENAPRED advierten además brechas de dotación, turnos, prevención, infraestructura, capacitación y capacidad operativa. Para 2027, el proyecto mantiene una dotación máxima de 532 funcionarios, sin aumento respecto de 2026, mientras ANFUSENAPRED estima preliminarmente que el servicio requeriría alrededor de 750 personas para cerrar brechas en las Unidades de Alerta Temprana, direcciones regionales y equipos técnicos. Es decir, 218 funcionarios más que el máximo actualmente autorizado, cifra que la propia asociación plantea someter a validación mediante un estudio técnico.
Su propuesta para 2027 también pide recuperar recursos del Programa GRD, fortalecer horas extraordinarias y cubrir vacantes existentes. Y esto no lo dicen solamente los trabajadores.
Durante la discusión presupuestaria de este año, la Contralora Dorothy Pérez calificó a SENAPRED como una institución “extremadamente precaria” y advirtió que su bajo nivel de recursos representa un riesgo significativo para el país.
El 14 de octubre, ANFUSENAPRED llevó estas demandas directamente hasta la Subsecretaría del Interior. Su Presidente Nacional, Marcos Dinamarca me confirmó que pidieron reponer en el Presupuesto 2027 los recursos retirados este año. La respuesta fue negativa. La única apertura planteada fue revisar eventuales reasignaciones una vez aprobado el presupuesto.
Pero reasignar no es fortalecer. Si se mueve la misma plata de un problema a otro, lo único que cambia es dónde queda la desprotección. Desvestir un santo para vestir a otro.
Los desastres pueden ocurrir en un día, pero las condiciones que terminan convirtiéndolos en tragedia muchas veces se construyen meses o años antes.
Si hoy reducimos capacidades y mañana una emergencia encuentra municipios sin suficiente preparación, funcionarios sobrecargados y menos herramientas para anticiparse, ¿quién responde después?, y en el peor escenario, ¿quién pone los muertos?
La prevención casi nunca da titulares cuando funciona. Cuando falla, los titulares suelen venir acompañados de casas destruidas, familias damnificadas y nombres de personas que perdieron la vida.
Por eso hay que prevenir ahora, con recursos y tiempo suficiente. Antes de contar a nuestros muertos.
Diego Chaipul Acum – Periodista Diplomado en – Gestión del Riesgo de Desastres
