12 de Octubre del 2026.- La necesidad de superar el trabajo fragmentado entre las instituciones públicas y avanzar hacia un uso coordinado de los datos para enfrentar delitos cada vez más sofisticados fue uno de los principales temas abordados en el seminario “El Estado Ciego 2026: Datos, Crimen Organizado y Confianza Pública”, organizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
Durante el encuentro se planteó la importancia de contar con una arquitectura pública que permita cruzar, analizar y utilizar información de manera oportuna, con reglas claras, trazabilidad, accesos diferenciados y protección de derechos. El objetivo es pasar de instituciones que operan de manera aislada a una mayor capacidad de coordinación frente a las economías ilícitas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que esta falta de coordinación representa una oportunidad para el crimen organizado. “Cuando no hay coordinación entre las distintas instituciones que manejan la información estamos dejando un importante espacio para que el crimen organizado abuse de esa posición. Si el Estado no ve, no es por falta de datos sino porque esa información se encuentra dispersa entre distintas instituciones que no dialogan entre sí, y que operan con estándares distintos y con sistemas tecnológicos que son incompatibles entre sí, careciendo de reglas sobre cómo y cuándo compartirlas”.
El ministro agregó que la Ley de Datos Personales, que entra en vigencia en diciembre; la Ley de Ciberseguridad y la modificación a la Ley de Notarios, que contempla el manejo de información en línea, apuntarán a mejorar la coordinación en materia de datos e información financiera, inmobiliaria, de vehículos y sociedades.
Rabat también abordó la propuesta de crear una Agencia de Decomiso, señalando que actualmente existen aproximadamente 250 bienes raíces decomisados que aún no han podido ser rematados. La iniciativa busca que una institución especializada administre estos bienes desde la medida cautelar y pueda enajenarlos una vez dictada la sentencia de comiso, destinando los recursos a infraestructura y tecnología policial y a un fondo de reparación para víctimas.
Desde el sector privado, la Country Manager de ALTO Chile, María de los Ángeles Kassis, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada. “El Estado deja de ser ciego cuando mira con los ojos del mundo privado y del público. En ALTO hemos visto el éxito de casos penales donde conseguimos condenas ejemplificadoras y también las dificultades y la pérdida de tiempo en los procesos investigativos, cuando las instituciones no están interconectadas”.
Kassis agregó que “es importante considerar al mundo privado en las mesas de trabajo al momento de pensar en normativas. En ALTO hemos visto en la práctica cuando las cosas son pensadas y hechas más allá de la teoría, y cuando en terreno funcionan y cuando no. El Estado no puede combatir solo el crimen organizado: necesita al sector privado”, además destacó que ALTO registra “un 300% de mayor efectividad en casos de imputados conocidos trabajando en conjunto con el Ministerio Público y policías”, y agregó que “el objetivo del sector público y el privado debe ser el mismo: mejorar la seguridad de Chile”.
En tanto, la decana de la Escuela de Gobierno de la UAI, María José Naudón, señaló que los desafíos actuales requieren mayor integración y colaboración público-privada, resguardando los datos y derechos, pero evitando que las regulaciones paralicen el intercambio de información.
Datos unificados para combatir economías ilícitas
En el primer panel, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; la subdirectora jurídica del Servicio de Impuestos Internos, Bárbara Olivares; y la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Cecilia Valdés, analizaron las dificultades para utilizar información de manera oportuna.
Bellolio destacó la experiencia de Providencia con más de 1.000 cámaras de televigilancia y sostuvo que “para combatir la delincuencia en igualdad de condiciones, se requiere unificación de criterios, colaboración institucional y voluntad política”. Olivares explicó que parte de la información tributaria llega con desfase, aunque la facturación electrónica ha permitido avanzar hacia una mayor simultaneidad. Valdés, en tanto, planteó que el desafío actual no es necesariamente la falta de información, sino su gestión y coordinación para evitar que las fiscalizaciones y respuestas lleguen tarde.
El segundo panel, integrado por el exministro y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, abordó la prevención mediante el uso de datos, la seguridad privada y las nuevas regulaciones. Piña destacó que la experiencia del sector privado puede contribuir a una mayor integración entre las instituciones encargadas de la seguridad.
