29 de Septiembre del 2026.- Los recientes casos de fraude vinculados al sistema de licencias médicas han vuelto a poner el foco sobre uno de los problemas que enfrenta Chile en materia de control del gasto en salud. En septiembre, una investigación de la Fiscalía Oriente terminó con 17 personas condenadas por una organización que, según el Ministerio Público, generó un perjuicio superior a $48 mil millones a Fonasa mediante la emisión de licencias médicas falsas.
A esto se suma que, un año después de una investigación de Contraloría que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con recursos públicos que habrían incumplido sus períodos de reposo viajando fuera del país, la emisión de licencias médicas registró una caída cercana al 20% en los 12 meses posteriores a la denuncia. Entre mayo de 2025 y abril de 2026 se emitieron 6,77 millones de licencias electrónicas, casi 1,6 millones menos que en igual período anterior.
En este contexto, la Décimo Séptima Encuesta Nacional de Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, realizada junto a Ipsos, incorporó este año un capítulo específico sobre la percepción ciudadana respecto del uso y eventual abuso de las licencias médicas. El estudio consideró a 1.200 personas mayores de 18 años de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío, mediante entrevistas online y presenciales realizadas entre el 8 de julio y el 10 de agosto de 2026.
Persiste la percepción de facilidad, aunque disminuye respecto de 2024
Uno de los principales resultados es que 47% de los encuestados considera que es fácil o muy fácil comprar una licencia médica directamente con médicos que se dedican a ello. El mismo porcentaje considera fácil o muy fácil adquirirla a través de una página de internet o conseguir una licencia que no se justifica por razones de salud con un médico amigo. A su vez, 37% estima que es fácil o muy fácil obtenerla en una consulta médica o centro de salud sin estar enfermo.
Para el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Héctor Sánchez, la disminución observada en el uso de licencias médicas refleja el impacto que han tenido las investigaciones de Contraloría y del Ministerio Público, aunque advierte que esta tendencia podría no consolidarse. A su juicio, también persiste la percepción de que existen espacios para el mal uso y que estas conductas mantienen cierto nivel de aceptación social. Por eso, plantea que “no basta con fiscalizar y sancionar, sino que es necesario intervenir los incentivos del sistema, fortalecer los mecanismos de control y avanzar en una regulación más efectiva del otorgamiento de licencias médicas”.
Aunque se trata de percepciones y no de una medición directa del fraude, la encuesta evidencia una mejora respecto de 2024: la percepción de facilidad disminuyó en todos los mecanismos consultados. La caída fue de 10 puntos porcentuales para la compra por internet, de 9 puntos para conseguir una licencia injustificada con un médico amigo, de 7 puntos para comprarla directamente con médicos que se dedican a ello y de 6 puntos para obtenerla en una consulta sin estar enfermo.
También disminuyó el porcentaje de personas que declara conocer a alguien que, sin estar enfermo, se consiguió o compró una licencia médica para ausentarse del trabajo. En 2024, 51% señaló conocer a alguien que lo había hecho; en 2026, esa proporción llegó a 37%. La principal variación se observa entre quienes dijeron conocer a alguien que había comprado una licencia, cifra que cayó de 34% a 20%.
La encuesta muestra, además, un cambio en la valoración social de estas conductas. Mientras 33% considera que comprar o conseguir una licencia médica es un delito que debe ser castigado, la misma proporción se mantiene respecto de 2024. En cambio, bajó de 43% a 30% el grupo que considera que puede ser aceptable en determinadas situaciones, como el cuidado de seres queridos, y aumentó de 22% a 28% quienes lo califican como inaceptable, aunque no delito.
Para Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, los resultados muestran que todavía existe margen para reducir el uso injustificado de licencias y, con ello, liberar recursos para otras necesidades del sistema de salud. “Aún existe espacio para seguir reduciendo este gasto y redestinándolo, por ejemplo, a disminuir las listas de espera o mejorar la atención”, señala.
Fiscalización y gasto: el desafío pendiente
Pese a estas señales de avance, la percepción sobre la fiscalización todavía aparece dividida. Solo 33% evalúa con notas 4 o 5 la efectividad de las fiscalizaciones sobre las licencias médicas, mientras 32% las califica con notas 1 o 2 y 28% entrega una evaluación intermedia.
Los datos de la encuesta muestran que existe espacio para seguir reduciendo las conductas irregulares y contener el gasto asociado a licencias médicas que no corresponden. En efecto, la Superintendencia de Seguridad Social informó que entre 2024 y 2025 la emisión de licencias cayó 12,9%, más de un millón de licencias, con una reducción estimada del gasto en subsidios por incapacidad laboral de $586.938 millones. Además, ha estimado que una nueva disminución durante 2026 podría traducirse en ahorros de hasta US$600 millones.
En este escenario, los académicos coinciden en que la reducción del uso irregular requiere no solo mantener la fiscalización, sino también avanzar en cambios que reduzcan los incentivos al mal uso y fortalezcan los mecanismos de control del sistema.
