25 de Agosto del 2026.- El estudio de TECHO-Chile sobre trayectorias habitacionales de familias desalojadas en la pone nombre y cuerpo a esa realidad. Lo que ocurre después de un desalojo suele quedar fuera de la foto. Vemos el operativo, la maquinaria, los cierres perimetrales, la recuperación del terreno y, con algo de suerte, alguna vocería pública explicando que se cumplió una orden. Pero la pregunta verdaderamente importante comienza después ¿dónde durmió esa familia esa noche?, ¿en qué comuna quedó?, ¿qué pasó con sus hijos?, ¿pudo seguir trabajando?, ¿mantuvo su colegio, su consultorio, su red de apoyo?
El problema no es menor. Un desalojo puede restituir jurídicamente un terreno, pero no garantiza por sí mismo una solución habitacional. Esa es la diferencia entre administrar un conflicto de propiedad y gobernar un problema social. Lo primero puede resolverse con una orden, una fecha y un operativo. Lo segundo exige saber qué ocurrirá con las familias al día siguiente.
El campamento suele mirarse desde afuera como una anomalía. Y lo es, por cierto, en términos urbanos, sanitarios y legales. Pero para muchas familias no fue el inicio de la precariedad, sino una respuesta precaria a una historia anterior de arriendos imposibles, allegamiento, hacinamiento, pérdida de ingresos o falta de redes. Muchas no llegaron allí porque confundieran informalidad con bienestar, sino porque el mercado formal ya las había expulsado antes.
Esa distinción importa. Porque cuando el Estado actúa como si el campamento fuera la causa del problema, corre el riesgo de destruir el síntoma sin hacerse cargo de la enfermedad. Se despeja el terreno, pero la necesidad habitacional sigue caminando por la ciudad. A veces vuelve a otro campamento. A veces se transforma en arriendo sin contrato. A veces termina en allegamiento. A veces rompe familias.
Por eso un plan previo al desalojo no puede reducirse a una coordinación logística. No basta saber cuántos funcionarios irán, qué maquinaria se usará o cómo se evitará una nueva ocupación del terreno. Antes de desalojar, el Estado debería conocer a las familias, su composición, sus ingresos, sus redes, los colegios de los niños, los lugares de trabajo, las situaciones de cuidado, la existencia de personas mayores, enfermas o con discapacidad, y la posibilidad real de acceder a una vivienda transitoria.
No se trata de impedir que se cumpla la ley. Se trata de evitar que el cumplimiento de la ley produzca una nueva emergencia.
La política pública necesita distinguir entre sacar a alguien de un lugar y ofrecerle un destino. Un plan serio debería tener, antes del operativo, alternativas habitacionales identificadas, financiamiento suficiente, acompañamiento social efectivo, coordinación entre municipio, Serviu, tribunales y servicios sociales, y una estrategia para que las familias no pierdan de golpe los soportes cotidianos que hacen posible su vida. Porque la vivienda no es solo techo. Es también escuela, trabajo, transporte, cuidado, barrio y comunidad.
Ese punto suele perderse. Una familia no vive solamente dentro de una casa. Vive en una red. La madre que deja a sus hijos en el colegio antes de ir a trabajar. El adulto mayor que se atiende en un consultorio cercano. La vecina que cuida a un niño cuando el turno se alarga. El trabajador informal que depende de estar cerca de sus clientes. La familia migrante que, sin parientes en Chile, encuentra en el barrio su única forma de apoyo. Cuando un desalojo rompe esas redes, no solo cambia una dirección. Cambia la arquitectura completa de la sobrevivencia.
El estudio muestra algo especialmente duro: muchas familias intentan quedarse cerca, incluso cuando eso significa aceptar peores condiciones habitacionales. No es irracionalidad. Es arraigo. Es la comprensión práctica de que perder la comuna puede ser también perder el colegio, el trabajo, la ayuda familiar, la ruta diaria y la posibilidad mínima de sostenerse. Para quien mira desde una planilla, mudarse puede parecer una solución. Para quien vive con ingresos frágiles, mudarse lejos puede ser el comienzo de otra caída.
Ahí aparece una falla mayor. Los instrumentos transitorios, como los apoyos para arriendo, pueden ser necesarios, pero no siempre son suficientes. Si el monto no alcanza para el mercado real, si los arrendadores no aceptan el beneficio, si no hay viviendas disponibles en la comuna o si la familia debe separarse para poder postular, entonces la solución existe en el papel, pero no en la vida concreta. Y una política que solo funciona en el formulario termina dejando a las familias donde mismo: en la incertidumbre.
Chile tiene que abandonar una comodidad peligrosa: creer que el problema termina cuando el campamento desaparece del mapa. A veces, precisamente ahí comienza una trayectoria más invisible y difícil de seguir. Ya no hay una comunidad concentrada, ya no hay una ocupación que incomode, ya no hay una imagen evidente del déficit. Hay familias dispersas, endeudadas, allegadas, arrendando sin contrato o buscando otro terreno donde partir de nuevo.
La pregunta de fondo no es si deben existir desalojos. Habrá casos en que el Estado deberá actuar, especialmente cuando hay riesgos, conflictos judiciales o terrenos que no pueden consolidarse. La pregunta es otra: si Chile va a seguir desalojando como si moviera objetos o si va a construir una política capaz de mirar trayectorias humanas.
Porque un país no resuelve su crisis habitacional recuperando terrenos mientras multiplica destinos inciertos. La resuelve cuando es capaz de ordenar el territorio sin abandonar a quienes ya fueron abandonados por el mercado, por la planificación urbana y por años de respuestas insuficientes.
Desalojar sin destino no es una solución. Es apenas una forma más prolija de desplazar el problema
