Para quienes optamos por el servicio público, una de las primeras lecciones que aprendemos es que los recursos del Estado pertenecen a las personas y no a las autoridades de turno. Al ser limitados, deben cuidarse y maximizarse siempre. En este sentido, ocupar un cargo de autoridad responde a un deber ineludible con la comunidad, no a la administración de un feudo privado donde se toman decisiones sin fiscalización ni contrapesos. Sin embargo, todo lo anterior parece haber sido olvidado por la principal autoridad de la comuna de Osorno: el alcalde.
Para entender lo anterior solo basta remontarnos unos días atrás, cuando la concejala Natali Guissen, en pleno uso de sus facultades de fiscalización, solicitó al alcalde Bertín la entrega de documentación de la programación que la Corporación Cultural tenía preparada para el segundo semestre (esto entre otros temas pertinentes), cuya respuesta fue una hostil reacción del alcalde que inmediatamente exigió conocer las razones de la solicitud, en un tono que distó de reflejar un interés genuino. Estas obstaculizaciones a la labor de los concejales no quedan ahí, pues además se suman las discusiones con los concejales Buschmann, quien meses atrás no mostró acuerdo por el uso de recursos SEP, o Arredondo, que tras consultas de la comunidad pidió informaciones por la puesta en funcionamiento de la oficina indígena, que el alcalde de forma tajante acusó ser un tema propio del municipio, negándose a entregar fechas claras o respuestas satisfactorias para el concejo.
Decirle e un concejal que “no se meta en la administración”, es faltar al respeto a los miles de osorninos que le mandataron a cumplir su rol fiscalizador, es construir un municipio que se niega a ser vigilado e implementar una gobernanza a puertas cerradas que, poco a poco, se transforma en un camino conveniente para el uso inadecuado de recursos que son de todos.
Administrar bien lo público requiere madurez para aceptar críticas y entender que el poder tiene límites. Cuando un alcalde ve preguntas legítimas como ataques personales y rechaza el diálogo con quienes tienen el deber de supervigilar su gestión rompe los principios más básicos de quienes trabajamos en el Estado, pues comienza a ver los recursos como propios, sin contrapesos que cuestionen sus acciones y abriendo paso a una administración que vela por sus intereses particulares, y no los de la comunidad que la eligió.
Juanclaudio García Presidente Juventud Renovación Nacional distrito 25
