04 de Septiembre del 2025.- Miro su reloj y como todos los días se presentó nuevamente a trabajar. Le encantaba saber que era puntual. Que venía correctamente vestido. Limpio. Bien peinado. Pulcro, con sus zapatillas bien cuidadas, al igual que sus manos, suaves. Él trabajaba en lo que había estudiado. Lo que tanto le había costado. Era su triunfo. “El niño tendrá cierta dificultad señora” le escucho decir al neuropediatra en la consulta cuando fue diagnosticado TEA. Y ahora llenando sus pulmones de aire estuvo a punto de soltar una carcajada; el neuropediatra, el pediatra y el psicólogo, es más, el hospital entero y todos sus datos estaban bajo su teclado. No era así, pero le gustaba pensarlo… Volvió a reír con esa cara de niño simple, sencillo, dulce. Su pelo claro le daban un aire de cierta ternura, dirán algunos. Estaba feliz con su trabajo, muy feliz si no fuera por… apretó los dientes, sus ojos se nublaron con lágrimas que logro contener. Se le secó la boca, Tiró de su pantalón tratando de deshacer con ello el nudo de angustia y pánico que apretaba su estómago. La jauría. La jauría. Golpeo el costado de su cabeza con la palma de la mano tratando de ahuyentar con ello el miedo, el dolor, la vergüenza. La jauría. Cruzo la puerta y se ubicó en su estación de trabajo. No lo vio venir. Recibió un “Cahamal” violento, artero. Había aprendido a que si se ríe a veces le pegan menos. Otro día de trabajo para él en el hospital Base de Osorno.
A.F.G.H es miembro de una conocida familia osornina, con un impresionante nivel de contactos, entre los que se incluyen periodistas, funcionario de los dos últimos gobiernos, al igual que una parte de la sociedad local “de bien”; fue sometido a una serie de vejámenes y torturas entre el año 2018 y el 2020 mientras se desempañaba en Hospital Base de Osorno.
Su caso reventó el día lunes a través de las redes sociales y hoy es el comentario obligado de los medios de comunicación, de las mismas redes y por supuesto de los funcionarios del hospital base de Osorno. Pero ¿cuál fue su delito? Todo apunta a una discriminación a la inversa. Su pelo claro, su porte distinguido, su modo particular de hablar, su lenguaje. El líder de la Jauría (Juria : manada de perros) había determinado que él no pertenecía a la clase trabajadora. Es más, estaba robando el lugar de trabajo de otros. “Que se vaya”.
Periodísticamente hablando el lunes 01 de septiembre se conoció su caso en las redes sociales por una denuncia anónima publicada por la cuenta en Instagram
CONTRAINFORMA que publicó un video con imágenes impactantes. Rápidamente se encendieron las alarmas y la masificación de la información no solo entrego los datos de los involucrados directamente, sino que obligo al Servicio de Salud, al Hospital Base de Osorno, a la fiscal María Angélica de Miguel, a la Contraloría y al Ministerio de Salud a pronunciarse sobre el caso. Según informó de manera oficial el Hospital Base y el Servicio de Salud de Osorno, en un punto de prensa el mediodía del miércoles 03 de septiembre, el caso estaba ya en conocimiento de las actuales autoridades de Salud desde el 2024 instruyéndose un sumario que actualmente estaría en la etapa de impugnación, derecho que asiste a los funcionarios sancionados para presentar sus descargos por lo que la autoridad no puede “entregar información” ni detalle de las sanciones.
Al respecto llama la atención una serie de situaciones en torno a este caso como el hecho de que los ejecutores sigan en funciones por actos calificados de Tortura y Crueldad por parte de la propia fiscal María Angélica de Miguel. Ya que en el desarrollo de una actividad sumarial se pueden adoptar medidas cautelares, como la suspensión provisional del funcionario o la retención de su salario, para resguardar la investigación. Sin embargo “alguien” considero que “aquello” no era necesario y solo habrían sido trasladados de dependencias. La primera investigación sumaria realizada a los victimarios de este hecho y ante las denuncias recibida por el joven del video no provoco sanciones de ningún tipo.
Según las autoridades presentes en el punto de prensa, los directivos de la época no habrían actuado de acorde a la responsabilidad que les compete. En cambio ellos si habrían decidido reabrir el caso. Lo que no dijeron fue que la reapertura del caso se debió a una segunda denuncia que involucraba a los mismos actores pero esta vez contra una funcionaria. Pero lo peor estaba por venir. 18 de junio del 2023 al interior del Hospital Base San José una Tens de 34 años se suicidó en dependencias del recinto.
El 23 del mismo mes de forma pública se informó del inicio un sumario para determinar responsabilidades, existiendo, previamente, antecedentes de malos tratos a funcionarios en la unidad de emergencia. A dos años del hecho jamás se informó el resultado del Sumario.
Incluso inicialmente en el punto de prensa y pese al compromiso previo, ante los medios de comunicación, de actuar con transparencia el directivo del hospital base inicialmente no recordaba este hecho, ni el sumario, debiendo reconocer con ayuda memoria que la carpeta del sumario se había perdido. Allí la responsabilidad salto inmediatamente de las autoridades anteriores al equipo jurídico. Que también estaría siendo actualmente sumariado a través de un nuevo equipo sumarial.
Ósea un sumario para el sumario de los que hacen sumario. O algo Así.
A esa altura de transparencia quedaba muy poco.
La fiscal de Miguel deberá analizar los hechos según su propio compromiso, puesto que antecedentes existen para suponer la existencia no solo del delito de tortura, sino que también negligencia grave o dolo reiterado en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades pasadas y presentes, tanto del
SSO como del HBO, entre el 2018 al 2025; cotejando para ello las fechas de ingreso de denuncias y la entrega de antecedentes a fiscalía. Hecho que también le compete a la Contraloría y cuya observancia debiese ser interés del Gobierno, del Ministerio de Salud y de los parlamentarios.
Una consideración importante ambos sumarios (2022 y 2024) que evidencian la comisión clara de delitos de torturas, apremios, vejámenes reiterados y permanente en el tiempo, fueron puestos de forma oportuna, según el HBO Y
SSO en conocimiento y como denuncia al Ministerio Público para la investigación
Desformalizada que tanto fiscalía como PDI debieran mantener desde el 2024 como mínimo en proceso.
Un hecho que se contradice con las declaraciones de la propia fiscal quien señala “que a raíz de diversos videos se ha iniciado una investigación de oficio y se ha instruido a la PDI la investigación del caso”. Quedando en el aire la pregunta: ¿Quién ocultó los videos al ministerio público durante todo este tiempo?
Los hechos, en toda su extensión, revisten una gravedad que no se dimensiona y que debemos como medio de comunicación tratar de graficar para la comunidad toda incluso por sobre quienes argumentan falsamente el uso del silencio como herramienta para evitar la revictimización cuando el hecho en sí esta revictimizando a un número importante de ciudadanos.
Para graficar el punto esta tarde pasada la 20:30 horas recibimos una llamada telefónica. Al otro de lado de la línea un silencio seguido de un sollozo: “Vi las imágenes” balbuceo un hombre mayor intentando hablar. Lo escuchamos con respeto. El hombres sollozo pausadamente y agrego: “Díganle al joven que lo siento… Yo también fui torturado” y su voz se quebró con un llanto amargo y no quiso ser consolado.
