02 de Enero del 2025. Tras la decisión de la comisión de Ética de sancionar con el 15% de su dieta a la diputada Ana María Gazmuri (AH) por no someterse al examen de drogas obligatorio que establece la Cámara Baja, lo que luego derivó en que reconociera públicamente que no sólo era consumidora habitual de marihuana, sino que también había usado hongos psilocibios, los integrantes de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, solicitaron tramitar con la mayor urgencia distintos proyectos de ley que han presentado, entre ellos una reforma constitucional ingresada en 2021 que obliga a cesar del cargo a todas las autoridades que consuman algún tipo de sustancia que sea ilícita.
Al respecto, ambos parlamentarios no sólo cuestionaron a Gazmuri por no realizarse el test de drogas, sino que además calificaron como “inaceptable” e “inapropiado” que la parlamentaria haya reconocido el consumo de otro tipo de sustancias y que no exista una sanción más allá de la multa.
Por lo mismo, Coloma y Fuenzalida recordaron que a mediados de 2021 presentaron una reforma constitucional para que todas las autoridades electas democráticamente -Presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales-, además de los miembros del Poder Judicial, tengan que dejar inmediatamente el cargo si durante su mandato se confirma o detecta que son consumidores o mantienen algún tipo de vínculo con el narcotráfico.
“Es absolutamente inentendible que autoridades como la diputada Gazmuri puedan reconocer públicamente que son consumidoras de dos tipos de drogas y sólo reciban como sanción una multa económica. Aquí evidentemente existe un vacío legal que requiere ser subsanado, porque de lo contrario la única sensación que quedará entre los chilenos es la completa impunidad por parte de una autoridad, que incluso se puede dar el lujo de legislar sobre una materia donde evidentemente tiene un conflicto de interés. Por eso es que hace más de tres años presentamos esta reforma y hoy, a partir de este caso, esperamos que avance lo más rápido posible”, señalaron los legisladores UDI.
Pero además de lo anterior, los diputados Coloma y Fuenzalida también pidieron urgencia a otros dos proyectos que ingresaron el año pasado. Uno de ellos, para declarar el consumo como una conducta contraria a la probidad administrativa, y el otro para obligar a levantar el secreto bancario de todos los parlamentarios -como Gazmuri- que se nieguen a realizarse el examen de drogas obligatorio, como una forma de determinar si mantienen o no vínculoscon el mundo del narcotráfico.
“En medio de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo a raíz de la presencia de distintas organizaciones criminales y de narcotráfico, nuestro país no se puede dar el lujo de tener a autoridades que abiertamente se declaran consumidoras. Aquí tienen que existir sanciones ejemplares, porque si no atajamos el problema a tiempo el mayor temor es que estas bandas terminen permeando a la administración del Estado, tal como ya ocurre en otros países”, advirtieron.