09 de diciembre del 2024.- Esta semana vimos un despliegue evidente en esa línea. Se intentó instalar que quien denuncia corrupción es tan culpable como quien la comete. La red de Hermosilla operó creando una agenda que buscó equiparar al corrupto con quien lo deja en evidencia. Un debate peligroso que amenaza con abrir la puerta a ataques contra la libertad de prensa y la persecución de periodistas, fundamentales para la democracia.
Mientras aún la fiscalía no ha incautado los teléfonos de Andrés Chadwick o Felipe Ward, imputados por delitos graves, solicitó la incautación del teléfono del abogado Enrique Aldunate, bajo el argumento de que iba a filtrar chats vinculados a Hermosilla. Esta medida se basó en una denuncia de una abogada con estrechos vínculos al Partido Republicano. Si bien esto no implica que el partido esté detrás de la denuncia, su relación con ellos es un hecho irrefutable.
Para no dar excusas a Hermosilla y su banda, decidimos revocar el mandato judicial al abogado Aldunate. Nosotros jamás instruimos que filtrara, ni que se relacionara con la prensa, y actuar a nuestras espaldas dañó la confianza. Nosotros hemos sido muy responsables con el manejo de la información, evitando las filtraciones.
La ironía no se hizo esperar. La diligencia de incautación por una denuncia de filtración… se filtró a la prensa. Un periodista cercano a Hermosilla (que luego no firmó la nota) comenzó a contactar a diputados del PS. La Segunda y otros medios titularían la noticia “Caso Audios: Incautan teléfono de abogado de Manouchehri y Cicardini”, con una gran foto nuestra, buscando casi asociarnos con los imputados del Caso Hermosilla. Paralelamente, un ejército de bots inundó las redes sociales con mentiras y manipulaciones. Afortunadamente, la ciudadanía no es ingenua y reconoce estas tácticas.
Pero esto no quedó ahí. Ex-Ante, dirigido por Cristián Bofill, quien según señaló la propia fiscalía, mantenía una estrecha relación con Hermosilla, publicó dos notas cargadas de injurias, buscando desprestigiarnos. Verdaderas columnas de opinión disfrazadas de noticia. Entre sus afirmaciones, intentaron señalar que no tenía fundamentos el decir que la denunciante estaba vinculada con el Partido Republicano, ignorando su historial como asesora de diputados de ese partido, acreditado en informes del congreso, y su participación en videos públicos ligados a la fundación de ese partido.
Todo esto es parte de una estrategia mucho más amplia. Hermosilla está en prisión, pero su red sigue activa, operando con fuerza. Esta red, compuesta por fiscales, jueces, periodistas y políticos influyentes, busca protegerse a sí misma. Probablemente ya no les interesa Hermosilla, les importan ellos. Están intentando evitar que nuevas revelaciones los expongan o los impliquen directamente.
La abogada de derechos humanos Karinna Fernández explicó de forma contundente: “La criminalización de actores no estatales por las filtraciones puede dañar seriamente la libertad de expresión”. Y tiene razón. Las develaciones han sido clave para destapar redes de corrupción e irregularidades que, de otro modo, habrían quedado ocultas. Casos como Penta, SQM y ahora Hermosilla demuestran que, estas develaciones aunque incómodas, han sido esenciales para la transparencia .
Si concluimos que es igual de grave develar un acto de corrupción, con la corrupción misma, estamos a un paso de la persecución de periodistas y comunicadores. ¿Qué sucede si mañana, movidos por la agenda “anti filtraciones” se incautan teléfonos a periodistas o allanan medios de comunicación? Claramente estaríamos en una situación compleja.
Defender la libertad de prensa no significa justificar actos ilícitos. Significa entender que, en muchos casos, las filtraciones han sido la única vía para exponer la corrupción. Perseguir a quienes revelan información mientras los verdaderos corruptos siguen operando es un golpe directo a la democracia.
No podemos permitir que quienes denuncian sean tratados como delincuentes, mientras los responsables de los actos de corrupción se mantienen protegidos por redes de poder. Esto no se trata solo del caso Hermosilla. Se trata de defender la verdad, la transparencia y la confianza en nuestras instituciones.
La verdad siempre encuentra su camino. Y Chile no puede retroceder. La democracia no se protege desde el silencio, sino enfrentando a quienes la amenazan desde las sombras. Porque, al final, lo que está en juego no es un caso, sino el futuro de nuestra sociedad.
Columna escrita por diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, querellantes del caso Hermosilla, para Biobiochile.cl
