Una gran sorpresa se llevaron concejales de distintas comunas de la provincia de Llanquihue al no estar enterados que los alcaldes – en una carta firmada- a través de la Asociación de Municipalidades, presidida actualmente por el edil de Puerto Varas donde daba a conocer el compromiso de las 9 comunas que componen la zona el apoyo al proyecto del relleno sanitario La Laja como una responsabilidad compartida, es decir, término del contrato actual con la empresa privada y ponerlo en manos de la administración pública.
Bien se sabe que son tres los concejales de Puerto Varas que han rechazado esta propuesta, donde esperan una nueva licitación pública. Se trata del edil y presidente de la Comisión de Aseo y Ornato, Antonio Horn (RN), Marcelo Salazar (UDI) Y Juan Patricio Godoy (Ind).
Esta nueva problemática ha generado una nueva arista y es que en conversación con sus pares los concejales de la ciudad de las Rosas se han dado cuenta que en la gran mayoría de las comunas sus alcaldes no les han informado de esta carta y/o nueva propuesta a sus cuerpos colegiados.
Para el concejal de Puerto Varas, Antonio Horn, las votaciones del 06 y 13 de marzo, fueron concejos bastante difíciles por las presiones de distintos actores de la sociedad civil y política. “Fuimos, incluso a una visita a terreno para ver en terreno el trabajo de los inspectores, y no encontramos a nadie fiscalizando; un par de días después nos sorprende una carta del partido Comunista apoyando al alcalde Gárate, sus intereses y burlándose de quienes rechazamos”.
Horn prosiguió “Me preocupa lo difuso que ha sido esta materia y aquí finalmente quedan dos opciones que interpretar, o los alcaldes iban a tomarse atribuciones, pasar por encima de sus concejos comunales o si no, el alcalde Gárate como presidente de la Asociación no les explicó claramente cuáles serían sus compromisos patrimoniales al aceptar la Resolución de Calificación Ambiental”
Por su parte, el concejal, también de Puerto Varas, Marcelo Salazar reflexionó respecto de todo lo que ha pasado porque –dijo- “además del tema judicial, el término de contrato concluye de forma abrupta sin el conocimiento del Concejo Municipal. Puedo decir hoy, bajo mi responsabilidad que yo he hablado con más de una autoridad comunal y me dicen que no se sienten representados con el documento que se entregó en el Concejo, porque no habían sido bien informados del proceso como tal”. Salazar, por esta vez no quiso entregar nombres de los alcaldes que no apoyan esta polémica, pero aseguró que se otorgará todo en su momento.
En conversación el viernes 15 de marzo con el concejal de Frutillar Ramón Espinoza dijo ver con preocupación la querella presentada por el municipio de Puerto Varas, ya que estas irregularidades, se vienen registrando desde hace varios años y, “la decisión que está tomando la Asociación de Municipalidades es traspasar a la organización de un privado a los 9 municipios; si nosotros asumimos ese proyecto ahora vamos a tener un daño patrimonial muy complejo para nuestras familias”.
En tanto, la concejal de Llanquihue Evelyn Bintrup (UDI), señaló que el alcalde de su comuna, no ha planteado en ningún concejo esta situación, “eso es un tema muy grave porque están haciendo un traspaso de bienes hacia un municipio donde no se sabe cómo se va a trabajar; asumir acciones inadecuadas es un perjuicio a la comunidad en un 100%. Es un tema muy complejo porque las municipalidades están creadas sin fines de lucro, y aquí se están traspasando varios límites para quienes tomen esta decisión”.
Pero esto suma y sigue, ya que, el mismo concejal de Cochamó, Pablo Marín, dijo que “el presidente de la Asociación de Municipalidades quiera asumir una responsabilidad a través de esta misma organización, significa que va a involucrar recursos y patrimonios de Cochamó, el cual no supera los 3 mil millones de pesos y si hacemos el ejercicio de repartir esta deuda por cada comuna, no va alcanzar para dar prioridad a otros proyectos y necesidades sociales que se necesitan”.
Cabe señalar que la misiva concluye de manera textual: “la administración transitoria de la Asociación permitirá asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y convertir este desafío en una oportunidad para el bienestar de la comunidad y el futuro del Centro de Tratamientos Integral de residuos. Con esta acción buscamos responsabilidades compartidas, asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, proteger la salud pública y el medio ambiente”.
Lo anterior, es lo que cuestionan varias autoridades locales, entre alcaldes y concejales de la provincia de Llanquihue, quienes muchos de ellos no sabían o no se les informó el trasfondo de esta problemática que finalmente no solo perjudica el patrimonio de las comunas, sino que perjudica a toda la comunidad local.
