La situación de seguridad en el país ha alcanzado niveles alarmantes. Con 104 homicidios y 216 víctimas de bandas criminales registradas, junto con 32 secuestros, todo esto en menos de dos meses, la evidencia de una crisis criminal no puede ser ignorada. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido notable por su falta de urgencia y su intento de minimizar la gravedad de la situación.
La postura del gobierno, expresada en declaraciones como «los matinales solo muestran lo malo», revela una desconexión evidente con la realidad que enfrenta la población. No se trata simplemente de lo que se muestra en los medios; es una cuestión de hechos y estadísticas ineludibles. La sociedad chilena merece una respuesta más seria y proactiva ante un problema que afecta directamente la seguridad de sus ciudadanos.
La negación de que el territorio chileno esté tomado por el crimen organizado es un intento de desviar la atención de una verdad incómoda. La presencia de bandas internacionales, amenazas directas hacia el ministro de justicia y poblaciones que viven bajo el control de criminales son testimonios claros de una realidad que no puede ser ocultada con discursos vacíos. La negación solo perpetúa la vulnerabilidad de la sociedad ante un problema que requiere medidas contundentes.
El problema se agrava al considerar las debilidades evidentes en los puertos chilenos, que son explotadas por las bandas de delincuentes para facilitar su logística de envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos. La falta de seguridad en los puertos no solo afecta la reputación internacional de Chile, sino que también pone en riesgo la vida de los ciudadanos al permitir que las actividades criminales florezcan sin restricciones.
El gobierno espera que los medios se alineen con la postura gubernamental de restarle importancia. Este enfoque no solo es irresponsable, sino que también contribuye a la desinformación de la población. En tiempos de crisis, los medios tienen la responsabilidad de ser un contrapeso efectivo, cuestionando las acciones del gobierno y exigiendo respuestas concretas.
La seguridad de los ciudadanos no debería ser un tema que se minimice o se utilice para fines políticos. La urgencia de abordar la crisis de crimen organizado y homicidios debería prevalecer sobre las consideraciones políticas partidistas.
En lugar de buscar culpables o negar la realidad, es hora de que el gobierno y el oficialismo asuman la responsabilidad de enfrentar de frente esta crisis. Se requiere una estrategia integral que involucre a la sociedad en su conjunto, fortalezca las instituciones encargadas de mantener el orden y proporcione recursos adecuados para abordar las causas subyacentes de la criminalidad.
La situación actual en Chile exige un cambio de enfoque, Ignorar la realidad no hará que la crisis desaparezca; al contrario, solo perpetuará el sufrimiento de la población. La seguridad ciudadana debe convertirse en una prioridad innegociable y fuera de ideologías, y el papel de los medios debe ser el de informar de manera crítica y responsable.
Héctor Zuñiga G. – Consejero Evopoli Los Lagos.
