Urrutia y Bobadilla cuestionaron que sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos el encargado de acreditar si una persona sufrió alguna violación a sus DD.HH, asegurando que “es la justicia, y no un órgano político, el que debe determinar si existió o no una vulneración”.
A raíz del fondo de $52 mil millones aprobados en la Ley de Presupuestos 2021 para indemnizar a las eventuales víctimas de violaciones a los DD.HH. en el contexto de las violentas movilizaciones de 2019, un grupo de diputados de la UDI, liderados por Osvaldo Urrutia y Sergio Bobadilla, le solicitaron al Gobierno reasignar dichos recursos y destinarlos a compensar económicamente a los locatarios y comerciantes que sí fueron gravemente atacados durante el denominado “estallido social”.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas cuestionaron que el único requisito para que una persona acceda a una indemnización sea que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acredite que sufrió alguna lesión a partir del 18 de octubre de 2019, señalando que “se ignora un principio básico y se trasgrede el accionar de los tribunales de justicia, porque son ellos y no el INDH los encargados de determinar si una persona sufrió alguna violación a sus derechos humanos”.
Por lo mismo, y considerando que a la fecha dicho presupuesto se mantiene intacto, Urrutia y Bobadilla aseguraron que “le hemos solicitado al Gobierno que reasigne esos recursos y los destine a las verdaderas víctimas del estallido, que son los comerciantes y locatarios de las zonas cero de nuestro país que fueron saqueados y vandalizados durante semanas”.
“Es insólito que en nuestro país un organismo, que todos conocemos cómo funciona, tenga la potestad de determinar si a una persona le violaron sus DD.HH y los autorice a que el Estado, con recursos de todos los chilenos, los indemnice económicamente”, criticaron los diputados UDI, quienes recalcaron que “si la justicia determina que una persona sufrió una violación a sus derechos humanos por un mal accionar de parte de los organismos públicos, es entendible que el Estado inicie un proceso de reparación en favor de ellos, pero son los tribunales de justicia y no un organismo político los encargados de determinar aquello”.
Por último, Urrutia y Bobadilla cuestionaron que una vez más “se deje fuera a las verdaderas víctimas del estallido, que son los locatarios y comerciantes que vivieron en carne propia la violencia desatada de los delincuentes y vándalos”, insistiendo en que “seguiremos buscando todos los caminos para que sean ellos, y no los violentistas, los que reciban una verdadera indemnización”.
