{"id":38042,"date":"2026-10-25T11:15:00","date_gmt":"2026-10-25T14:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=38042"},"modified":"2026-10-25T13:05:34","modified_gmt":"2026-10-25T16:05:34","slug":"el-presupuesto-de-la-nacion-y-una-mision-sin-cumplir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=38042","title":{"rendered":"El presupuesto de la naci\u00f3n y una misi\u00f3n sin cumplir"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:#abb8c3\" class=\"has-inline-color has-white-color\">25 de Octubre del 2026.- <\/mark><\/strong>En la discusi\u00f3n del Presupuesto 2027 hay una pregunta que suele quedar detr\u00e1s de las cifras: \u00bfqui\u00e9n asume el costo de las obligaciones p\u00fablicas cuando el financiamiento no llega, llega tarde o pierde valor? La respuesta del proyecto parece ser esta: las universidades del Estado. El Estado conserva la capacidad de fijar las reglas y encargar tareas; las instituciones deben resolver c\u00f3mo cumplirlas con menos recursos y mayor incertidumbre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa transferencia de riesgo es el rasgo pol\u00edtico que debiera ocupar el centro del debate. El programa de Fortalecimiento de la Educaci\u00f3n Superior P\u00fablica concentra la rebaja propuesta para educaci\u00f3n superior. Frente a la Ley inicial de 2026, los instrumentos destinados a las universidades estatales acumulan unos $39 mil millones menos. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al mismo tiempo, se reducen recursos de gratuidad y del Programa de Acceso a la Educaci\u00f3n Superior (PACE), afectando directamente a los estudiantes, mientras sube el financiamiento del Cr\u00e9dito con Aval del Estado (CAE) que mayormente reciben instituciones privadas. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La eliminaci\u00f3n del Aporte para el Desarrollo de Actividades de Inter\u00e9s Nacional (ADAIN) y de la l\u00ednea de Educaci\u00f3n Superior Regional, junto con el t\u00e9rmino del Plan de Fortalecimiento sin continuidad asegurada, tiene un sentido pol\u00edtico concreto: retirar soportes que permiten sostener funciones p\u00fablicas y capacidades instaladas. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No se trata de programas accesorios. Su ausencia puede interrumpir iniciativas de investigaci\u00f3n, cultura, innovaci\u00f3n y trabajo territorial que tardan a\u00f1os en construirse. Si el Estado espera que sus universidades respondan a desaf\u00edos nacionales y regionales, debe hacerse cargo de las condiciones para que puedan hacerlo. A ello se suma que el inflactor presupuestario es 2,88% por debajo de la inflaci\u00f3n proyectada, ello implica que los costos se actualizan y los recursos p\u00fablicos no lo hacen en la misma medida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La discusi\u00f3n no termina al aprobar o rebajar una partida. Para una universidad estatal, el presupuesto se vuelve una obligaci\u00f3n de funcionamiento: pagar remuneraciones, sostener docencia, atender estudiantes, mantener laboratorios y cumplir compromisos con el territorio. El problema se agrava cuando los montos aprobados no est\u00e1n disponibles a tiempo. Para una universidad, la oportunidad del financiamiento no es un detalle contable, define si puede planificar, contratar, ejecutar una investigaci\u00f3n o sostener un servicio cuando se necesita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A la vez, el proyecto reduce el margen para utilizar excedentes del Fondo Solidario. Son recursos de las propias universidades, recuperados de cr\u00e9ditos, no es un nuevo gasto fiscal. El Estado restringe transferencias, limita el acceso a recursos propios y mantiene intactas las responsabilidades institucionales. As\u00ed se obliga a las universidades a cubrir con su caja y sus decisiones internas costos que corresponden a compromisos p\u00fablicos. Cuando estas capacidades se debilitan, las regiones pierden herramientas para definir su futuro y aumenta la distancia entre los lugares donde se producen las decisiones y aquellos que viven sus consecuencias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta f\u00f3rmula tambi\u00e9n altera la relaci\u00f3n entre autonom\u00eda y responsabilidad. Se exige a cada instituci\u00f3n responder por sus resultados, sostener equipos y asegurar continuidad, pero una parte decisiva de su capacidad depende de asignaciones cuyo monto, calendario y disponibilidad se definen fuera de ella. Una instituci\u00f3n puede administrar con eficiencia; no puede planificar con certidumbre si desconoce cu\u00e1ndo recibir\u00e1 los recursos aprobados o qu\u00e9 proporci\u00f3n de sus fondos propios podr\u00e1 usar. En las universidades regionales, hay menos alternativas para compensar el d\u00e9ficit y m\u00e1s responsabilidades que no pueden abandonarse sin afectar servicios en el territorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No planteo que las universidades deban quedar al margen de la responsabilidad fiscal que nos ata\u00f1e. Planteo que esa responsabilidad no puede consistir en mantener el mandato p\u00fablico y desplazar sus costos hacia instituciones que el propio Estado obliga a operar con recursos&nbsp; insuficientes, menos oportunos y m\u00e1s restringidos. Si una pol\u00edtica p\u00fablica requiere presencia territorial, investigaci\u00f3n y formaci\u00f3n, su presupuesto debe reconocer el costo real de sostenerlas, si bien, esta es una discusi\u00f3n de larga data, el presupuesto actual acent\u00faa esas contradicciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como rector de una universidad estatal regional, no puedo leer este presupuesto como una suma neutral de partidas. Expresa qu\u00e9 capacidades el Estado est\u00e1 dispuesto a sostener y cu\u00e1les deja expuestas al ajuste. La responsabilidad fiscal importa, pero tambi\u00e9n importa la distribuci\u00f3n del esfuerzo y el costo de desarmar instituciones que cumplen tareas que ning\u00fan otro actor garantiza en todos los territorios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Congreso tiene la oportunidad de profundizar la discusi\u00f3n y corregir, restituir recursos basales, asegurar transferencias con plazos verificables, ajustar los aportes a los costos efectivos y permitir que las universidades usen sus recursos propios para cumplir obligaciones vigentes. La pregunta decisiva no es solo cu\u00e1nto se reduce el presupuesto. Es si el Estado est\u00e1 dispuesto a responder financieramente por las tareas que encarga. Un Estado que mantiene la misi\u00f3n, pero externaliza su costo y su incertidumbre, debilita desde dentro la instituci\u00f3n p\u00fablica que dice necesitar.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00d3scar Garrido \u00c1lvarez, Rector Universidad de Los Lagos<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La discusi\u00f3n presupuestaria no termina al aprobar o rebajar una partida. 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