{"id":36865,"date":"2026-08-14T08:10:00","date_gmt":"2026-08-14T12:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=36865"},"modified":"2026-08-14T11:51:30","modified_gmt":"2026-08-14T15:51:30","slug":"especialista-advierte-impacto-de-la-judicializacion-ambiental-en-las-inversiones-en-chile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=36865","title":{"rendered":"Advierten impacto de judicializaci\u00f3n ambiental en inversiones en Chile"},"content":{"rendered":"\n

14 de Agosto del 2026.-<\/mark><\/strong> La discusi\u00f3n sobre las dificultades que enfrenta la inversi\u00f3n en Chile ha estado centrada en los \u00faltimos a\u00f1os en la denominada \u201cpermisolog\u00eda\u201d. Sin embargo, una vez superada la evaluaci\u00f3n ambiental, ha emergido otro factor: la creciente judicializaci\u00f3n de proyectos que ya cuentan con una Resoluci\u00f3n de Calificaci\u00f3n Ambiental (RCA) favorable.<\/p>\n\n\n\n

Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron un r\u00e9cord de 32 reclamaciones declaradas admisibles, aumentando a 67 las causas que se encuentran actualmente en tramitaci\u00f3n vinculadas a 59 proyectos de inversi\u00f3n, por un monto conjunto de US$10.655 millones, seg\u00fan el monitoreo de la Confederaci\u00f3n de la Producci\u00f3n y del Comercio (CPC).<\/p>\n\n\n\n

Para Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA, \u201cen los \u00faltimos a\u00f1os la judicializaci\u00f3n en Chile se ha transformado en un problema estructural que afecta una etapa que es relevante dentro del ciclo de desarrollo de los proyectos de inversi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La especialista explica que su impacto es institucional, econ\u00f3mico y temporal. \u201cLa capacidad de resoluci\u00f3n de las instituciones ha sido sobrepasada por el volumen de ingreso de causas\u201d, se\u00f1ala. A\u00f1ade que la judicializaci\u00f3n involucra procesos que \u201cpodr\u00edan demorar m\u00e1s de dos a\u00f1os sumados los tiempos entre el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El problema, seg\u00fan Galaz, no radica en la existencia de mecanismos de revisi\u00f3n judicial, sino en que una aprobaci\u00f3n ambiental pueda quedar sometida durante a\u00f1os a nuevas instancias de reclamaci\u00f3n. \u201cLa judicializaci\u00f3n impacta negativamente la certeza jur\u00eddica al reducir dr\u00e1sticamente la previsibilidad sobre el momento en que un proyecto obtiene una autorizaci\u00f3n definitiva\u201d, afirma.<\/p>\n\n\n\n

P\u00e9rdida de oportunidades<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los sectores m\u00e1s expuestos son miner\u00eda, energ\u00eda e infraestructura, comenta Galaz, debido a la magnitud de sus inversiones, mayor complejidad ambiental y alto impacto territorial.<\/p>\n\n\n\n

El costo puede ser especialmente relevante para la miner\u00eda, cuando no se aprovechan los periodos de buenos precios del cobre y la creciente demanda internacional por minerales cr\u00edticos: \u201cEn el contexto actual, el costo de oportunidad para Chile es sumamente alto y cr\u00edtico, dado que las buenas oportunidades comerciales en industrias como la miner\u00eda no son permanentes, por lo que deben aprovecharse dentro de sus ventanas de m\u00e1xima demanda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los retrasos implican menor actividad econ\u00f3mica, recaudaci\u00f3n, producci\u00f3n, empleo y compras a proveedores locales. Pero tambi\u00e9n involucra un costo estrat\u00e9gico el hecho que otros pa\u00edses ocupen espacios en mercados vinculados a la transici\u00f3n energ\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n

Juanita Galaz enfatiza que este diagn\u00f3stico no supone cuestionar la institucionalidad ambiental. M\u00e1s bien, el desaf\u00edo consiste en perfeccionar el sistema mediante menores tiempos de respuesta, mayor claridad normativa, est\u00e1ndares t\u00e9cnicos consistentes y participaci\u00f3n temprana de las comunidades.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa protecci\u00f3n ambiental y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias que pueden y deben avanzar de la mano\u201d, afirma.<\/p>\n\n\n\n

Para ello, propone mejorar la coordinaci\u00f3n entre organismos p\u00fablicos, evitar exigencias que no aporten a la evaluaci\u00f3n, establecer criterios previsibles y fortalecer la gesti\u00f3n temprana de controversias, con participaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUna evidente desproporci\u00f3n\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Galaz tambi\u00e9n observa una mayor preparaci\u00f3n de los actores que participan en las controversias ambientales. M\u00e1s que una estrategia coordinada con el fin de bloquear proyectos explica, existe una mayor especializaci\u00f3n de los estudios jur\u00eddicos, consultoras y organizaciones de la sociedad civil para interponer reclamaciones ante los Tribunales Ambientales.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, una parte importante de las decisiones cuestionadas termina siendo confirmada por los tribunales. \u201cEste hecho entrega una doble lectura: por un lado, valida la calidad del sistema administrativo; por otro, evidencia una ineficiencia temporal en la resoluci\u00f3n de controversias\u201d, asegura.<\/p>\n\n\n\n

La experta se\u00f1ala que existe \u201cuna evidente desproporci\u00f3n entre el tiempo que toma litigar (a\u00f1os) y el efecto final alcanzado (confirmar lo que la autoridad ya hab\u00eda resuelto)\u201d. Por ello, plantea avanzar en mayores exigencias de fundamentaci\u00f3n, filtros de admisibilidad m\u00e1s efectivos, mecanismos para evaluar tempranamente el m\u00e9rito de las reclamaciones y plazos de tramitaci\u00f3n razonables.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Juanita Galaz Palma, Ingeniero Civil de Minas y Directora Ejecutiva de MYMA, analiza que el creciente n\u00famero y duraci\u00f3n de las reclamaciones contra proyectos que ya cuentan con aprobaci\u00f3n ambiental est\u00e1 aumentando la incertidumbre, retrasando inversiones y afectando la competitividad de Chile. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":36872,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,3608,4823,3690,7,3842],"tags":[2118,337,273,247,133],"class_list":["post-36865","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-al-dia","category-estado","category-industria-minera","category-medio-ambiente","category-opinion","category-politicas-publicas","tag-semanariolocal","tag-informacion","tag-noticias","tag-region-de-los-lagos","tag-semanario-local"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36865"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36870,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36865\/revisions\/36870"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/36872"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}