{"id":34108,"date":"2026-04-01T11:55:00","date_gmt":"2026-04-01T14:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=34108"},"modified":"2026-04-07T11:41:02","modified_gmt":"2026-04-07T15:41:02","slug":"la-ilusion-de-lo-barato-informalidad-riesgos-y-desproteccion-del-consumidor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=34108","title":{"rendered":"La ilusi\u00f3n de lo \u201cbarato\u201d: informalidad, riesgos y desprotecci\u00f3n del consumidor"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:#abb8c3\" class=\"has-inline-color has-white-color\">01 de Abril del 2026.-<\/mark><\/strong> En los \u00faltimos a\u00f1os, Chile ha sido testigo de una expansi\u00f3n sostenida de pr\u00e1cticas comerciales informales que, lejos de constituir meras irregularidades administrativas, revelan una preocupante erosi\u00f3n de los pilares del Estado de Derecho. La exhibici\u00f3n de patentes comerciales falsas o fotocopiadas, la venta de productos sin certificaci\u00f3n sanitaria y la d\u00e9bil fiscalizaci\u00f3n por parte de las autoridades no son hechos aislados: conforman un fen\u00f3meno estructural que exige una respuesta decidida desde el derecho y la pol\u00edtica p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, es necesario despejar cualquier ambig\u00fcedad: la utilizaci\u00f3n de una patente comercial falsa no es una \u201cviveza\u201d ni una falta menor. Se trata de una conducta que puede configurar el delito de uso malicioso de instrumento p\u00fablico falso, adem\u00e1s de constituir una infracci\u00f3n administrativa por el no pago de tributos municipales. Es decir, estamos frente a una doble transgresi\u00f3n: se enga\u00f1a a la autoridad y se vulnera el sistema de financiamiento local. La se\u00f1al es clara: quien act\u00faa al margen de la legalidad obtiene ventajas indebidas en perjuicio del resto de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero el problema no se agota en la conducta de los particulares. Los municipios, como \u00f3rganos encargados de la fiscalizaci\u00f3n, tienen un deber legal ineludible. Cuando esta funci\u00f3n no se cumple, o se ejerce de manera deficiente, emerge una doble responsabilidad: administrativa, respecto de los funcionarios que incumplen sus deberes, y patrimonial, en caso de que la falta de servicio cause da\u00f1os a terceros. En otras palabras, la inacci\u00f3n tambi\u00e9n tiene consecuencias jur\u00eddicas, y el Estado no puede desentenderse de ellas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La situaci\u00f3n se agrava a\u00fan m\u00e1s cuando entran en juego bienes jur\u00eddicos sensibles como la salud y la seguridad de los consumidores. La comercializaci\u00f3n de productos sin certificaci\u00f3n sanitaria o falsificados expone a las personas a riesgos evidentes, y la normativa chilena contempla sanciones severas que incluyen multas, clausuras y decomisos. A ello se suman eventuales responsabilidades penales y civiles, especialmente cuando se vulnera el deber de informaci\u00f3n y seguridad en las relaciones de consumo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, uno de los mayores d\u00e9ficits del sistema radica en la falta de coordinaci\u00f3n efectiva entre las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar estas conductas. Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, autoridades sanitarias y organismos de protecci\u00f3n al consumidor operan, muchas veces, de manera fragmentada. Sin una pol\u00edtica p\u00fablica integral que articule sus esfuerzos, la eficacia del control se ve seriamente limitada. La informalidad, en ese contexto, encuentra espacios para consolidarse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde la perspectiva del consumidor, el escenario tampoco es alentador. Aunque existen derechos claros \u2014como exigir boleta o certificaciones\u2014 su ejercicio efectivo depende, en gran medida, de la capacidad de los ciudadanos para denunciar y del funcionamiento eficiente de los mecanismos institucionales. Cuando la respuesta administrativa es insuficiente, la judicializaci\u00f3n aparece como alternativa, pero no todos los consumidores cuentan con los recursos o el conocimiento para transitar ese camino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, no puede obviarse el impacto de estas pr\u00e1cticas en la libre competencia. El comercio informal, al evadir impuestos y regulaciones, obtiene ventajas il\u00edcitas frente a quienes cumplen la ley. Esto no solo distorsiona el mercado, sino que tambi\u00e9n desincentiva el cumplimiento normativo. La posibilidad de configurar actos de competencia desleal en estos casos es real, aunque su determinaci\u00f3n depender\u00e1, en definitiva, de los tribunales de justicia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chile enfrenta, entonces, un desaf\u00edo que va m\u00e1s all\u00e1 de la fiscalizaci\u00f3n puntual. Se trata de reafirmar el valor de la legalidad como base de la convivencia social y del desarrollo econ\u00f3mico. Tolerar la informalidad no es neutral: implica aceptar un est\u00e1ndar m\u00e1s bajo de protecci\u00f3n para los consumidores, una competencia injusta para los emprendedores formales y una merma en los recursos del Estado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pregunta que debemos hacernos no es solo c\u00f3mo sancionar estas conductas, sino c\u00f3mo construir un sistema que las prevenga eficazmente. Porque cuando la norma pierde fuerza en la pr\u00e1ctica, lo que est\u00e1 en juego no es solo el cumplimiento de la ley, sino la confianza en las instituciones que la sostienen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>C\u00e9sar Vargas Rojas, acad\u00e9mico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andr\u00e9s Bello<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La venta de productos sin certificaci\u00f3n sanitaria y la d\u00e9bil fiscalizaci\u00f3n por parte de las autoridades no son hechos aislados.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34109,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,4136,3608,9,4138,3842],"tags":[2118,337,273,247,133],"class_list":["post-34108","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-al-dia","category-comercio","category-estado","category-gobierno","category-politica-economica","category-politicas-publicas","tag-semanariolocal","tag-informacion","tag-noticias","tag-region-de-los-lagos","tag-semanario-local"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34108"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34108\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34110,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34108\/revisions\/34110"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/34109"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34108"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}