{"id":26862,"date":"2025-02-21T20:22:16","date_gmt":"2025-02-21T23:22:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=26862"},"modified":"2025-02-21T20:23:03","modified_gmt":"2025-02-21T23:23:03","slug":"indh-detecta-poco-avance-de-plan-de-emergencia-para-asentamientos-irregulares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/?p=26862","title":{"rendered":"INDH detecta poco avance de plan de emergencia para asentamientos irregulares"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:#abb8c3\" class=\"has-inline-color has-white-color\">21 de febrero del 2025.- <\/mark><\/strong>El cuarto cap\u00edtulo del Informe Anual 2024 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se titula Derecho a la Vivienda Adecuada: Asentamientos Informales y en 68 p\u00e1ginas expone el lento avance del plan de emergencia que fue dise\u00f1ado para abordar la crisis habitacional. Su expresi\u00f3n m\u00e1s elocuente es que hay m\u00e1s de 70 mil hogares que a\u00fan se encuentran repartidos en mil 432 campamentos o asentamientos informales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verificando el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho a la vivienda adecuada, el cap\u00edtulo recurre a las siete dimensiones fijadas en 1991 por el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de la ONU. Se trata de la seguridad jur\u00eddica en la tenencia, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, ubicaci\u00f3n, adecuaci\u00f3n cultural y disponibilidad de servicios. En particular, destacamos el primero de estos conceptos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En efecto, el cap\u00edtulo observa que la seguridad jur\u00eddica de la tenencia no est\u00e1 garantizada. Pese a los esfuerzos del Ministerio de Vivienda a fin de agilizar la radicaci\u00f3n de los asentamientos o su reubicaci\u00f3n, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente. Adem\u00e1s, el Estado a\u00fan no incorpora normas que aseguren cumplir est\u00e1ndares de DD.HH. en eventuales desalojos, algo de especial valor, porque en el corto plazo estas acciones afectar\u00edan a m\u00e1s de 9 mil familias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al revisar el porcentaje de hogares en campamentos ante el total de hogares por regi\u00f3n, las que concentran la mayor proporci\u00f3n son Tarapac\u00e1 (7,2%) y Atacama (4,8%). Seg\u00fan datos del Ministerio de Desarrollo Social de 2021, el 58,3% se ubica en terrenos fiscales, 32% en privados y 9,5% en mixtos. De acuerdo a la Encuesta Casen 2022, 48% de las personas en campamentos est\u00e1 bajo la l\u00ednea de la pobreza, versus el 7% a nivel nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Derechos de propiedad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De todos modos, el cap\u00edtulo insiste en que el alza de campamentos puso de relieve la necesidad de analizar la afectaci\u00f3n del derecho a la propiedad de los titulares de los terrenos donde hay asentamientos. El pa\u00eds tiene mecanismos para resguardar el derecho de propiedad y que los due\u00f1os puedan obtener su restituci\u00f3n cuando otras personas se lo apropien indebidamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero se recuerda que hoy no existe un marco regulatorio que permita conciliar el resguardo de este derecho y el respeto de los est\u00e1ndares de DD.HH. de las personas en campamentos ante posibles desalojos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De hecho, la ley 21.633 de noviembre de 2023 regula el delito de ocupaci\u00f3n ilegal de inmuebles e introduce la medida cautelar de desalojos, que permite tanto al Ministerio P\u00fablico como a la v\u00edctima solicitar esta medida con auxilio de la fuerza p\u00fablica. Aunque la ley tiene excepciones sobre los campamentos catastrados por el Ministerio de Vivienda hasta 2024 para aplicar medidas privativas de libertad, no excluye el desalojo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decisiones de tribunales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el cap\u00edtulo expone que algunas Cortes de Apelaciones del pa\u00eds ya se han pronunciado sobre los desalojos por denuncias ingresadas antes y despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la ley. Mayormente, acogen aplicar esta medida y, en general, sus resoluciones no se refieren a las personas desalojadas para ver si tienen alternativas de vivienda o a los est\u00e1ndares de DD.HH. aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es m\u00e1s, el cap\u00edtulo analiza los pronunciamientos judiciales a ra\u00edz de recursos de protecci\u00f3n y concluye que, desde noviembre de 2022, la Corte Suprema ha ordenado el retiro de los ocupantes irregulares y si no se cumple esta orden en el plazo de seis meses, instruye a las autoridades pedir el auxilio de la fuerza p\u00fablica. Se trata de un cambio en el criterio jurisprudencial en relaci\u00f3n a las decisiones previamente adoptadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>El Informe del INDH indica que la falta de est\u00e1ndares en el derecho interno, como por ejemplo la entrega de alternativas y otras medidas de coordinaci\u00f3n intersectorial, no s\u00f3lo amenaza la protecci\u00f3n de los derechos de las personas de los asentamientos. Tambi\u00e9n, dificulta que el Estado proteja el derecho de propiedad de los due\u00f1os de los terrenos. Esto deviene en que ante la falta de soluciones habitacionales, las personas tienden a ocupar los mismos sitios o instalarse en las cercan\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cifras de desalojos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cap\u00edtulo presenta algunos datos sobre desalojos. Entre el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de mayo de 2024, se efectuaron 67 aplicado la ley 21.633. El Ministerio de Vivienda indica que, tras la aplicaci\u00f3n de distintas normativas, a junio de 2024, hay 21 campamentos catastrados con orden pendiente de desalojo, afectando a una poblaci\u00f3n estimada de 9 mil hogares. El Ministerio dice que \u201cno cuenta con presupuesto, ni con un mecanismo administrativo adecuado para la atenci\u00f3n inmediata de estos casos si se producen los desalojos previstos en el corto plazo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Plan de Emergencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el cap\u00edtulo indica que acorde con las recomendaciones internacionales de DD.HH. el Estado a trav\u00e9s del Programa de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda se propuso fortalecer las estrategias de radicaci\u00f3n de los asentamientos mediante su urbanizaci\u00f3n o desarrollando nuevos proyectos en los terrenos donde est\u00e1n o en lugares cercanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero pese a la intenci\u00f3n de agilizar la respuesta, desde marzo de 2022 a julio de 2024, s\u00f3lo 3,4% de los hogares en campamentos ha sido beneficiado con un subsidio habitacional. Es m\u00e1s, entre enero de 2022 y junio de 2024, 2 mil 890 hogares (4% de los que viven en asentamientos informales) han logrado acceder a una soluci\u00f3n habitacional mediante subsidios. Si se compara con a\u00f1os anteriores, es superior al per\u00edodo 2018 \u2013 2021, pero inferior al 2014 \u2013 2017. Junto con los temas de propiedad, el cap\u00edtulo menciona otro especialmente relevante. El Ministerio de Vivienda identific\u00f3 889 amenazas que afectan a distintos campamentos a nivel nacional, como remoci\u00f3n en masa, tsunamis, incendios forestales, amenazas antr\u00f3picas e inundaciones. Y seg\u00fan un examen que hizo Techo Chile en 2023, se estima que 91,3% de los campamentos del pa\u00eds se encuentra expuestos, por lo menos, a una de estas amenazas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>esta semana la Corte de Apelaciones de Valpara\u00edso orden\u00f3 el desalojo de una toma de San Antonio, en la Regi\u00f3n de Valpara\u00edso, con un plazo hasta el 27 de febrero.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26863,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,3843,9,6],"tags":[2118,2927,337,273,247,133],"class_list":["post-26862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-al-dia","category-derechos-sociales","category-gobierno","category-politica","tag-semanariolocal","tag-indh","tag-informacion","tag-noticias","tag-region-de-los-lagos","tag-semanario-local"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26862"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26865,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26862\/revisions\/26865"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/26863"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.semanariolocal.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}