Los fueros presidenciales y parlamentarios fueron ideados como un contrapeso que permita evitar riesgos potenciales, producto de persecuciones generadas por adversarios pol\u00edticos o por actos constitutivos de Abuso del Derecho.<\/p>\n\n\n\n
Es una forma de protecci\u00f3n y un equilibrio de poderes en las democracias liberales, la cual dota al Presidente de la Rep\u00fablica y a los Parlamentarios de mecanismos para el libre ejercicio de sus opiniones y acciones sustantivas de gobierno. Este principio de resguardo originado en las monarqu\u00edas constitucionales y posteriormente utilizado por las democracias liberales, pretende garantizar la separaci\u00f3n de poderes, generando el libre ejercicio de las convicciones pol\u00edticas sin sujeci\u00f3n a juicios a posteriori.<\/p>\n\n\n\n
El principio de los fueros, especialmente de los parlamentarios, se orienta a defender la libertad de expresi\u00f3n en las deliberaciones y los procedimientos que podr\u00edan ser materia de acusaci\u00f3n en alg\u00fan Tribunal por fuera del organismo deliberativo, es decir, son una medida preventiva para que no se configure la opini\u00f3n de los parlamentarios como delito. pues es muy com\u00fan que un parlamentario, en defensa de sus argumentos, emplee conceptos de tal magnitud que podr\u00edan ser constitutivos de los delitos de injurias y calumnias o de otros de mayor gravedad. Mientras se emitan en el parlamento, quedan impunes.<\/p>\n\n\n\n
Hay dos tipos de inmunidad parlamentaria: la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. La primera, tambi\u00e9n conocida como inviolabilidad, es la imposibilidad que la polic\u00eda detenga a un parlamentario por cualquier motivo, salvo que se trate de un delito flagrante, en cuyo caso se le detendr\u00e1 para ponerlo de inmediato a disposici\u00f3n de la respectiva Corte de Apelaciones, para que se realice el denominado Juicio de Desafuero. En el segundo caso, el parlamentario no puede ser sometido a proceso mientras que la Corte de Apelaciones respectiva hasta realizado el Juicio de Desafuero. En ambos casos, la resoluci\u00f3n que acoge el Desafuero es apelable ante la Excelent\u00edsima Corte Suprema y si se decide formularle causa quedan suspendidos de sus cargos y sujetos al juez competente (art. 58, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica de Chile).<\/p>\n\n\n\n
Los presidentes tienen los mismos fueros que los parlamentarios. De acuerdo con la Constituci\u00f3n de 1980, los presidentes pueden ser acusados por la C\u00e1mara de Diputados por delitos relacionados con su administraci\u00f3n que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Naci\u00f3n, o infringido abiertamente la Constituci\u00f3n o las leyes. Esta acusaci\u00f3n debe presentarse por no menos de diez ni m\u00e1s de veinte diputados, puede interponerse mientras el presidente est\u00e9 en funciones y en los seis meses siguientes a su expiraci\u00f3n en el cargo. Durante dicho lapso, y a\u00fan despu\u00e9s de su eventual condena, s\u00f3lo puede hacerse efectiva la responsabilidad p\u00fablica por las causales de juicio pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara de Diputados, como atribuci\u00f3n exclusiva, debe declarar si ha o no lugar la acusaci\u00f3n en contra del presidente de la Rep\u00fablica, requiri\u00e9ndose el voto de la mayor\u00eda de los diputados en ejercicio para declarar que se acepta la acusaci\u00f3n formulada. Posteriormente, corresponde al Senado resolver la acusaci\u00f3n como jurado, limit\u00e1ndose a declarar si es o no culpable del delito, infracci\u00f3n o abuso de poder que se le imputa. Esta declaraci\u00f3n de culpabilidad debe ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio.<\/p>\n\n\n\n
Los expresidentes siguen manteniendo los privilegios del fuero parlamentario de acuerdo con la Ley N\u00ba 19.672 de 28 de abril de 2000, vale decir, pese a cesar en sus cargos por declaraci\u00f3n del Senado, para responder penalmente deben ser sometidos al Juicio de Desafuero.<\/p>\n\n\n\n
Consideraciones finales<\/p>\n\n\n\n
La inmunidad es una autorizaci\u00f3n que, salvo el caso del flagrante delito, deber\u00e1 emitir el Poder Judicial con car\u00e1cter previo a todo arresto, detenci\u00f3n o encausamiento judicial que pudiera desembocar en privaci\u00f3n de la libertad para el representante, autorizaci\u00f3n que, seg\u00fan el com\u00fan parecer doctrinal, no entra en el fondo del asunto, es decir, no lleva aparejado un veredicto de culpabilidad o inocencia respecto de la conducta del legislador. Para ello es crucial entender que la inmunidad protege la funci\u00f3n del parlamentario y la divisi\u00f3n de poderes en las democracias liberales y no implica un juicio de culpabilidad o no culpabilidad; es simplemente una garant\u00eda formal, de tipo procesal.<\/p>\n\n\n\n
Las garant\u00edas procesales amparan a los representantes de toda acusaci\u00f3n penal que pueda implicar una privaci\u00f3n de libertad, evitando as\u00ed la privaci\u00f3n injustificada. Esta garant\u00eda se traduce en la necesidad de autorizaci\u00f3n del Congreso.<\/p>\n\n\n\n
Las inmunidades no deben considerarse como privilegios en la vida social y pol\u00edtica respecto de los dem\u00e1s ciudadanos. Tampoco deben entenderse como un manifiesto de impunidad absoluta. Es un fuero que protege al representante de la persecuci\u00f3n judicial por razones pol\u00edticas. Se trata, entonces, de una garant\u00eda temporal, que \u00fanicamente difiere por un tiempo la persecuci\u00f3n judicial de una persona, pero que de ninguna manera lo libera de responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n
Jos\u00e9 Manuel Godoy Leiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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