El m\u00e1s reciente Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) examin\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la ley Antidiscriminaci\u00f3n (ley Zamudio). Justamente, la situaci\u00f3n de las mujeres fue de especial inter\u00e9s. As\u00ed se detect\u00f3 que, pese a la nueva normativa, existen profundas brechas en trabajo, salud y pensiones. En este \u00faltimo caso, la PGU dif\u00edcilmente puede corregir la situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En 2018 el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW) recomend\u00f3 a Chile, en el marco de su s\u00e9ptimo informe peri\u00f3dico, dar prioridad a una \u201cdefinici\u00f3n jur\u00eddica exhaustiva de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u201d. Su pertinencia la refrend\u00f3, luego, un estudio de Fundaci\u00f3n Humanas, que revel\u00f3 que 86,4% de las mujeres encuestadas se considera discriminadas.<\/p>\n\n\n\n
Situaci\u00f3n laboral<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Informe 2023 dice que despu\u00e9s de la pandemia hubo una reincorporaci\u00f3n de mujeres al mercado laboral m\u00e1s r\u00e1pida de lo anticipado, pero ocurri\u00f3 con una baja salarial. Seg\u00fan cifras del INE, en el caso de los ingresos de hombres y mujeres ocupadas, hay una brecha persistente, con una tendencia al descenso. En 2014 la brecha del promedio de ingreso mensual era 29,7 puntos porcentuales. En 2022 baj\u00f3 a 20,4 puntos porcentuales.<\/p>\n\n\n\n Como expone el estudio \u201cEvoluci\u00f3n y an\u00e1lisis de la discriminaci\u00f3n salarial por g\u00e9nero en Chile\u201d, a partir de la Encuesta CASEN para el per\u00edodo 1990 \u2013 2017, la brecha salarial favorece siempre a los hombres. En 2017, los hombres con empleo ten\u00edan 8,9% a\u00f1os menos de estudios que las mujeres con empleo. Esto indica que, aunque las mujeres requieren m\u00e1s a\u00f1os de educaci\u00f3n para tener trabajo, reciben un salario menor al de los hombres.<\/p>\n\n\n\n Brecha en c\u00fapulas<\/strong><\/p>\n\n\n\n El informe tambi\u00e9n expone el estudio del Centro de Trabajo y Familia de la Universidad de Los Andes de 2022 sobre trayectorias laborales e inclusi\u00f3n de mujeres. Este indica que al ver \u201cla alta direcci\u00f3n y las posiciones de liderazgo, las mujeres solamente representan 18% de la l\u00ednea ejecutiva principal de las empresas chilenas que cotizan en bolsa. Si nos concentramos a\u00fan m\u00e1s y vemos los cargos en directorios, el n\u00famero se reduce a 15%\u201d.<\/p>\n\n\n\n En tanto, en el \u00e1rea de la salud se observan disparidades tanto en el uso como en los costos de la atenci\u00f3n en el sistema privado. En promedio, las mujeres, s\u00f3lo por serlo, pagan entre 6 y 10 UF m\u00e1s al a\u00f1o que un hombre. Este es el hallazgo del estudio realizado en 2019 por Paula Carrasco, llamado \u201c\u00bfExiste discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero en el sistema privado de salud en Chile?\u201d.<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, el mismo estudio revela que las mujeres est\u00e1n sujetas a un cobro adicional que no se condice con el gasto que generan. Las isapres argumentan para justificarlo que ellas usan m\u00e1s el sistema. Pero incluso si eso se toma en cuenta, siguen pagando primas superiores a las masculinas.<\/p>\n\n\n\n Sistema p\u00fablico de salud<\/strong><\/p>\n\n\n\n La discriminaci\u00f3n tambi\u00e9n toca a la salud p\u00fablica. Se trata de la esterilizaci\u00f3n. Si bien el Estado reconoci\u00f3 la violaci\u00f3n a los derechos de una mujer a quien le fue practicada esta intervenci\u00f3n en 2002, se han detectado m\u00e1s esterilizaciones en migrantes. Aunque hay consentimiento firmado, \u00e9ste se puede cuestionar porque son mujeres haitianas, que no hablan ni leen castellano con facilidad.<\/p>\n\n\n\n El otro punto aborda la ley 21.030, que regula la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo en tres causales. Desde su implementaci\u00f3n, 822 mujeres abortaron tras ser violadas. El 33% era menor de edad: 52% de las ni\u00f1as que abortaron ten\u00edan 14 a\u00f1os o menos (142 casos) y 33% tiene s\u00f3lo 13 a\u00f1os (90).<\/p>\n\n\n\n Las mujeres y ni\u00f1as que intentan acceder al procedimiento como v\u00edctimas de una agresi\u00f3n sexual encuentran obstrucciones en los servicios de salud. En la actualidad 43% de obstetras de la red p\u00fablica es objetor de conciencia en caso de violaci\u00f3n, seg\u00fan el Ministerio de Salud. Esto representar\u00eda una vulneraci\u00f3n a los derechos reproductivos y sexuales de las personas gestantes por el alto porcentaje de objetores. No hay obligaci\u00f3n de los recintos de salud p\u00fablica a tener un reemplazo.<\/p>\n\n\n\n Pensiones deficientes<\/strong><\/p>\n\n\n\n El informe recuerda que en enero de 2022 entr\u00f3 en vigencia la ley 21.419, que cre\u00f3 la Pensi\u00f3n Garantizada Universal (PGU). \u00c9sta puede ser No Contributiva o Contributiva, seg\u00fan si la persona que la recibe no tiene sistema previsional ni pensi\u00f3n de sobrevivencia, o si tiene un sistema previsional o recibe pensi\u00f3n de sobrevivencia, respectivamente. Todo ello repercute con gravedad en el acceso a pensiones dignas. Si bien la PGU busca proporcionar pensiones a un mayor n\u00famero de personas mayores, y las mujeres son las mayores beneficiarias de la PGU no contributiva, la pobreza de las adultas mayores sigue siendo una situaci\u00f3n alarmante.<\/p>\n\n\n\n
La realidad que enfrentan las mujeres al momento de pensionarse es, en gran medida, reflejo de sus trayectorias laborales. Se trata de trayectorias que tuvieron interrupciones por sus roles de madres, esposas y responsables de las labores dom\u00e9sticas. Adem\u00e1s, est\u00e1n con mucha frecuencia en el mercado laboral informal, sin cotizaciones previsionales.<\/p>\n\n\n\n