Published On: Lun, Feb 10th, 2014

La mano tras los Brazos del Puente Cau-Cau

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caucauEn diciembre de 2011 comenzó la  construcción del Puente Cau-Cau, el primer puente móvil de Chile. Esta estructura permitirá  conectar los sectores valdivianos de Las Ánimas e Isla Teja. Una inversión que alcanzaría los 16 mil millones de pesos y que para el Ex Ministro Laurence Golborne se convertía en una iniciativa de carácter fundamental para su futuro político. El proyecto contempla la construcción de un viaducto de tipo basculante, con una longitud de 90 metros con  dos tramos de 45 metros cada uno, con dos hojas de 35 metros que se elevarán para dejar el paso libre a las embarcaciones que crucen por el río.

Su puesta en marcha, proyectada para la segunda quincena de enero de 2014 la que debió  ser aplazada producto de un error en la ejecución de las obras por parte del grupo AZVI, empresa española a cargo de la obra, quienes instalaron ambos brazos del puente móvil al revés, quedando la ciclovía cruzada. La atención ciudadana y política solo se ha centrado en este error atribuible supuestamente a la empresa constructora española. Sin embargo el proyecto venia con problemas desde antes. Y al parecer mucho más serios. El excesivo apuro en la construcción del Puente . La evaluación realizada mediante un Fiscal de Santiago con poco conocimiento de la zona y viáticos considerables en cada visita, son aspectos que valen la pena considerar;  pero es el incumplimiento de normativas lo que sin duda representa un obstáculo anterior al tema de los brazos mal instalados y que podría traer mayores consecuencias y otro tipo de responsabilidades.

Toda inversión Pública tiene que tener una toma de razón por parte de la contraloría quien está encargada de velar y verificar los antecedentes que permiten la aprobación y posterior ejecución de un proyecto. La toma de razón es un control jurídico previo, general y obligatorio, propio del sistema chileno, que en materia de legalidad y constitucionalidad realiza la Contraloría General de la República de Chile, respecto de los decretos, decretos con fuerza de ley y resoluciones.  Asi lo establece  Artículo 98 de la Constitución que indica que este organismo  ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; Esta toma de razón debe ser emitida con antecedentes a la vista y luego de un exhaustivo análisis de los informes que entregue cada repartición involucrada en su ejecución.

Algo que se hizo fuera de plazo sin que se contemple a la fecha discusión ni reparo alguno.

Con fecha 14-11-2012  (revise documento) y en su punto número 20 en el que se establece el resultado del análisis técnico económico del proyecto de Construcción del Puente Cau-Cau el  profesional Oscar Saavedra del departamento de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social  era claro en establecer que este proyecto no se ajustaba a la normativa, indicando para ello que  se adjudicó la asesoría a la inspección fiscal por 784 millones de pesos en octubre del 2011,  aprobando una modificación por 155 millones de pesos en diciembre del 2012, resultando un 19. 8% superior al contrato original. Esto sin haber sido reevaluada ni informada al Ministerio de Desarrollo Social. Posteriormente en agosto del 2013 se aprobó un aumento de 106 millones de pesos, ósea un 11, 3% del contrato original en las mismas condiciones llegando el aumento a un 30%, mientras que el resto de las partidas que consideran expropiaciones y obras civiles han sido respaldadas y aprobadas señalando si que la revaluación económica muestra que mantiene ( a la fecha del informe) indicadores de rentabilidad social sobre el umbral exigido. Para ello es necesario saber que cada aumento presupuestario de un proyecto cuyo monto sea superior al 9% debe necesariamente llevar asociada una reevaluación del mismo por parte de los ministerios involucrados. algo que según el informe no ocurrió en al menos 2 oportunidades.

Las normas e instrucciones sobre inversión publica establece que una iniciativa de debe ser   sometida a un nuevo análisis, debido a  variaciones cuando producto de un proceso de licitación, se verifican aumentos de costos totales y/o por componentes, que superan el 10% del valor de la recomendación favorable, comparación efectuada en moneda de igual valor, al momento de decidir la adjudicación respectiva.  En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificación de los contratos, siempre  que los montos involucrados superen el 10% del valor inicialmente recomendado y cuando se verifiquen modificaciones en la naturaleza, beneficiarios, cantidades, costos  y/o  magnitud,  que  afecten  los  resultados  de  la  o  las  evaluaciones anteriores.  El  impacto  de  estos  cambios  deberán  resolverse  en  un  nuevo proceso de evaluación económica.  El objetivo de este proceso es verificar la rentabilidad social de la iniciativa de inversión en un nuevo escenario.

Las pregunta de fondo frente a este hecho debieran ser :  ¿ tenía antecedentes la Contraloría General de la República de este Incumplimiento de Normativa a la hora de aprobar la ejecución del proyecto o adjuntar la Toma de Razón considerando que aquí  la variación fue de un 30% aproximadamente?

¿Cual es la situación de la Contraloría al no disponer de los antecedentes o peor aun de aprobar la ejecución de un proyecto con los antecedentes aquí expuestos?

¿ Existió la indicación de Prioridad Presidencial para la ejecución del proyecto Puente Cau-Cau y esta solicitud fue determinante a la hora de soslayar las normativas? ¿ Quien es el responsable finalmente de esta situación ?

Pregunta que debiera formular el legislador llamado por ley a fiscalizar. Puesto que por ahora quien ha demostrado cierto interés es el Senador Eugenio Tuma quien ha indicado que “El Senado, aunque no tenga capacidad fiscalizadora, necesita saber en qué condiciones el MOP actuó en fiscalización, licitación, eventualmente en la adjudicación de la empresa y en la inspección técnica”, refiriéndose a la obra en cuestión.

Algo que debiera ser considerado como un subliminal llamado de atención a los fiscalizadores de la zona de Valdivia (entiéndase diputados) para revisar el problema de fondo  puesto que el problema de «forma»  está dada por los errores de en  la instalación de los brazos  con responsabilidades que  según los  términos del contrato deberán ser asumidas íntegramente por la empresa constructora.

Pero lo que hay que definir es si exitió o no metida de pata y a quien  corresponde las eventuales responsabilidades para determinar finalmente  cual es la mano tras los brazos del puente Cau-Cau.

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