Published On: Vie, May 8th, 2020

Columna de opinión: Ingreso Familiar de emergencia: hacia la desprotección social

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El 1° de mayo Chile amaneció bajo la “Nueva Normalidad” en medida de lo posible –o imposible–, proceso rebautizado por el Gobierno como “Retorno Seguro”, que se volvió inseguro cuando a media mañana los contagios en el país llegaban casi a los 1000 diarios, una fuerte alza nunca registrada.

El discurso de la normalidad conllevo al relajamiento de la ciudadanía frente a la solicitud de distanciamiento social. Una fiesta de 400 personas en Maipú fue la gota que rebalsó el vaso. El desarrollo de la pandemia había cambiado y el discurso del gobierno también. Quedarse en casa pasó a ser la prioridad, pero las políticas que busca implementar se contradicen con ello, como el Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores informales.

La iniciativa ha tenido problemas su tramitación, ya que desde la oposición se rechaza monto y los mecanismos de entrega. Ese mismo día, el presidente señala que “hay dos maneras de oponerse a un proyecto de ley: una es rechazandolo y la otra es pidiendo lo imposible”, cerrando las puertas a cualquier nueva propuesta. Pero esta política va en contradicción con su fundamento: proteger la vida y la salud de población, entregando un apoyo económico que permita solventar la reducción de ingresos por falta de trabajo. Pero la medida en la práctica se acerca más a la desprotección social que a la protección, puesto que entrega una transferencia estatal hacia los trabajadores informales que pertenezcan al 60% de mayor vulnerabilidad, equivalente 4,2 millones de personas, el cual tiene un costo de $802 MM de dólares.

Analizando la letra chica, en términos de cobertura el ingreso no es igualitario para todos los beneficiados, más bien hace diferencias entre el 40% de vulnerabilidad que recibirá la totalidad del aporte y quienes estén por sobre ese porcentaje, que recibirán sólo dos tercios. En condiciones muy puntuales, si un trabajador informal convive con alguien que recibe algún pequeño ingreso formal, recibirá sólo la mitad. El aporte se entrega en tres cuotas, no iguales, sino de gradualidad decreciente. Es decir, el primer mes en se entrega el 100%, el segundo un 85% y el último un 70%. El ingreso no se entrega automáticamente, sino con postulación previa.

Sobre el monto, el segmento que perciba la totalidad del aporte recibirá el primer mes $65.000, lo que a simple vista está muy lejos de lo que establece la línea de la pobreza y extrema pobreza por persona en Chile. En el caso de una familia donde conviven cuatro personas del 40% de mayor vulnerabilidad, recibirán el primer mes $260.000, lo que no cubre las necesidades básicas de un hogar, obligando así a sus beneficiarios a salir a trabajar y correr el riesgo de contagiarse.

El presidente Sebastián Piñera tilda a la oposición, mayoría parlamentaria, de negar la sal y el agua al Gobierno, mensaje que ha logrado instalar eficazmente. Sin embargo, se obstina recibir cualquier contrapropuesta constructiva del sector, las que buscan que el costo de la crisis no lo paguen los trabajadores. Con herramientas propias del hiperpresidencialismo, fuerza a la tramitación rápida de leyes, situación que generó el vacío legal en la ley de protección del empleo, donde hoy grandes empresas socializan las pérdidas entre los empleados, y mientras se reparten ganancias entre directores.

Como contrapropuesta el bloque ha llamado al gobierno avanzar hacia una “Renta Básica de Emergencia” bajo una lógica de seguridad social, en donde el Estado proteja a los ciudadanos entregando un ingreso por sobre la línea de la pobreza, que permita llegar bien a fin de mes y no atentar contra las medidas de distanciamiento. Abarcaría al 90% de personas de mayor vulnerabilidad, y no sólo incluye a los trabajadores informales, sino también a los formales que perciban ingresos por debajo del indicador de la pobreza, incorporando así a la clase media. Su entrega es automática en cuatro cuotas mensuales iguales, donde una familia de cuatro trabajadores recibiría $500.000 al mes. Esta propuesta sería financiada con deuda pública y/o fondos soberanos, e incluso la creación de un impuesto general tras la crisis. Quizás un aporte nuevo a la propuesta sería un grado de regionalización, entendiendo que el costo de la vida varía en nuestro extenso país.

No es rechazar por rechazar, ni pedir cosas imposibles, sino legislar medidas que entreguen “dignidad” en tiempos difíciles, demanda del Estallido Social; que el gobierno aún se niega a entender. Es una oportunidad para la cambiar el modelo de la hiperfocalización de las políticas públicas de las últimas cuatro décadas, y pasar a un enfoque de derechos sociales. Los trabajadores no deben pagar los platos rotos de la crisis, ni pasando penurias ni echando mano a los pocos ahorros han llegado a tener.

Por Esteban Vielma Salazar, Presidente Regional de RD Los Lagos

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