Published On: Jue, Abr 3rd, 2014

Diputado Espinoza Denuncia “Sostenedores del Patagonia College cometen ilegalidad y demonizan la Reforma Educacional”

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patagoniaEn su rol de miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, el parlamentario solicitó a la Superintendencia del ramo indagar en el porqué el citado colegio puertomontino envió una carta a los apoderados del plantel, señalándoles -de manera arbitraria- que desde el año 2015 pasarían a ser un recinto privado, dando plazo para matricularse el 30 de abril. Para ello, aumentaron al doble el actual cobro de inscripción.

El diputado Fidel Espinoza ingresó el día de ayer una solicitud a la Superintendencia de Educación para proceder a la fiscalización inmediata del Patagonia College de Puerto Montt, establecimiento particular subvencionado con financiamiento compartido, el cual de manera arbitraria comunicó a los apoderados, por medio de una carta, que optarían por convertirse en un plantel privado, solicitando desde ya el pago de la matrícula del año 2015, ascendente a $130.000. La decisión, como señala la misiva, se efectúa amparándose en que “los próximos días ingresará al Congreso Nacional un proyecto de ley que modificará profundamente la Ley General Educacional, la cual nos rige tanto en el proyecto académico como económico”.

La exigencia de matrícula del recinto, el cual posee una matrícula de de 738 alumnos, tiene como plazo el próximo 30 de abril, requiriendo una cifra que dobla a la que piden actualmente, decisión del colegio puertomontino que a juicio de Espinoza vulnera la ley, “demonizando con su actuación la Reforma Educacional que implementamos en el país, porque quieren demostrar una situación que es absolutamente irreal. La Reforma Educacional busca gratuidad en el sistema educativo. Estos señores quieren seguir lucrando con la educación”, sostuvo.

Según el actual integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la exigencia que el plantel efectúa por medio de una carta “altera la ley y lo que está establecido para los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido”, especificando que la medida va en contra de los artículos 16, 17, 18, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 33 y 34 del D.F.L. Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación.

Añadió el parlamentario que el monto a cobrar, como máximo, está determinado en la ley, y es de 4 USE, lo que equivale a aproximadamente a 88 mil pesos. Por ello, insistió en que “la situación que el sostenedor (Sociedad Educacional Valle Volcanes) está implementando, con estos cobros adelantados prácticamente en un año, altera la ley porque ésta es clarísima en señalar que los establecimientos de este tipo deben hacer obligatoriamente un comunicado trienal, respecto a los cobros a realizar. O sea, él se está adelantando al mes de enero de 2015 para estar dando a conocer una situación de ahora, abril del 2014”.

Al concluir, Espinoza indicó en la presentación del caso ante la Superintendencia de Educación en la Región de Los Lagos, que “es perfectamente posible colegir que a través de estos hechos arbitrarios se intenta modificar también el proyecto educativo del establecimiento educacional, lo que en hechos significaría “amarrar” a los apoderados a una situación que seguiría siendo susceptible de variación, lo que los deja en un estado de absoluta incertidumbre, no habiendo certeza de si va a continuar o no el mismo proyecto educativo por el cual hasta el día de hoy los apoderados eligieron el colegio”. Con esto, hizo un llamado a la actual superintendenta de Educación que dé a conocer si es legal, o no, lo que están haciendo estos sostenedores. «Si es ilegal se debe proteger a los padres y apoderados y a los alumnos de esta arbitrariedad», recalcó.

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