En 2004 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 19.932, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de contrato de promesa de compraventa de algunos bienes raíces y a la vez, criminaliza conductas constitutivas de estafa.
Esta ley, tuvo por objeto resolver la dificultad que surgía en aquellos casos en que el cliente anticipaba parte o la totalidad del precio a un agente inmobiliario y éste caía en quiebra, insolvencia o no concluía el proyecto, y el cliente perdía su anticipo.
No obstante, este proyecto de ley viene a fortalecer dos vacíos legales que presenta el artículo 138 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, haciéndola por un lado más extensiva de modo que incluya todo tipo de unidades vendibles, así como también todos los contratos relacionados a inmuebles que se quieran vender en el futuro.
El autor de este proyecto, el diputado Christian Matheson, señaló que “esta iniciativa viene dar mayores garantías a los compradores o clientes de inmuebles que estén en verde, es decir, proyectos que están en vías de construcción, porque amplía el beneficio del seguro no sólo a la casa, departamento u oficina que se está adquiriendo sino también a bodegas, estacionamientos o cualquier otro tipo de unidad en venta”.
“Por otra parte, además este proyecto de ley viene a incorporar todo tipo de contratos no solamente de compra y venta, sino también pactos de compra, contratos de reserva, entre otros”, puntualizó el parlamentario.
