17 de Noviembre del 2026.- La aplicación de la Ley N° 21.305 elevará desde 2027 el estándar base de eficiencia de los vehículos a 22,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente. Además, ese rendimiento se medirá con la metodología WLTC, más representativa de la conducción real, pero que arroja rendimientos más bajos. Aunque la regulación persigue el objetivo de contar con un parque automotriz más eficiente y carbono neutral, su implementación amenaza con impactar fuertemente el mercado de vehículos nuevos. ¿Es esto necesariamente negativo?
Es un hecho que los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos son más eficientes que los de combustión. Además, la diferencia de precio con estos se ha reducido lo suficiente como para considerar seriamente depender de la electricidad en vez de los combustibles. La ventaja no se limita al costo de la energía: los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles sujetas a desgaste, lo que abarata sus mantenciones de rutina. A esto se suma una oferta más amplia de eléctricos e híbridos a precios competitivos, lo que ha aumentado la preferencia por ellos a la hora de renovar el vehículo.
Sin embargo, tampoco hay que ignorar las barreras de entrada reales para la masificación de los vehículos eléctricos enchufables en Chile. De partida, no todos los dueños tienen acceso a un estacionamiento (domicilio o trabajo) que permita cargar su vehículo mientras está en desuso, ya sea porque no tienen estacionamiento propio o porque estacionan en edificios con restricciones técnicas o administrativas para disponer de puntos de carga.
A nivel logístico, algunos dueños hacen viajes largos (más de 400 km) relativamente frecuentes por zonas con baja cobertura de cargadores rápidos, lo que agrega complejidad en la planificación de recarga. Incluso en viajes cortos rutinarios entre casa-trabajo en entornos urbanizados, la disponibilidad de puntos de carga -particularmente rápida- sigue siendo inferior a la de bencineras en varias ciudades importantes. Aunque varía de manera considerable según la marca, el modelo y el año, la complejidad tecnológica de los vehículos eléctricos hace que se vuelvan obsoletos más rápido. Por eso, su precio de reventa cae más que el de los vehículos a combustión, una tecnología tradicional y consolidada. Además, sus repuestos y reparaciones por fallas imprevistas son más caros, y hay menos talleres capacitados para atenderlos. Finalmente, aunque el ahorro en combustible termine compensando el mayor precio de compra, muchas personas apenas disponen del dinero para financiar esa diferencia inicial.
La implementación de una ley que, en la práctica, le dé un empujón a la adopción de tecnologías de electromovilidad mediante la reducción artificial de la oferta vía regulación, puede generar distorsiones de mercado que generen descontento, incertidumbre y decisiones de compra erráticas y viscerales, particularmente en sectores de la población altamente vulnerables a los vaivenes de la economía, considerando el hecho de que la situación económica y el ánimo local está particularmente débil. Como país, la eficiencia energética y la reducción de la dependencia en combustibles fósiles es una decisión estratégica de largo plazo, y la decisión de apostar a la electromovilidad e incentivarla mediante regulaciones es la correcta. Pero lo anterior no implica que estemos impedidos de flexibilizar las metas, plazos y regulaciones para evitar tensiones sociales y estrés económico en el complejo contexto en el que el país se encuentra.
Dr. Alan Wilson Veas. Doctor en Ingeniería en Electrónica de Potencia por la Universidad Técnica de Dresde Alemania – Profesor investigador y académico del Centro de Transformación Energética de la Facultad de Ingeniería UNAB










