04 de Noviembre del 2026.- La apertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas ha generado un nuevo foco de tensión entre Chile y Argentina. La iniciativa contempla el traslado de alimentos y otros productos comerciales a bordo del buque chileno Danstar, mientras que desde Argentina han surgido cuestionamientos y propuestas para restringir este tipo de operaciones.
La controversia adquirió un nuevo alcance luego de que se conociera un proyecto de ley presentado en Argentina para impedir el tránsito, por aguas bajo su jurisdicción, de embarcaciones que presten apoyo logístico o comercial a actividades vinculadas con las islas.
En este escenario surge una pregunta relevante: ¿hasta dónde llegan las facultades de Argentina para intervenir un buque chileno que abastece las Malvinas?
Marcelo Pérez, analista internacional, explica que la respuesta depende de las normas que regulan la navegación y de los espacios marítimos por los que transite la embarcación.
“Una embarcación mercante chilena que transporta alimentos y productos comerciales hacia las islas Malvinas tiene, en principio, derecho a realizar esa navegación conforme a las normas internacionales de libertad de navegación”, señala.
El especialista precisa que Argentina puede ejercer las facultades de fiscalización reconocidas por el derecho internacional dentro de sus espacios marítimos, pero advierte que estas atribuciones tienen límites.
“Argentina puede ejercer las facultades de fiscalización que le reconoce el derecho internacional dentro de sus espacios marítimos, pero no puede detener arbitrariamente un buque extranjero por el solo hecho de abastecer a las islas”, sostiene.
¿Qué establece la normativa argentina?
Uno de los antecedentes de esta controversia es el Decreto 256/2010, mediante el cual Argentina estableció la exigencia de una autorización previa para determinadas operaciones marítimas entre su territorio continental y las islas Malvinas, así como para embarcaciones que atraviesen aguas bajo jurisdicción argentina con ese destino.
Para Pérez, la existencia de esta normativa no significa que Argentina pueda extender sus atribuciones a cualquier espacio marítimo.
“El Decreto 256/2010 expresa la posición normativa argentina, pero su aplicación a una embarcación chilena que navega fuera de la jurisdicción argentina plantea un problema de compatibilidad con el derecho internacional del mar”, explica.
El analista señala que es fundamental distinguir entre los distintos espacios marítimos. Argentina ejerce soberanía en su mar territorial y posee derechos soberanos sobre los recursos naturales de su zona económica exclusiva, pero estas facultades no equivalen a un control general sobre toda la navegación comercial.
“Argentina puede ejercer soberanía en su mar territorial y derechos soberanos sobre los recursos de su zona económica exclusiva, pero no tiene jurisdicción general sobre la navegación comercial de buques extranjeros en aguas internacionales”, puntualiza.
En ese contexto, una embarcación de bandera chilena puede invocar las normas de libertad de navegación y la jurisdicción del Estado de su pabellón, de acuerdo con el espacio marítimo en el que se encuentre.
Los intereses estratégicos detrás de la controversia
Más allá de sus implicancias jurídicas, la posible intervención de embarcaciones que abastecen las islas responde a una disputa territorial y geopolítica de larga data entre Argentina y el Reino Unido.
Según Pérez, Buenos Aires busca resguardar tres intereses fundamentales: su reivindicación de soberanía sobre las Malvinas, el control de recursos estratégicos del Atlántico Sur y evitar que terceros países contribuyan a consolidar la administración británica del archipiélago.
Desde esa perspectiva, el establecimiento de una ruta comercial desde Chile podría ser interpretado por Argentina como una contribución indirecta a la economía de las islas, cuya soberanía reclama.
Sin embargo, el especialista insiste en que es necesario diferenciar los objetivos estratégicos de las atribuciones jurídicas.
“Hay que distinguir entre los intereses estratégicos de Argentina y las facultades que le reconoce el derecho internacional. La reclamación de soberanía no le otorga jurisdicción general sobre embarcaciones extranjeras”, enfatiza.
Así, la controversia por el abastecimiento marítimo de las Malvinas plantea un desafío que trasciende la operación comercial de un solo buque: determinar hasta dónde puede llegar un Estado en la defensa de sus intereses territoriales sin sobrepasar las normas internacionales que protegen la navegación de embarcaciones extranjeras.
