22 de octubre, 2026.- La diputada por la Región del Biobío y actual integrante de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja, Marlene Pérez (Ind. UDI), anunció que durante los próximos días presentará un proyecto para prohibir que las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad puedan acceder al beneficio de rebaja de penas, inclusocuando los hechos hayan sido cometidos con anterioridad a la ley.
Al respecto, la parlamentaria dio a conocer la medida luego que esta mañana se revelara que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia autorizó 56 rebajas de condenas en el país, de las cuales 27 correspondían a abuso sexual contra menores de 18 años y 29 por violación.
En esa línea, si bien la integrante de la Bancada UDI coincidió con el Ejecutivo respecto del impedimento legal que existe para rechazar las solicitudes que previamente son validadas por las respectivas comisiones de beneficio de reducción de condena, como ocurrió en este caso, lamentó que de igual forma se vieran favorecidas decenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Lo anterior, porque a pesar de que en 2022 se modificó el sistema de reinserción social para justamente prohibir a los condenados por este tipo de delitos y a presidio perpetuo acceder al beneficio, sólo se puede aplicar a los hechos cometidos a partir de ese momento y no a los ocurridos con anterioridad.
Por lo mismo, la propuesta que elaborará la diputada Marlene Pérez tomará como referencia el espíritu de la Ley 21.160, que en 2019 declaró imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra los menores de edad, de manera que, una vez que entre en vigencia –en caso de aprobarse–, pueda aplicarse también a las solicitudes que se presenten por hechos cometidos incluso antes del año 2022.
«Estamos convencidos de que, así como fuimos capaces de avanzar en declarar imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra los menores de edad, pese a que durante mucho tiempo se consideró que todas las conductas debían prescribir en algún momento, hoy creemos que debemos hacer el mismo esfuerzo para impedir que quienes fueron condenados por estos graves hechos puedan acceder a rebajas en sus penas. Ya dimos un paso importante con la reforma aprobada en 2022, pero es fundamental encontrar una alternativa que permita extender dicha prohibición a las nuevas solicitudes, incluso cuando los hechos hayan sido cometidos antes de esa fecha», explicó la legisladora.
Por último, la parlamentaria de la UDI se refirió a los cuestionamientos realizados por la oposición, así como al anuncio de una interpelación al ministro de Justicia, Fernando Rabat, manifestando que «cuando hablamos de delitos tan graves,que terminan dejando secuelas de por vida en sus víctimas, lo mínimo que uno espera es que ningún sector de nuestra sociedad intente sacar un provecho político».
«Este tipo de situaciones exige que actuemos con responsabilidad y no con cálculos políticos. Lo que esperan los chilenos no son anuncios de interpelaciones ni acusaciones, sino que soluciones concretas que permitan evitar que esto vuelva a ocurrir. Y a eso nos vamos a dedicar», reiteró la diputada Pérez.
