24 de Septiembre del 2026.- En el marco de la discusión de la reforma al mercado de capitales impulsada por el Gobierno, el integrante de la comisión de Economía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, junto con la diputada Natalia Romero, anunciaron que rechazarán una polémica norma que busca modificar la Ley de Fraudes tras considerar que las víctimas de estafas bancarias quedarán «desprotegidas».
Se trata de una modificación a la Ley 20.009 que, entre otros cambios, propone rebajar el estándar de responsabilidad de las personas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, pasando de “culpa grave” a “culpa leve”, lo que a juicio de los legisladores y de varios expertos terminará debilitando la protección a los clientes al traspasarles una mayor carga frente a las operaciones fraudulentas.
En esa línea, si bien los parlamentarios gremialistas reconocieron la necesidad de enfrentar los casos de autofraude que se producen en el sistema, cuestionaron que las soluciones propuestas sean en desmedro de quienes efectivamente son víctimas de estafas, asegurando que son las propias instituciones bancarias las que tienen el deber de fortalecer sus mecanismos de seguridad.
«Nadie desconoce que se ha hecho un mal uso del sistema y que existen casos de autofraude que deben ser enfrentados con decisión, pero una cosa es perseguir a quienes han abusado del sistema y otra muy distinta es que las consecuencias las terminen pagando las personas que no tienen ninguna responsabilidad. Por lo mismo, no vamos a aceptar que, bajo el argumento de proteger al sistema bancario, se termine desprotegiendo precisamente a quienes más necesitan que las instituciones respondan cuando sufren de delitos bancarios «, criticaron los legisladores de la UDI.
Pero además, los diputados Sulantay y Romero advirtieron sobre los fraudes que tienen entre sus principales víctimas a los adultos mayores, que según la Subsecretaría de Prevención del Delito anotaron una histórica alza en el último tiempo, pasando de 1.969 casos en 2018 a 9.180 en 2025.
Por lo mismo, ambos parlamentarios cuestionaron que las modificaciones incorporadas en la reforma al mercado de capitales puedan terminar perjudicando a las personas mayores, quienes muchas veces enfrentan mayores dificultades para detectar posibles estafas. Así, reiteraron que “no vamos a aprobar una norma que termine debilitando la protección de quienes se encuentran en una situación de mayor vulneración”, agregando que “si los bancos cuentan con herramientas tecnológicas para detectar operaciones sospechosas, su deber es utilizarlas para prevenir estos delitos y proteger a sus clientes, no traspasarles la responsabilidad cuando algo termina fallando».
«Detrás de cada fraude bancario hay jóvenes, trabajadores, adultos mayores, familias de clase media e, incluso, personas de escasos recursos, quienes en cuestión de minutos pueden perder los ahorros de meses o de años. Por eso resulta inentendible que, frente a esta realidad, se pretenda debilitar la protección de miles de usuarios”, insistieron los diputados Sulantay y Romero, quienes finalmente manifestaron que “el Gobierno debe tener la disposición de modificar esta norma durante su tramitación y priorizar una legislación que, en lugar de dejar desprotegidas a las personas frente a estos delitos, fortalezca los mecanismos de prevención y seguridad de las instituciones financieras y permita perseguir con mayor eficacia a quienes cometen estos fraudes”.bidosResumir este correo
