25 de mayo del 2026.- Algunas decisiones políticas parecen técnicas, abstractas o demasiado complejas para la vida diaria. Se expresan con términos difíciles —“invariabilidad regulatoria”, “certeza jurídica”, “estabilidad para la inversión”— y parecen asuntos exclusivos de abogados, economistas o ministros. Sin embargo, si las interpretamos en el lenguaje de una familia que trabaja, pronto se descubre qué está realmente en juego.
En efecto, el gobierno está promoviendo un mecanismo que podría garantizar la invariabilidad de las inversiones por hasta 25 años, para inversiones que superen los 50 millones de dólares. En términos sencillos, esto proporciona a los grandes inversionistas una especie de garantía de estabilidad bajo ciertas reglas, lo que asegura condiciones relativamente previsibles para desarrollar sus proyectos sin cambios súbitos.
La cuestión, sin embargo, no es solo económica. Es profundamente política y ética: ¿por qué lo que parece razonable para el gran capital resulta imposible para las personas comunes? Imaginemos por un momento la vida de un trabajador asalariado en Osorno, Puerto Montt o Puyehue, cuya familia adquiere una vivienda con un crédito a 25 años, pero nadie puede garantizar que las tasas no cambien, que el empleo permanezca estable, que el costo de vida no aumente, que la UF no suba ni que nuevas obligaciones económicas afecten gravemente su presupuesto. Ni el pequeño comerciante, ni el agricultor familiar, y mucho menos el trabajador que vive mes a mes dependiendo de un sueldo, tienen invariabilidad.
¿Qué pasaría si un banco ofreciera a un empleado una cláusula similar a la del proyecto? Por ejemplo: “Durante veinticinco años, aseguramos que las condiciones esenciales de su economía familiar no cambiarán”. Esto parecería casi absurdo; muy pocas personas tienen una protección tan amplia frente a la incertidumbre. Aquí surge la metáfora de los piratas, ya que no siempre llegan con espada y bandera negra; a veces desembarcan con lenguaje técnico, informes financieros y promesas de crecimiento económico. Hablan de desarrollo — y ciertamente el país necesita inversión — pero la pregunta inevitable sigue siendo: ¿para quién y bajo qué reglas se busca ese desarrollo?
Chile necesita inversión; eso no se discute. La minería, la energía, la infraestructura y la industria requieren reglas claras para atraer capital. Sin embargo, una democracia madura también debe cuestionarse si las certezas económicas se convierten en privilegios cuando se vuelven demasiado asimétricas respecto de la vida de las personas comunes. Mientras a los grandes proyectos se les promete estabilidad durante décadas, las familias enfrentan una incertidumbre económica constante, con salarios que pierden poder adquisitivo, un aumento del endeudamiento, sistemas previsionales poco claros y servicios básicos cada vez más costosos. No se trata de demonizar la inversión, sino de plantear una pregunta mucho más sencilla y profundamente democrática: si el Estado puede brindar certezas a quienes poseen más de 50 millones de dólares, ¿por qué parece tan difícil ofrecer certezas mínimas a quienes apenas alcanzan a fin de mes con sus salarios?
Quizás la verdadera discusión del proyecto recae en una percepción más simple por parte de la ciudadanía. Cuando las reglas parecen favorecer a quienes ya tienen más, en lugar de apoyar a quienes buscan seguridad, la democracia empieza a asemejarse peligrosamente a un barco en el que unos pocos conocen el mapa del tesoro y los demás solo reman.
Dr. Carlos Delgado Álvarez – Licenciado en Ciencias del Desarrollo – Doctor en Ciencias de la Educación
