16 de diciembre del 2025.- Haber promulgado recientemente una reforma sustantiva al sistema de pensiones no debiera servir como excusa para eludir un debate que, por razones demográficas y fiscales ampliamente documentadas, es ineludible. Por el contrario, la implementación de esta reforma exigirá nuevas adecuaciones y ofrece una oportunidad para abordar el tema con la anticipación y la evidencia que antes nos han faltado.
Elevar la edad de jubilación para quienes hoy ingresan al mercado laboral debiera ser trivial. La realidad futura sobre longevidad y condiciones de salud a edades avanzadas probablemente superará incluso los escenarios más optimistas de hoy. Es razonable asumir que quienes tienen 20 años en la actualidad llegarán a los 60 o 65 con capacidades laborales superiores a las de generaciones previas.
Del mismo modo, es imprescindible definir desde ya las reglas aplicables a quienes están en sus cuarentas. Los cambios en la edad futura de retiro impactan las decisiones laborales, de ahorro y de acumulación de capital humano. No es responsable improvisar cuando estas personas estén próximas a la edad de jubilación y ya no sea posible ajustar sus trayectorias laborales o previsionales.
Sin embargo, elevar la edad de retiro de forma responsable exige reconocer que los promedios ocultan desigualdades profundas. No basta con mirar la expectativa de vida promedio por sexo; es indispensable considerar las diferencias asociadas al nivel socioeconómico y a la condición de salud. Evidencia reciente lo documenta con claridad: estudios como Orrego (2025) estiman brechas de hasta diez años en la expectativa de vida a los 65 años entre grupos educativos altos y bajos. Ese tipo de heterogeneidad tiene consecuencias directas en la equidad de cualquier reforma.
La evidencia acumulada nos muestra un patrón conocido: así como un aumento excesivo del salario mínimo afecta de manera desproporcionada a los trabajadores de menor productividad, un incremento desmedido en la edad de jubilación impacta con mayor fuerza a quienes enfrentan peores condiciones de salud y menos alternativas laborales. En esos casos, el “trabajo involuntario” deja de ser una excepción y se transforma en un riesgo cierto si el diseño no considera adecuadamente estas diferencias.
Nuestra historia reciente debiera servirnos de advertencia. En la reforma de pensiones de 2008 llegamos tarde: recién entonces tomamos conciencia de que la mayoría de las personas desconocía cuánto cotizaba y cuánto pagaba en comisiones, y ni siquiera contábamos con datos centralizados sobre densidad de cotizaciones. En la reforma aprobada este año también llegamos con retraso, pese a saber desde hace décadas que una tasa de cotización del 10% era insuficiente para asegurar pensiones adecuadas.
Evitar un tercer retraso requiere reconocer que el país se está quedando sin tiempo. La demografía no espera. Abrir ahora un debate serio, informado y técnicamente riguroso es la única forma de diseñar una transición justa y sostenible hacia edades de retiro compatibles con la realidad del siglo XXI.
Julio Guzmán Cox – Académico Facultad de Economía y Negocios U. Andrés Bello
