10 de Juulio del 2025.- Detrás de estas cifras hay historias de dolor, pero también de capacidad de recuperación. Sin embargo, recientes mediciones sobre bienestar subjetivo – evaluación que los niños hacen respecto de sus propias vidas- revelan una realidad preocupante: las niñas reportan niveles significativamente más bajos de satisfacción vital y afecto positivo en comparación con los niños.
Esta diferencia de género no es menor. Los datos confirman que las niñas no solo enfrentan mayores riesgos de victimización, sino que también experimentan un mayor impacto emocional tras situaciones de vulneración. Esto evidencia la necesidad de incorporar un enfoque de género en el diseño de políticas y programas de protección, que reconozca y aborde las experiencias diferenciadas de niños y niñas en contextos de adversidad.
Además, los datos muestran que quienes participan en programas preventivos presentan mejores indicadores de bienestar subjetivo que aquellos derivados a intervenciones especializadas o a programas por maltrato grave. Este hallazgo refuerza la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención temprana, antes de que los daños se profundicen.
Otro dato clave es el impacto de la participación activa. Cuando niños, niñas y adolescentes sienten que su voz es escuchada y tomada en cuenta en decisiones que afectan su vida cotidiana, su bienestar emocional mejora considerablemente. La participación no solo es un derecho garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también un factor protector frente a la adversidad.
Si bien Chile ha dado pasos importantes con la creación del nuevo Servicio de Protección Especializada y la aprobación de la Ley 21.430 sobre garantías de derechos, los desafíos persisten. Incorporar de forma efectiva la perspectiva de niños, niñas y adolescentes en el diseño, implementación y evaluación de los programas es esencial para avanzar hacia una protección que no solo repare, sino que también promueva bienestar. De esta forma, escuchar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el Sistema de Protección Especializada no puede seguir siendo una opción, sino, es una obligación ética, social y política.
Dr. Miguel Salazar Muñoz – Académico carrera de Psicología – Universidad San Sebastián Sede De la Patagonia
