30 de abril del 2025.- Más allá de la legítima preocupación de la opinión pública por la seguridad, que lleva a la discusión recurrente –pese a que es contraria a la evidencia– de aumentar el castigo para los delincuentes, ¿estamos haciéndonos cargo de mejorar las posibilidades de reinserción de quienes están por salir de la cárcel?
Diversos estudios señalan que la mayoría de las personas privadas de libertad tienen en común factores estructurales que influyen en su involucramiento en trayectorias delictivas, tales como la pobreza y exclusión social, bajos niveles de escolaridad, escaso acceso a la salud y vivienda, abandono temprano del hogar, violencia, y consumo problemático de alcohol y drogas. Muchos de estos factores se agudizan tras el paso por la cárcel. La mayoría de estas personas no cuentan con herramientas ni redes para hacer un cambio en su situación, y enfrentan serias dificultades para su reinserción social, como la falta de acceso al trabajo formal. Ello redunda en el aumento de las probabilidades de reincidencia.
Los datos son elocuentes: quienes participan en programas de reinserción reinciden mucho menos. Mientras que el 47% de las personas recluidas, que no tienen acceso a programas de reinserción ni beneficios, tuvo una nueva condena 2 años después de su egreso; entre quienes sí participaron en dichos programas, la reincidencia baja al rango 18% a 26%. Esto no es casualidad: las condiciones de vida dentro de las cárceles, el acceso a capacitación, trabajo y apoyo psicológico, y el acompañamiento tras la salida marcan la diferencia.
Reinsertar a las personas que pasaron por el sistema penitenciario no es un acto de ingenuidad, es una estrategia de seguridad. No se trata solo de dar una segunda oportunidad, sino de entender que prevenir la reincidencia a través de programas de reinserción es más eficaz —y humano— que castigar una y otra vez. Cada persona que logra integrarse a un trabajo digno, que forma parte de una comunidad, que recupera el vínculo con su familia, es una persona que deja de representar un riesgo para su entorno.
Mientras que la discusión pública se centra constantemente en endurecer el castigo, pensamos que debemos empezar a preguntarnos “¿qué podemos hacer, como sociedad, para promover oportunidades que disminuyan la reincidencia de las y los infractores de ley?” Cuando una persona se reinserta con éxito, ganamos todos: en seguridad, en cohesión social, en humanidad.
Bernardita Frez – Directora Ejecutiva Juntos por la Reinserción, 3xi
