En el contexto de la Comisión Especial Investigadora N°57, que analiza una serie de irregularidades, relacionadas con la ejecución de programas que propician el acceso de niños a intervenciones hormonales, la parlamentaria solicitó a la Contraloría General de la República, para que se remitan los antecedentes relacionados con la toma de razón del Decreto Supremo N° 3 de 2019, emanado del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Artículo 26 inciso primero de la Ley N° 21.120, que reconoce y da protección al Derecho a la Identidad de Género.
En el documento oficial, la parlamentaria sostiene que en 2019 hubo a lo menos 4 reuniones de revisión y/o análisis, sobre las cuales no existen actas que permitan saber qué sucedió y que antecedentes se tuvieron a la vista para proceder a lo toma de razón por parte del ente contralor.
«Esto es grave. En la Comisión Especial Investigadora sobre iniciativas que propician el acceso de menores de edad a programas que los impulsan a la hormonización, hemos descubierto una serie de situaciones anómalas, entre ellas, la discordancia que existe entre el reglamento en cuestión, la Constitución Política y la normativa vigente en materia de protección de derechos de los niños”, puntualizó Muñoz.
Asimismo, cuestionó la legalidad del contenido del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento, por exceder el mandato legal, contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el derecho a la integridad psíquica y física de NNA.
Así, la parlamentaria solicitó las actas de las reuniones que tuvieron lugar en la tramitación del Reglamento ya referido. Además, solicitó a la Contralora informar acerca de la existencia de sumarios o procedimientos disciplinarios asociados a eventuales irregularidades en el proceso de toma de razón.
