Por una amplia mayoría, esta tarde la Cámara Baja aprobó -en último trámite constitucional- un proyecto de ley que ingresó en 2022 un grupo de diputados de la Bancada UDI, liderados por Cristóbal Martínez, para establecer el uso de un cargador universal en todo el país, tanto para los celulares como también para otros tipos de dispositivos móviles, como relojes, audífonos y tablets.
Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que, con esta última aprobación, sólo resta que el Gobierno promulgue la iniciativa para que se convierta en ley, estableciendo un plazo de 24 meses para que los celulares se adapten a la normativa y de cuatro años para el resto de los dispositivos.
En esa línea, Martínez aseguró que el principal objetivo para haber presentado el proyecto hace más de dos años fue la enorme contaminación electrónica que generan los cables en desuso, lo que lamentablemente ha ubicado a Chile como el segundo país de Latinoamérica que más basura genera, lo que está asociado principalmente a la mayor facilidad que existe para acceder a estos aparatos.
“Estamos muy satisfechos de que finalmente se haya aprobado este proyecto y que nos convirtamos en el primer país de toda la región en establecer un cargador universal para la mayoría de los dispositivos electrónicos. Cuando presentamos esta iniciativa, muchos la consideraron bastante insignificante, pero al tomar conocimiento de la gran cantidad de basura electrónica que generamos a diario como sociedad, y también al ver que en la Unión Europea también están avanzando en la misma dirección, comenzó a tomar fuerza al punto de hoy convertirse en ley”, destacó el integrante de la Bancada UDI, quien además pertenece a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.
Respecto a los detalles, Martínez precisó que será el Ministerio de Economía el encargado de elaborar un reglamento que no sólo definirá los tipos de dispositivos que deberán someterse a la nueva normativa, sino que también establecerá el tipo de puerto que se utilizará. En esa línea, si bien se prevé que en un comienzo se escoja el conector USB Tipo-C, por la masividad que ha tenido, el parlamentario explicó que siempre podrá ir modificándose de acuerdo al avance de la tecnología.
De esta forma, la nueva ley dispondrá que “los proveedores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, a través de una interfaz y protocolo de comunicación combatible”. En caso de no cumplir con lo anterior, las compañías arriesgarán multas que irán entre las 300 y las 1.500 UTM.
“Por supuesto que esta nueva ley también vendrá a brindar una mayor comodidad para las personas, porque a todos nos ha pasado que necesitamos cargar nuestro celular y no encontramos un enchufe que sea compatible. Pero el mayor beneficio, sin duda, estará en la disminución de toda la basura electrónica que generamos a diario en nuestro país y que pasa desapercibida”, sostuvo Martínez.
