Los parlamentarios de la UDI indicaron que durante la tarde de este viernes enviaron un oficio al Ministerio Público solicitando que, en el marco de las pensiones de gracia otorgadas con ocasión del “estallido social”, puedan extender su investigación de oficio también hacia los beneficiarios, por los eventuales delitos que podrían existir.
Lo anterior, luego que esta semana la Contraloría General de la República diera a conocer una serie de irregularidades que se cometieron durante la entrega de dicho beneficio, lo que incluso terminó provocando que se favoreciera a personas condenadas por abuso sexual, producción de material pornográfico infantil y homicidio, entre otros delitos de “gravedad”, según expuso ayer el organismo.
En ese sentido, los parlamentarios solicitaron -en su escrito- que la Fiscalía abra una arista por la eventual “obtención fraudulenta de prestaciones sociales” (Artículo 470 N°8 del Código Penal), además de los otros delitos que se puedan ir detectando durante el transcurso de la indagatoria.
“La contundente auditoría que realizó la Contraloría no sólo dio cuenta de los innumerables errores administrativos e, incluso, legales en que incurrieron todas las autoridades encargadas de validar y aprobar las pensiones de gracia, sino que también deja en evidencia la información confusa, errónea y hasta inexistente que habrían presentado algunos de los postulantes, lo que a nuestro juicio amerita que la Fiscalía pueda investigar la eventual intencionalidad o dolo con que actuaron parte de los beneficiarios, justamente para favorecerse con una pensión”, señalaron Coloma, Leal y Pérez.
Al respecto, el delito al que los parlamentarios gremialistas hicieron mención apunta a quienes “fraudulentamente obtuvieron del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas”, castigando a sus autores incluso con penas que son privativas de libertad.
Para dichos efectos, los diputados Coloma, Leal y Pérez se remitieron a lo que señaló expresamente la propia Contraloría, al detectar una serie de casos donde, por ejemplo, no se presentaron los antecedentes médicos que se exigían, documentos que daban cuenta del buen estado de salud de los postulantes, informes médicos que no tenían relación con la supuesta lesión que sufrieron, certificados sin diagnósticos, registros poco legibles e, incluso, documentos previos a octubre 2019.
“Tratándose de millonarios recursos públicos que le pertenecen a todos los chilenos, es fundamental que la Fiscalía investigue a quienes, fraudulentamente, habrían obtenido una pensión. La Contraloría fue absolutamente clara en determinar que durante las postulaciones hubo personas que no presentaron antecedentes médicos o que entregaron informes contradictorios, de manera que podríamos estar frente a un eventual delito que, por cierto, debe investigarse”, concluyeron.
