Este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los detalles del Proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, enmarcado en las iniciativas del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. El texto será ingresado antes del receso legislativo al Congreso Nacional.
Este proyecto de ley busca recaudar 1,5% del PIB a través de 7 ejes temáticos: i) Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; ii) Control de la informalidad; iii) Delitos tributarios; iv) Planificación tributaria agresiva; v) Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente; vi) Regularización de obligaciones tributarias; vii) Fortalecimiento institucional y probidad.
Con los recursos que provengan de esta iniciativa, se podrá financiar más de la mitad de los compromisos establecidos en el Pacto, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, incrementar el financiamiento para seguridad pública, reducir los tiempos de espera en salud y desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados.
Este proyecto, además, se complementa con los de Inteligencia Económica y el de Registro de Beneficiarios Finales, contribuyendo al combate contra el crimen organizado, el comercio informal, a fomentar la libre competencia y fortalecer el principio de igualdad ante la ley.
El ministro recalcó el trabajo que ha requerido este proyecto durante un año y por lo mismo espera celeridad en su tramitación: “Cada día que pasa, que se demora en adoptar estas medidas, son decenas, cientos o millones de dólares que se pierden a través de fraudes tributarios, y nosotros no estamos dispuestos a darle más tiempo a quienes evaden o abusan del sistema tributario”.
El centro de este proyecto no implica un aumento de la carga tributaria de los contribuyentes, sino más bien que se cumplan las normas tributarias vigentes. La comisión de delitos tributarios impacta directamente en los ingresos fiscales. Por lo mismo, los delitos tributarios deben ser combatidos con la misma fuerza que se persiguen otros delitos asociados al fraude al fisco pues no sólo dañan la fe pública sino también impiden el financiamiento de políticas sociales que van en beneficio de sectores mayoritarios en el país.
