Las diputadas de la Bancada UDI, Natalia Romero y Marlene Pérez, exigieron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que le solicite al Presidente Gabriel Boric revocar -a la brevedad posible- la pensión de gracia que desde marzo de 2023 recibe un hombre de 51 años que mantiene en su contra dos condenas por violencia intrafamiliar (VIF), y que se suma al caso de otra persona que, pese a tener un prontuario por dicho delito, también fue beneficiado con la medida.
Al respecto, las parlamentarias calificaron como “inaceptable” y una “incoherencia” por parte del Ejecutivo haber otorgado las pensiones, pese a los graves antecedentes judiciales que mantienen.
Por lo mismo, y considerando que -después de dos semanas en que se negaron- el Ejecutivo finalmente accedió a dejar sin efecto algunas de las pensiones de gracia otorgadas en el marco del “estallido social”, las diputadas Romero y Pérez exigieron que el proceso parta con el caso de los dos beneficiados con antecedentes por violencia intrafamiliar, advirtiendo que “sería completamente inentendible que este gobierno, que se erige como feminista, se niegue a revocar estos decretos”.
“Resulta absolutamente incomprensible que se le haya otorgado una pensión de por vida a dos personas que desde hace varios años que mantienen antecedentes por VIF, uno de ellos incluso con dos condenas por dar golpes de puño reiterados en el cuerpo y la cabeza de su cónyuge. Con esto, las actuales autoridades, que se han autodenominado como el primer gobierno feminista de Chile, le han faltado gravemente el respeto a todas las víctimas de violencia intrafamiliar de nuestro país, al haber premiado con este beneficio a dos cobardes agresores”, cuestionaron ambas legisladoras.
Sin embargo, las diputadas Romero y Pérez manifestaron su preocupación a raíz de los distintos criterios que el Gobierno ha definido para dejar sin efecto los decretos, luego que señalaran que revisarán sólo los casos de las personas que hayan delinquido después de haber recibido el beneficio.
Producto de lo anterior, las integrantes de la Bancada UDI apuntaron directamente a la ministra Antonia Orellana, advirtiendo que “la única manera de demostrar el verdadero compromiso que esta administración dice tener con las mujeres, es revocando de inmediato estas dos pensiones”.
“Si el Gobierno y, en especial, el Presidente Boric insisten con dejar sin efecto sólo las pensiones de quienes hayan delinquido posterior a haber recibido el beneficio, estas dos personas con graves antecedentes por violencia intrafamiliar, incluso con condenas, van a seguir cobrando todos los meses su pensión. Por lo que si las actuales autoridades realmente pretenden estar del lado de todas las mujeres de nuestro país, la única alternativa es que revoquen a la brevedad posible estos decretos. Y así esperamos que lo pueda anunciar la ministra Orellana”, reiteraron las parlamentarias.
