Al respecto, la también vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados señaló que “acá hay que separar la discusión, porque una cosa es pretender retroceder o incluso terminar el proceso de desmunicipalización, de lo que nosotros no seríamos para nada partidarios, ni se lo he escuchado decir a ninguno de los profesores y profesoras movilizados en Atacama ni en el resto del país. Pero otra cosa bien distinta es lo que hemos planteado a la luz, no solo de la situación crítica de Atacama sino en otros puntos del país, que han revelado grandes debilidades que hay que corregir y fortalecer en la ley. Y creemos que mientras eso no ocurra, no podemos continuar con el traspaso de la educación a los SLEP”, recalcó.
Asimismo, la diputada Cicardini recordó que hay un proyecto ingresado al Senado, durante la gestión del exministro Marco Antonio Ávila, en esta materia. Sin embargo, apuntó a que “era solo un maquillaje que no resolvía los problemas de fondo. Nosotros se lo hemos hecho ver al ministro Cataldo, quien dijo estar consciente, y se comprometió a ingresar una indicación sustitutiva a este proyecto que yo espero permita corregir temas de burocracia, de recursos, de profesionales capaces y una adecuada dotación, sin olvidar controles y fiscalizaciones más eficientes”.
Riesgo de corrupción
En tanto, en otra arista de la crisis que mantiene a cerca de 30 mil estudiantes sin clases en la región, consultada al respecto, la parlamentaria descartó que las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sobre los indicios de corrupción en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de la zona dificultarían la entrega de soluciones.
“Lo que plantea el ministro respecto al riesgo de corrupción por cierto que es grave y es preocupante, pero de alguna manera ya lo dejaba entrever una auditoría del Mineduc y el resultado del informe que pedimos junto a los profesores y profesoras a la Contraloría. Por lo tanto, si existen estas sospechas, el ministro está haciendo lo correcto y cumple con su deber al remitir los antecedentes a Contraloría, a la Fiscalía, y con la contratación de una auditoría forense”, señaló Cicardini.
En esa línea, enfatizó que la investigación corre por un carril distinto a las demandas de la comunidad educativa, indicando que “no es excusa ni impide dar respuesta a los problemas tan básicos urgentes y de corto plazo como reparar una puerta, darles agua y luz a las escuelas, arreglar los baños y controlar plagas de palomas y ratones. Esto es lo mínimo que exigen hoy los profesores y profesoras para poder retomar las clases y no seguir perjudicando la educación de los estudiantes de Atacama”.
