Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Educación de la Cámara Baja, Eduardo Cornejo y Sergio Bobadilla, acusaron al Frente Amplio (FA) de demostrar una “falta de ética” en política, tras impulsar -a menos de dos semanas del plebiscito constitucional- la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) sin que existiera una fuente de financiamiento para dicho proyecto.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas incluso hicieron mención a las recientes declaraciones del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien además de evitar dar detalles sobre dónde obtendrán los recursos para la condonación, reconoció que “el nivel que comprometería una decisión de esa naturaleza supera con creces la capacidad fiscal de nuestro país”.

Por lo mismo, y ante la insistencia de diversos sectores del Frente Amplio por avanzar ahora en dicha medida, pese a que el proyecto se presentaría recién durante el primer semestre de 2024, los diputados Cornejo y Bobadilla manifestaron que “el ofertón que está haciendo la izquierda demuestra la falta de ética y la degradación moral en la que han caído”, insistiendo en que “un anuncio de este tipo, ad portas de una elección, sólo da cuenta de lo bajo a lo que pueden llegar”.

“Es evidente que al FA no le interesan los más de 50 mil estudiantes que desertaron del sistema escolar ni el millón de alumnos que registra una inasistencia grave. Tampoco vemos que les preocupa la grave crisis generada con los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ni mucho menos están interesados en erradicar la violencia escolar y proteger a los estudiantes que sí quieren aprender, porque de lo contrario no estarían presionando al país para que destine más de US$ 10 mil millones a la condonación del CAE, sabiendo todas las otras urgencias que existen en Chile”, cuestionaron.

De hecho, los integrantes de la comisión de Educación manifestaron que “es evidente que los parlamentarios del Frente Amplio saben que una medida como esta es absolutamente impagable, y así al menos lo ha deslizado el ministro Elizalde”, por lo que agregaron que “seguir insistiendo con la condonación de una forma tan irresponsable como esta, sin una fuente de financiamiento ni un cronograma establecido, sólo demuestra que están utilizando a los deudores para fines electorales”.

“Lamentablemente, el Frente Amplio se está acostumbrando a hacer política por medio del engaño. Así lo hemos visto durante la campaña de cara al plebiscito constitucional, como también con el denominado ‘Caso Convenios’ y ahora con este anuncio que carece de toda responsabilidad. Y lo hacen porque ha quedado en total evidencia que el cartel de ‘defensores de la educación’ con la que llegaron al poder no lo han cumplido, por lo que sólo les queda recursos a viejas promesas, como la condonación del CAE, que saben que es inviable”, concluyeron los diputados Cornejo y Bobadilla.

Fueron varias las razones que el Senador por la región de Los Lagos, Carlos Ignacio Kuschel votó en contra del Presupuesto 2024, entre ellas, la inseguridad, retraso en obras públicas, viviendas, narcotráfico, inflación, desempleo, centralismo, todos, hechos que viven a diario los habitantes de la zona y el país.

El parlamentario señaló que la ciudadanía ha cambiado sus hábitos por la inseguridad, “en mi región, el 58,2% de la gente evita salir de noche, han cambiado sus horarios de salida, en un 30%, han alterado las rutas que utilizaban para desplazarse, no utilizan el transporte público en más del 20% y lo más grave que ya están empezando a utilizar un GPS personales”.

Otros de los argumentos que explicó Kuschel fue el aumento de un 13% al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que en comparación con otros ministerios es bastante, “mi impresión, desde mi región (Los Lagos), es muy mala respecto a las actividades de este ministerio. En primer lugar, sufrimos el retraso de cuatro hospitales que tuvieron que someterse a análisis arqueológicos que tardaron meses e incluso años. Por séptima vez se paraliza la construcción de la doble vía  Chacao-Quellón. La circunvalación de Castro ha quedado paralizada y tengo la peor impresión del trabajo de este ministerio y en mi región ha significado el retraso de miles de millones de dólares en obras”.

También el Senador preguntó en su intervención  ¿Cómo se cumplirá el plan de emergencia habitacional en mi región?, ya que tiene un retraso que alcanza más o menos, un tercio de lo anunciado.

“Tenemos un gran vacío de proyectos. No hay suficientes planes para llegar a esa cifra. Al mismo tiempo, mi región es la que tiene el mayor número de campamentos. Aquí viene gente del norte que busca mejores oportunidades, tal vez a causa del cambio climático. Y quiero saber cómo se va a recuperar este número”.

Muchos de los Senadores, pese a votar a favor plantearon que el presupuesto no se condice con los ingresos proyectados y que en un escenario de crisis económica es fundamental no dilapidar recursos, hacer que el país produzca más, estar atentos a los gastos y hacer los recortes necesarios.

Si bien hubo un consenso en torno a que el proyecto despachado es mejor que el que ingresó hace dos meses, se señaló que quedaron varios aspectos pendientes que deben ser considerados.

El jefe de la Bancada UDI, Guillermo Ramírez, junto a los diputados de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira y Cristián Labbé, oficiaron a la Cancillería para conocer cuáles fueron las gestiones -si es que las hubo- que realizó la ex embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa (PC), en relación con el proceso de extradición de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del homicidio en democracia del senador Jaime Guzmán.

Al respecto, si bien valoraron las recientes declaraciones del nuevo representante del país en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, respecto a que harían “lo posible” por conseguir la extradición del ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, los parlamentarios gremialistas lamentaron que durante más de un año y medio no hayan existido mayores avances, al menos de forma pública.

En ese sentido, Ramírez recordó que en abril del año pasado, durante la primera visita que realizó el Presidente Gabriel Boric a Argentina, se comprometió a tratar el asunto con su par Alberto Fernández, quien al día siguiente incluso manifestó que la extradición de Apablaza se debía resolver en sede judicial y no administrativa, dando cuenta así de su voluntad de que el proceso avance.

“Valoramos de forma muy importante las primeras declaraciones del nuevo embajador de Chile en Argentina, porque nos permiten pensar que la necesaria extradición de un terrorista como Galvarino Apablaza podría concretarse en el mediano plazo. Sin embargo, es muy lamentable que tuviera que salir la embajadora del Partido Comunista para que recién, en más de un año y medio de gobierno, tengamos alguna novedad respecto de este proceso”, cuestionaron los diputados de la Bancada UDI.

Justamente, Ramírez, Moreira y Labbé recordaron que en marzo del año pasado, cuando se rumoreaba sobre la posible designación de Bárbara Figuera como embajadora de Chile en Argentina, le enviaron una carta al Presidente Boric advirtiendo sobre las graves consecuencias que dicho nombramiento podría tener en el proceso de extradición de Apablaza, fundamentalmente por la “justificación” que el Partido Comunista históricamente ha hecho del asesinato de Jaime Guzmán.

Por lo mismo, y ante la abismal diferencia que quedó demostrada entre la militante comunista y Viera-Gallo, los parlamentarios aseguraron que resulta “indispensable” que la Cancillería de Chile “transparente si es que hubo alguna gestión que haya realizado la ex embajadora Figuera, porque tenemos la legítima sospecha de que se convirtió más bien en un obstáculo que en una solución”.

“Escuchando al nuevo embajador de Chile en Argentina, queda en evidencia que es altamente probable que Bárbara Figueroa no haya hecho ningún esfuerzo por extraditar a este terrorista. Por eso nos parece importante que la Cancillería transparente esta información, porque confirmaría muchas sospechas respecto de la complicidad del PC con el terrorismo”, reiteraron los legisladores.

Con el fin de “terminar con los abusos de las grandes empresas”, la diputada socialista Daniella Cicardini, junto al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, y los parlamentarios del PS Daniel Manouchehri y Ana María Bravo, presentó el proyecto de ley que establece el deber de distribuir la carga de prueba en la Ley del Consumidor.

La iniciativa busca invertir la carga de la prueba a quienes están en mejores condiciones o facilidades de acceso a las medidas de prueba cuando lo solicita un juez o un tribunal. En este caso, las empresas respecto a la situación de los usuarios o consumidores.

“Hoy día nuestra legislación establece que quien realiza una demanda es sobre quién finalmente recae la carga de la prueba ante lo que uno está reclamando. Evidentemente aplicar eso en el mundo de los consumidores es muy complejo y hay una desventaja significativa entre las personas y las grandes empresas que son poderosas. Es como una pelea entre David contra Goliat”, graficó Cicardini.

En esa línea, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, indicó que “cuando estamos viviendo situaciones de inseguridad en nuestro país, cuando la gente se siente insegura incluso para ir a un centro comercial y exponerse ante un robo de un vehículo, inclusive en los estacionamientos, este proyecto de ley estaría protegiendo a los clientes. Porque no serían precisamente las personas que van a tener que entregar las pruebas que muchas veces son muy difíciles de acceder, como los vídeos de las cámaras de video vigilancia, sino que va a tener que ser el centro comercial. Por lo tanto, es este último el que va a tener que responder ante un robo de un cliente y eso es tremendamente importante”. 

Al respecto, Hernán Calderón de Conadecus destacó que esta es una buena noticia “porque los consumidores van a tener juicios más justos y van a poder hacer efectivo el derecho que tienen, cuando demandan, de que los jueces obliguen a las empresas a entregar la información para probar que no han cometido infracciones y no dejarle la carga de la prueba a los consumidores. Es un avance importante para la protección de los consumidores.”

Asimismo, Calderón recalcó que, aún cuando un juez determine bajo su criterio invertir la carga de la prueba, “muchas de las empresas se niegan y no entregan la información suficiente para probar que han cometido infracciones o simplemente no han probado lo contrario de lo que está afirmando el demandante. En este caso nos parece que se termina con esta asimetría que existe, que quien tiene la información no la quiere entregar para que no se pruebe que cometió delito, infracciones o malas prácticas”.

Situaciones como el Caso La Polar

Para ejemplificar los alcances de este proyecto de ley, Daniella Cicardini evocó el conocido “Caso La Polar”, donde la multitienda comercializó ropa de marcas falsificadas y posteriormente los tribunales le pedían las pruebas a los consumidores para acreditar que compraron estas prendas adulteradas.

“Con este proyecto de ley va a ser la empresa, el centro comercial, la que va a tener que entregar las pruebas para demostrar que está vendiendo ropa auténtica, esa es la gran diferencia. Este proyecto de ley va en la línea de muchos otros proyectos con la defensa y la protección de los consumidores, porque son los más desvalidos o los que tienen menos condiciones, menos recursos para poder defenderse contra grandes empresas”, señaló.

El diputado socialista Daniel Manouchehri, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, valoró el ingreso de este proyecto de ley, destacando que “termina con una injusticia. Porque cuando una persona, por ejemplo, le roban su vehículo, es la persona la que tiene que aportar las pruebas para demostrar que le robaron en un centro comercial su vehículo, pero quien tiene las pruebas es justamente la persona que van a demandar. Entonces se pueden negar a aportar esas pruebas volviéndose una situación difícil para la gente, donde hay que aportar abogados, peritaje, una serie de situaciones que hacen imposible a las personas poder resguardar sus derechos del consumidor”. 

“Es por eso que este es un buen proyecto de ley que viene a defender a la gente y que viene a hacer justicia ante los abusos a los derechos del consumidor”, señaló el parlamentario por la Región de Coquimbo.

En tanto, la diputada Ana María Bravo, también integrante de la comisión, apuntó a que “esta modificación a la ley 21.081, que rige desde el año 2018, al establecer y cambiar este ‘podrá el juez solicitar antecedentes a las empresas’ en un ‘deberá’, realmente es una garantía para que los derechos de los consumidores puedan efectivamente ser ejercidos por ellos”.

“Como legisladores debemos proteger a la parte más débil. Y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley de la diputada Cicardini, el que también nosotros apoyaremos fuertemente, ya que de esta forma y conjunto con la normativa y también el proyecto de ley presentado por el Gobierno, debemos aunar fuerzas para proteger efectivamente a los consumidoras y consumidores de nuestro país”, agregó la diputada, subjefa de la Bancada PS.

En el marco de la discusión y los diálogos para alcanzar un Pacto Fiscal, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer el informe “Revisiones Selectivas del Gasto en Chile: Plan de acción”, solicitado por el Ministerio de Hacienda. El informe calculó el ahorro que podría generarse tras la revisión de gasto en determinados ítems presupuestarios, además de proponer seis recomendaciones con once acciones para el proceso.

Las Revisiones de Gasto corresponden a un análisis sistemático y en profundidad de la base del gasto público, con el objetivo de detectar ganancias de eficiencia y oportunidades de racionalizar gasto que no es efectivo o de baja prioridad, mediante un esfuerzo coordinado entre ministerios. De esta manera, las RG pueden contribuir a alcanzar metas de consolidación fiscal y/o a la reasignación de recursos para otras políticas prioritarias; aunque cada país determina el propósito, lo que demuestra que las revisiones de gastos son una herramienta flexible que se adapta a distintos contextos.

Siguiendo las sugerencias entregadas por la OCDE y tomando en cuenta la experiencia de otros países pertenecientes a la organización, el Ministerio de Hacienda identificó cuatro áreas potenciales en las que realizar Revisiones de Gastos Selectivas (RSG): gastos operativos, gastos en tecnologías de la información (TI), bienes raíces y un porcentaje del gasto en personal. Para identificar el gasto en cada una de esas áreas, la Dirección de Presupuestos (Dipres) identificó en el Presupuestos 2022 gastos que han sido parte de RGS llevadas a cabo previamente por otros países de la OCDE, tales como mantenimiento y reparaciones, servicios generales, arriendos de inmuebles, servicios técnicos y profesionales, y equipos y programas computacionales.

La Dipres ponderó el gasto incurrido durante 2022 en cada una de las áreas anteriormente señaladas por el ahorro porcentual identificado en las RGS implementadas en países de la OCDE, para usarlas como referencia. Este ejercicio estimó un ahorro potencial de entre el 0,11% y el 0,13% del PIB en total a mediano y largo plazo, que se materializaría en el marco de una programación plurianual.

Cabe señalar que la estimación realizada por la Dipres es una aproximación inicial de los ahorros potenciales que podrían generarse mediante la implementación de RGS, extrapolando los ahorros identificados en otros países OCDE. Dichos resultados pueden variar dependiendo de las características particulares de cada país.

“Hay dos cosas que este informe no es: no es lo mismo que una evaluación de programas porque en este plano se busca mejorar lo que el Estado hace, aunque no implique ahorrar. Tampoco es un presupuesto de base cero en el sector público. Este informe tiene relación con buscar componentes susceptibles de ahorrar, una manera de dimensionarlo es compararlo con la parte que no es discrecional -subvenciones, gastos comprometidos por ley- y la discrecional que aproximadamente es el 15% del Presupuesto. Si uno lo calcula, equivaldría a un 3% de ahorro de ese gasto discrecional” explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Recomendaciones

Para conseguir esos resultados y avanzar en una RSG que permanezca como una política anual, la OCDE propone seis recomendaciones en su informe, las que se desglosan, a su vez, en once acciones.

La primera indica que se deben definir claramente las funciones para llevar a cabo Revisiones de Gasto Selectivas,  lo  que  supone  buscar  un  mandato  oficial  para  realizar  una  serie  de  RGS,  determinar  las responsabilidades de cada actor y establecer acuerdos formales de gobernanza.

Luego, propone definir los mecanismos de gobernanza para llevar a cabo las RSG, a través de una utilización de términos de referencias estandarizados para establecer objetivos claros en cada revisión; contar con reglas de trabajo explicitas para la implementación de las Revisiones de Gasto; e incluir un objetivo de ahorro en el mandato de las RSG.

En tercer lugar, la OCDE señala que se deben presentar los resultados de cada revisión de manera similar, utilizando un formato estándar para los informes de Revisiones de Gasto Selectivas. Asimismo, recomienda garantizar un vínculo claro con el proceso presupuestario, y con ello asegurar que los resultados de las RSG se puedan utilizar para reasignar recursos dentro del año fiscal o se consideren como parte de las próximas negociaciones presupuestarias.

También propone supervisar la aplicación de las conclusiones de las revisiones de gasto y asegurarse de que las recomendaciones de políticas elegidas se reflejen en el presupuesto de los ministerios sectoriales, junto con generar un proceso formal de seguimiento sistemático de la implementación de las medidas que se adopten a partir dichas recomendaciones.

La sexta recomendación es mantener una lista de temas que puedan generar ganancias de eficiencia de corto plazo, con un mandato político claro para llevar a cabo periódicamente RSG, mantener una lista de temas adecuados y utilizar un formato estándar para la implementación de RGS

Antecedentes

Durante los años 2019 y 2020, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) llevó a cabo dos RG piloto. En este contexto, Dipres solicitó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) su asistencia técnica para escalar y sistematizar un sistema de Revisiones de Gasto continuo que sea una herramienta para enfrentar los desafíos fiscales que tiene el país, incluyendo su capacidad de financiar la política social.

Las Revisiones de Gasto corresponden a un análisis sistemático y en profundidad de la base del gasto público, con el objetivo de detectar ganancias de eficiencia y oportunidades de racionalizar gasto que no es efectivo o de baja prioridad mediante un esfuerzo coordinado entre ministerios. De esta manera, las RG pueden contribuir a alcanzar metas de consolidación fiscal y/o a la reasignación de recursos para otras políticas prioritarias.

Revise Resumen Ejecutivo del informe de la OCDE

Los diputados e integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jorge Alessandri, Andrés Longton y Raúl Leiva, pidieron que Carabineros estén afiliados a Interpol, ya que actualmente solo lo está la PDI y desde la policía pueden acceder a esa información pero los plazos son poco efectivos y eso retrasa acciones de control, como por ejemplo el ingreso de migrantes irregulares.

Esto, explicó el parlamentario UDI, porque con esta herramienta los uniformados podrán acceder a las bases de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, lo que permitirá “mejorar la gestión policial en todos sus ámbitos”.

En esa línea, Alessandri explicó que “con este tipo de medidas buscamos contribuir al combate de la grave crisis de seguridad por la que actualmente atraviesa el país, y que se ha visto incrementada durante las últimos semanas tras registrarse una serie de secuestros y homicidios, a lo que se sumó el ataque con una granada que sufrió una funcionaria de Carabineros en medio de un procedimiento”.

Los parlamentarios recordaron que si bien se hizo un convenio, en la práctica éste no está funcionando, “por lo que hacemos un enérgico llamado a las autoridades a priorizar este acuerdo para que se pueda llevar adelante y sea una herramienta efectiva contra la delincuencia desatada que vivimos los chilenos”.

«Tener un acceso amplio y directo a una gama de bases de datos de diferentes países sin duda es una gran herramienta para nuestras policías», finalmente señalaron que «la única forma de enfrentar la delincuencia y disminución de los delitos es con un trabajo en conjunto entre el Gobierno y nuestras policías», sentenciaron.

Luego de 14 años de tramitación desde su ingreso en el año 2009, el Senado despachó este miércoles la nueva normativa que regula la seguridad privada en nuestro país con amplio respaldo de parlamentarios, lo que permitirá contar con un nuevo marco regulatorio que sistematice toda la industria, dado que en la actualidad se encontraba desactualizado y disperso en numerosas leyes, decretos, reglamentos y manuales.

La ley, que tuvo como uno de sus principales impulsores al Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se destrabó en sólo 4 meses desde que se retomó el debate, y vio luz verde tras las últimas modificaciones emanadas en la Comisión Mixta. El nuevo marco legal promoverá el rol coadyuvante y complementario de la seguridad privada en relación con la seguridad pública, estableciendo obligaciones específicas para los sujetos y empresas reguladas. Asimismo, actualizará los criterios y el procedimiento para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad, y modernizará los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados, ya que la otorgará la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de una plataforma informática administrada por la cartera.

El Subsecretario Eduardo Vergara valoró la capacidad de diálogo de todos los actores para impulsar este nuevo marco regulatorio y destacó los cambios que tendrá la institucionalidad que engloba la seguridad privada en Chile.

“Hoy con la aprobación de esta ley, como Gobierno hemos cumplido con 19 de los 31 compromisos en materia de seguridad pública que hemos hecho frente al país, gracias al acuerdo conjunto con la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Esta nueva ley va a permitir una regulación con los más altos estándares mundiales. Miramos las mejores legislaciones para ponerlas a disposición de una discusión que permitió que tuviéramos una calidad reglamentaria excepcional en este momento. Son 124 artículos y, entre ellos, podremos avanzar en la especialización de los guardias de seguridad, y garantizar un piso de certezas muy importante para el sector”, dijo Vergara.

Otro de los avances de la Ley de Seguridad Privada es que se modernizarán los requisitos para que las personas naturales y empresas de seguridad puedan ejercer actividades de seguridad privada, se reforzará la regulación de la actividad en eventos masivos y se robustecerán las funciones del órgano rector en la materia, que será el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Además, la norma ayudará a optimizar los recursos policiales en los diferentes territorios, pues al elevar la capacitad y los estándares de la seguridad privada, se evitará destinar personal operativo de Carabineros que realizan acciones estratégicas y de control en el espacio público.

“Quiero destacar la tremenda labor política que se ha hecho para que esta ley salga a la luz, con un trabajo técnico transversal que ha permitido poner los mejores equipos, tanto en el Senado como en la Cámara. Esta ley ha sido aprobada de forma unánime, y eso da cuenta de la importancia que esta legislación tiene para el país. Son buenas noticias para fortalecer la capacidad estatal, son buenas noticias porque cumplimos con un compromiso de cara a la ciudadanía, y son buenas noticias porque cuando la seguridad se pone como un bien superior, se entrega este tipo de respuesta a la gente”, cerró el Subsecretario Vergara.

La medida pasará por el TC para su revisión de constitucionalidad y, posteriormente, será promulgada por el Presidente de la República Gabriel Boric, dando pie a una nueva etapa en la regulación de una actividad que mueve alrededor de US$500 millones.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó la implementación de significativas mejoras en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), a través de cambios que buscan reflejar de manera más precisa y la realidad de los hogares en el país, los que se aplican de manera automática en los registros de las personas.

A partir de noviembre, la Subsecretaría de Evaluación Social incorporó nuevos datos al Registro Social de Hogares, marcando un hito importante para más de 779 mil hogares a nivel nacional, de los que cerca de 420 mil ingresarán al tramo del 60%, mientras que casi 360 mil son las familias que ingresarán al tramo del 40%. En ambos tramos se concentran las principales prestaciones que entrega el Estado. Mientras que, en la Región de Los Lagos, serán 39.773 los hogares que podrán postular a beneficios del Estado a los que antes no accedían. Más de 21 mil ingresarán al tramo del 60%, mientras que casi 19 mil son las familias que ingresarán al tramo del 40%.

Entre las medidas implementadas, se incorporará el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, lo que permitirá que no se sumen como ingreso económico las pensiones de alimentos impagas, beneficiando principalmente a mujeres y a sus hijos/as.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, enfatizó que “esta es una muy buena noticia para las familias, porque estos cambios permiten que la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares sea más ajustada a la realidad. Esto significa en la práctica que cerca de 800 mil hogares entran a tramos más bajos, lo que les permitirá acceder a beneficios sociales a los que antes no podían acceder. Por eso también la invitación es a que las personas mantengan actualizado su registro, porque esto permite al Estado avanzar en políticas públicas acordes a la realidad del país”.

Mientras, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, señaló que “en nuestro recorrido por todo Chile, hemos escuchado a las personas, que nos han señalado que el Registro Social de Hogares puede mejorar. El Presidente Boric nos ha encargado hacerlo y hemos decidido responder con acciones concretas, porque la justicia social también pasa por caracterizar mejor la situación socioeconómica de los hogares, de modo que tengan un mayor acceso a las prestaciones del Estado y, a la vez, mejorar la calidad de vida disminuyendo los trámites que deben realizar. Este es un avance en ambos sentidos.»

“Nuestro Gobierno está llevando a cabo un hito muy relevante realizando mejoras al Registro Social de Hogares, esto permitirá a más de 39 mil hogares de la región de Los Lagos postular a beneficios del Estado, dichos cambios facilitarán los procesos en la asignación de recursos y ayudas para aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El Presidente Boric nos ha encargado hacerlo de modo que las familias tengan un mayor acceso a las prestaciones del Estado y logren mejorar sus vidas” enfatizó el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Enzo Jaramillo Hott.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?

Actualización de los valores máximos de ingresos de los tramos en base a Casen 2022: Con los resultados de la Encuesta Casen 2022, se van a actualizar los límites en los tramos de la Calificación Socioeconómica. Esta medida se debe a que los ingresos han cambiado desde los vigentes de Casen 2017. En concreto, ahora los ingresos que se consideran para cada tramo representan mejor la realidad del país y de los hogares.

Incorporación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos: La inclusión del Registro de Deudores de Pensión de Alimentos (RNDPA) permitirá identificar de manera automática las pensiones de alimentos impagas para no incorporarlas como ingresos en el RSH en el que estén incorporados los hijos beneficiarios.

Nuevas fuentes de información de dependencia y discapacidad: Se incorporarán diversas fuentes administrativas, como el Subsidio de Discapacidad para niños, niñas y adolescentes, Pensiones Básicas Solidarias, Aportes Previsionales Solidarios, entre otros, simplificando la acreditación de situaciones de dependencia, discapacidad e invalidez.

Reconsideración de las pensiones de reparación: Las pensiones de reparación de personas incluidas en los informes Rettig y Valech, así como personas exoneradas políticas, no se considerarán como ingresos económicos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica. Este cambio había sido anunciado en septiembre de este año, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico militar.

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

Actualmente, el Registro Social de Hogares cuenta con 17.136.753 personas inscritas en un total de 8.994.018 hogares, lo que representa un 85.6% de la población, de acuerdo con la proyección elaborada por el INE para el año 2023.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha implementado mejoras desde la llegada del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En mayo de 2022, se simplificó la acreditación del padre o madre ausente que no paga la pensión de alimentos mediante una declaración jurada simple. Al mismo tiempo, en noviembre del mismo año se inauguró un nuevo módulo para identificar a las personas que ejercen labores de cuidado de manera no remunerada y que actualmente cuenta con más de 65 mil personas inscritas.

Desde mayo de 2023, la calificación socioeconómica se actualiza quincenalmente, reduciendo el tiempo de espera para los cambios y se han implementado mejoras en los mensajes y la bandeja de notificaciones municipales para hacer la plataforma más accesible y precisa.

Obligatoriamente, más de 15 millones de personas -mayores de 18 años- deberán votar en el Plebiscito de salida que definirá si se aprueba o no la nueva propuesta de Constitución, tras el rechazo de la primera opción que se resolvió en las votaciones del 4 de septiembre de 2022.

Las preguntas que surgen son: ¿están informados los votantes que irán a las urnas?, ¿se interesan en informarse?, ¿desde qué fuentes obtienen la información?,  ¿o –definitivamente- no existe un interés genuino en la política del país?

Para el investigador de la Universidad de O’Higgins (UOH), Manuel Canales, el asunto de fondo es “la calidad de la política y la democracia de Chile, hoy. Desde el fin de la dictadura, la sociedad chilena fue despolitizándose: por la misma ley del modelo que llamaba a cada quien a encerrarse en sus negocios privados –eso de ‘uno elige’-, y por la propia concepción de la clase dirigente durante ese período. La democracia había de ser sin ciudadanos activos y movilizados. De hecho, ni como votantes importaban tanto. Como norma de ese tiempo, más o menos la mitad no votaba o votaba nulo/blanco, vale decir, ‘pasaba’, cuando no despreciaba”.

“Incluso, hubo analistas -señala Manuel Canales- que platearon que hasta se entendía que esa ‘abstención’ masiva era un signo auspicioso; tan bien andábamos que los ciudadanos podían olvidarse de asuntos engorrosos y concentrarse en disfrutar su prosperidad doméstica nueva”.

Bulla y silencio sepulcral

Y al continuar su análisis, el investigador sostiene que “lo único cívico que ha habido por estas tierras, desde entonces, fue la gran marcha ciudadana del 25 de octubre de 2019, por número y por forma, y que es, difícilmente, repetible”.

Para Manuel Canales estamos “cursando una crisis constitucional en el sentido que tomamos razón de que, como sociedad, no somos capaces de un acuerdo o un pacto mínimo de entendimiento de la vida social y pública. Tenemos dos fallos ‘al hilo’ sobre la Constitución, y el tercero, ni se intentaría”.

Sostiene que la sociedad arrastra como cadenas “sus fracturas y se escucha el ruido que va quedando, nada más. Es como si la bulla no alcanzara ni a apagar el silencio medio sepulcral en el que andamos. Por eso, es todo tan turbio, tan confuso. Evanescente y cargado de rarezas livianas como ‘Amarillos’, por ejemplo”. Y a renglón seguido, pregunta, “¿En qué circunstancia tamaño autodesprecio político toma carta de protagonista?”.

El investigador, indica que, en la sociedad actual, “todo se anula, nadie trae palabra sostenida y convincente”. Indica que es posible que exista “más espacio a un pacto de clases -en torno a los derechos económicos sociales o a ‘la demanda social’- que, en torno a un libro político, en el Chile de dos almas, desde siempre dos almas, y siempre las mismas”.

Consultado, sobre la sensación de que la gente, el votante, se está informando en Tik Tok, el Dr. Canales señala que: “es el vacío de palabra pública lo que alimenta las corrientes oscuras del hablar de las redes sociales; es la ausencia de prensa potente y de vocerías de todos los actores validados, y con algo que decir, que se mantenga al menos un par de años, lo que lleva al tik tokeo de la Constitución”.

Y sobre la ausencia de educación cívica, sostiene que “claro que no hay educación cívica, pues se le eliminó. ¿Para qué educación cívica? Si lo que se requiere -desde hace cuarenta años en Chile- es otra cosa: ¡educación financiera, educación mercantil! En una sociedad de mercaderes, como nos quiso, y a veces parece que nos hizo, el neoliberalismo. El civismo es una ridiculez de novelas del siglo XIX, en Europa”.  

Tras la presentación de que busca eliminar barreras y garantizar que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades, puedan acceder de manera equitativa a la información y servicios proporcionados por el Estado, el diputado Guillermo Ramírez le dio su apoyo a la iniciativa legal presentada por un grupo transversal de parlamentarios.

En concreto, explicó el Jefe de Bancada gremialista, la idea central es garantizar la accesibilidad universal en documentos y actos públicos del Estado. En esa línea,  explicó que «está la necesidad de fortalecer la transparencia en la relación entre el Estado y la ciudadanía que ha sido un pilar fundamental en el proceso de modernización del Estado”.

Respecto de la modificación de la ley Nº 20.285, el documento establece que la transparencia de la función pública se ejercerá en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, facilitando el acceso a las personas con discapacidad, de manera oportuna y sin costo adicional.

Asimismo, agregó el legislador “con el fin de asegurar la accesibilidad universal a la información y cumplir con los estándares de accesibilidad digital, se establece la obligación de que los documentos del Estado sean publicados en su formato original digital, con firma electrónica, en su caso, prohibiendo la impresión del documento, firma manual y posterior digitalización”.

Lo anterior también resultará aplicable cuando la información no se presente en condiciones que garanticen su accesibilidad universal, impidiendo o dificultando su acceso a la persona que ingresa digitalmente.

“La accesibilidad es un derecho fundamental, y en un momento en que la digitalización del Estado avanza a pasos agigantados, es crucial que todas las personas, independientemente de sus habilidades o discapacidades, tengan igualdad de acceso a la información y servicios gubernamentales”, sentenció el diputado Guillermo Ramírez.

En el marco de la crisis de seguridad que vive el país, el Diputado Independiente, Carlos Bianchi, acompañado por sus pares de la Bancada PPD- Independientes, presentó un proyecto de ley que implementa un sistema de control biométrico a los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales -referido a la imagen de retina o iris, a la huella digital y a la geometría de la cara, entre otros- con el fin de identificar y autentificar de manera fehaciente la identidad de la persona controlada.

De esta manera, la iniciativa establece que será la Policía de Investigaciones (PDI) quien tendrá la atribución de realizar los controles biométricos en los vuelos internacionales, y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) cuando se trata de vuelos nacionales.

Para tales fines, se permitirá suscribir convenios con el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el Servicio Nacional de Migraciones y con la Policía de Investigaciones de Chile, siempre resguardando la privacidad de los datos personales.

«Una vez más hemos ingresado una iniciativa que va en la línea de respaldar y apoyar toda acción que permita mejorar los controles dentro y fuera de nuestro país. Fíjense que hemos constatado que el Registro Civil tiene toda la información biométrica, todo lo que tiene que ver con huellas digitales de chilenas y chilenos. Pues bien, nos preguntábamos entonces por qué no es posible en aeropuertos permitir que más allá de pasar un carné de identidad, una célula de identidad, se exijan las huellas digitales y todo el control biométrico», explicó el diputado Bianchi, quien es miembro de la Comisión de Transportes.

El parlamentario indicó que «en el Registro Civil, para el año 2004, se van a incorporar nuevas tecnologías en las renovaciones de lo que son las cédulas de identidad. Por lo tanto, la pregunta es por qué no desde ya comenzar efectivamente a tener estos controles que son absolutamente necesarios. La situación por la que atraviesa nuestro país es una situación crítica en materia de seguridad. Esperamos que cuente con el patrocinio y urgencia del Ejecutivo, así lo hemos conversado con algunas autoridades».

Por su parte, el diputado Independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, sostuvo que «nos llama muchísimo la atención que hoy día los controles en aeropuertos son meramente visuales, esto significa que el funcionario que hace el control de identidad de la persona que va a abordar un avión, solamente mira la cédula de identidad y la tarjeta de embarque. Nosotros creemos que en esto hay que ir poniéndose un poco más rigurosos. Chile tiene la tecnología para hacerlo».

«Esto va en línea de un proyecto que ya está aprobado, que permitía remitir a la Fiscalía o a Carabineros las nóminas de los pasajeros que se transportan por avión. Nosotros hemos podido constatar que muchas personas que son delincuentes se transportan en avión porque evaden controles que son más usuales, los que se hacen por carretera, básicamente los que recorren grandes distancias desde la zona de Arica Parinacota, Antofagasta, hacia la zona central del país. Esta propuesta es una herramienta más para el combate a la delincuencia».

Finalmente, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, afirmó que «este proyecto entrega una herramienta eficaz y efectiva para combatir la migración irregular, y la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Le pedimos al Ejecutivo, al Gobierno que lo patrocine, que recoja el guante de esta propuesta, y que la podamos sacar juntos adelante, porque, sin duda, esto va a permitir que a través de las nuevas tecnologías tengamos un adecuado control de nuestras fronteras aéreas».

Para entregar una solución para los miles de casos de extravíos de personas que se producen a lo largo del año en el país, los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, presentaron un proyecto de ley que busca otorgarle un brazalete electrónico con sistema de georreferenciación a todas las personas que padezcan Alzheimer, demencia senil o del espectro autista, de manera que sus familiares o cuidadores puedan conocer su ubicación en caso de que se pierdan.

Al respecto, los parlamentarios explicaron que la iniciativa apunta a resolver una preocupante realidad que afecta a alrededor de 250 mil personas en el país, quienes permanentemente conviven con la posibilidad de perderse y no ser encontrados por sus familiares. El diputado Ramírez aseguró que la iniciativa “puede convertirse en una herramienta muy importante para resolver los distintos extravíos que se producen a diario en Chile y el drama que significa”.

“El Estado debe estar al servicio de la seguridad del país y de la protección de todas las personas, lo que incluye también a las cerca de 250 mil que padecen Alzheimer, demencia senil o son del espectro autista en Chile. Ellos y sus familias viven permanentemente con el temor de que se puedan extraviar, les ocurra algún accidente o no los vuelvan a encontrar, por lo tanto el Estado tiene la obligación de ocupar todas las herramientas que tenga a su alcance para prevenir dicha situación”, dijo el diputado Alessandri.

Los legisladores explicaron que “actualmente existen las tecnologías de georreferenciación para ser ocupadas en beneficio de la ciudadanía, como las tobilleras electrónicas, por lo que nos parece absolutamente conveniente de que se implemente un brazalete para todas estas personas y así conozcamos su paradero en caso de que se pierdan”.

“Al igual que las presuntas desgracias, cuando una persona se extravía lo más importante son las primeras horas de investigación. Lamentablemente, la burocracia de nuestro país nos impide conocer de forma rápida la ubicación que, por ejemplo, pudiera darnos los aparatos telefónicos que tengan. Por eso es fundamental que detrás de este proyecto se encuentra el Estado en su conjunto, porque va a ser la única manera de poder implementar esta tecnología y que se convierta en un alivio para miles de familias en nuestro país”, insistieron los parlamentarios Alessandri y  Ramírez.