Desigualdad, un problema en aumento, es el nombre de la investigación Fondecyt a cargo de la académica Dra. Carolina Acevedo, quien analiza las “Políticas sociales redistributivas (PSR desde ahora) en la batalla contra la desigualdad social subnacional en Chile”; para sostener como hipótesis central que el diseño e implementación de las PSR no impactan en la persistencia de la desigualdad social subnacional, esto por factores sociales políticos y estructurales que se busca determinar.

Este trabajo se desarrolla al alero del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos y busca generar conocimiento a través del estudio en profundidad de la implementación de políticas sociales redistributivas (PSR) en áreas de la Salud y Vivienda, durante el período 1990 – 2020.

La desigualdad se ha posicionado como una de las grandes temáticas de los últimos años. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y los positivos resultados en materia económica, la desigualdad en América Latina dejó de disminuir e incluso ha ido en aumento. En este sentido, las teorías que han explicado el fenómeno se han centrado en factores macro explicativos – principalmente comparando países -, lo cual ha dificultado su poder explicativo cuando se observan unidades subnacionales.

Esto ha impulsado nuevos estudios que se han enfocado en los aspectos sociales, horizontales y subnacionales de la desigualdad. Sin embargo, los estudios que vinculan las políticas sociales redistributivas PSR con la desigualdad social subnacional en países unitarios son relativamente pocos, de ahí en poner como objetivo central analizar el efecto que tiene el diseño e implementación de las PSR en Chile, en específico en materia de Salud y Vivienda. Esto requiere evidentemente entender, comprender y evaluar cómo las dinámicas políticas a niveles territoriales, en este caso comunas, pudiesen estar impactando a la hora de disminuir la desigualdad.

Según explica la investigadora, la política social en general en Chile nace desde los niveles centrales, ejecutadas por distintas unidades administrativas, como lo es el caso de la salud, que puede ser municipal.

“La política social ha sido una de las soluciones desde el Estado para atacar a la desigualdad, pero cuando nos enfocamos en esta concepción de desigualdad a nivel local, nos encontramos con menos estudios y procesos observados, y donde probablemente la política social redistributiva no ha logrado impactar en la desigualdad social a nivel subnacional. Este estudio es un aporte para la academia, para la comunidad científica, es re pensar conceptos y espero en un futuro sea un aporte al conocimiento local, a los ejecutores y diseñadores de políticas, y así entender cuáles son las dinámicas de la política social que no logran llegar a los espacios locales, para poder efectivamente disminuir la desigualdad”, dice la Dra. Acevedo.

El proyecto presenta como objetivos específicos Caracterizar la existencia de desigualdad social a nivel subnacional en Chile; Evidenciar el impacto que tiene el diseño e implementación de PSR en la desigualdad social a nivel subnacional en Chile; y Determinar la existencia de factores políticos, sociales e institucionales que afectan en la desigualdad social subnacional.

El argumento será testeado mediante un diseño mixto, donde primeramente se creará un índice de desigualdad social subnacional para todas las comunas de Chile entre 1990-2020, que permitirá entregar un puntaje temporal, considerando la dispersión y brecha de la desigualdad en todo el país. Los resultados descriptivos se espacializarán, con la finalidad de poder observar las transformaciones temporales y visualizar posibles nodos territoriales de desigualdad social.

“Precisamente, una de las principales hipótesis sobre los aspectos más débiles de las PSR a la hora de planificarse y ejecutarse, es la poca sensibilidad al territorio, ya que cuando se diseña la política se está haciendo sin entender y sin considerar cómo la ejecución de la misma se enfrenta a distintas realidades, lo que constituye un paradigma a derribar, ya que el asumir que los contextos son homogéneos dentro de Chile es la principal falla por la que las políticas sociales no logran impactar ni disminuir en la desigualdad social”, argumenta la investigadora.

Desigualdad presente en todo Chile

Una de las premisas de esta investigación es afirmar que la desigualdad está presente en todo Chile, pero que de cierta forma existen territorios más desaventajados, mucho más heterogéneo en materia de desigualdad. “He podido plantear que la esperanza de vida en distintas comunas pueden alcanzar los 10 años de diferencia, esto significa que en el lugar donde tu naces y vives, es la desigualdad que se va a vivir”.

Así mismo, se ha establecido que existen zonas donde esta problemática es mucho más evidente, sobre todo zonas no metropolitanas, rurales, y del sur de Chile. Además hay características individuales que nos llevan a tener más probabilidades de sufrir desigualdad, como por ejemplo ser mujer, calidad indígena, pobreza, entre otros factores, lo que nos dice que la desigualdad está presente en Chile, pero no todos sus habitantes la sufren de la misma manera, por lo que estos indicadores individuales y territoriales lo pueden explicar.

La investigación pretende construir una base de datos con factores explicativos, insumo que permitirá realizar el modelamiento de regresión discontinua, que medirá el efecto de 2 políticas sociales redistributivas, en las áreas de salud y vivienda. Una segunda etapa cualitativa de la investigación  trabajará bajo los parámetros del process-tracing, esto con la idea de poder comprender qué explica la desigualdad social subnacional. Las entrevistas semi estructuradas serán la herramienta clave para poder comprender a nivel subnacional el efecto que tienen las PSR sobre la desigualdad.

Actualmente, uno de los principales esfuerzos de la investigación ha sido trabajar la desigualdad en el acceso a la salud, mientras que en el segundo y tercer año la investigadora se dedicará a entender la política social redistributiva como tal y el impacto en las mediciones actuales. “Uno de los resultados de este año ha sido poder entender la desigualdad de manera parcelada. Con esas dos miradas, con sus mediciones e indicadores, podré dedicarme de lleno a las políticas sociales en estas materias”, puntualiza la Dra. Acevedo.

La Dra. Claudia Castillo Haeger, Directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de Ulagos, resaltó la importancia de este estudio por su pertinencia territorial y social, ya que sus resultados podrán ser utilizados para la disminución de brechas de desigualdad en salud y vivienda. “Como Universidad destacamos el desafío y la oportunidad que esta investigación significa, tanto para conocer y comprender el impacto de las PSR, como para mejorar la implementación de políticas sociales a nivel regional y nacional; sobre todo en temas tan sensibles como son salud y vivienda; por lo que esperamos que tras la culminación del estudio, el impulso de investigación iniciado por ULagos se continue desarrollando con calidad, sentido y pertinencia territorial”.

Tras las pasadas lluvias que cayeron con gran intensidad en la Provincia de Osorno desde el viernes 15 de septiembre y que incluso obligó a las autoridades a declarar una alerta roja por posibles desbordes del río Rahue, la Comunidad Indígena Rauquemó que habita a sólo 18 kilómetros de la ciudad de Osorno a orillas del Río Rahue quedó aislada por más de cuatro días debido al cierre del único acceso terrestre que tenían para transitar, esto por la parcelación del predio que se encuentra antes de dicha comunidad.

Dicho camino que los lugareños utilizaban por décadas no se encontraba enrolado por ser parte del predio privado que se parceló, no siendo considerado en las divisiones del Proyecto Raíces del Río Rahue lo que fue denunciado por la misma comunidad en 2022, donde actualmente ha vendido gran parte del predio. Por otro lado este proyecto considera un camino único que cruza por la mitad del terreno, sin embargo junto con las grandes lluvias además del desborde del río, este quedó bajo el agua, dejando a decenas de familias sin acceso tal como señala Patricio Canio, Presidente de la Comunidad Indígena de Rauquemó.

“La naturaleza habló. Nosotros de hace tiempo veníamos con ese tema de las parcelaciones que llegaron al lado de nuestra comunidad y les dijimos que se inundaba el terreno y no nos creyeron, tuvimos varias conversaciones y efectivamente esta semana estuvimos con el camino cortado, las parcelas inundadas y no podíamos pasar”, comentó Canio.

Ante el desborde del río y las intensas lluvias se vieron obligados a quitar los estacones que cerraban el antiguo camino para abrirse paso. Por otro lado a pesar de la cercanía con Osorno, por pocos kilómetros es parte de la jurisdicción de la comuna de San Pablo, sin embargo el Presidente Patricio Canio señala que si bien tuvieron reuniones con distintos entes, incluido el municipio de San Pablo que además abastece de agua potable al sector, no obtuvieron ningún resultado favorable.

“Nos reunimos hace tiempo con lo que es Municipalidad de San Pablo, con otros entes y hasta la fecha no se hizo nada, tuvimos reuniones que quedaron ahí, las parcelas siguieron y ahora estamos así, inundados y aislados”, señaló el Presidente de la Comunidad.

“Ojalá llegáramos a algún acuerdo con la inmobiliaria, ver la posibilidad que con el nuevo camino ver una alternativa de elevarlo lo necesario para que no se inunde o definitivamente buscar otro lugar para hacer un camino. Nosotros le decíamos la poza de los cisnes poque cuando no estaba la inmobiliaria para estas fechas llegaban las aves ahí”, aludiendo a que hoy hay parcelaciones –aunque inundadas–, sin embargo ya no llegan por la misma razón.

Actualmente en el predio parcelado existe movimiento de nuevos propietarios, quienes algunos han construido viviendas o están en vías de construcción, mientras otros han instalado cercos cerrando el único camino que hasta el momento sirve, sin embargo, la comunidad que queda al fondo de todo ese territorio necesita de manera urgente el acceso terrestre para llegar hasta sus viviendas.

Además, menos del 1% de la cantidad total de residuos orgánicos generados anualmente es reciclado. Con el propósito de abordar esta problemática, el MMA ha presentado la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, con la ambición de aumentar la tasa de valorización de estos desechos al 30% para 2030 y al 66% para 2040.

Por otro lado, las escuelas ubicadas en áreas rurales y remotas enfrentan desafíos significativos debido a factores como largas distancias, difícil acceso y condiciones climáticas adversas. En 2021, en Chile, se registraron 3,299 escuelas rurales, representando el 29.2% del total de instituciones educativas, según cifras del Ministerio de Educación. Entre los problemas más recurrentes que afectan a estas escuelas se encuentra la falta de conectividad a internet. Un estudio llevado a cabo por la Fundación 99, que encuestó a 1,730 docentes, reveló que solo el 50% afirmó contar con acceso a internet en sus establecimientos, y únicamente el 9% de ellos goza de una conectividad satisfactoria.

Frente a estos retos, profesionales de diversas áreas se han comprometido en buscar soluciones viables para implementar en sus respectivos campos. En este contexto, las investigadoras Cynthia Urrutia y Marisa Lara, de la Universidad de Los Lagos, han sido galardonadas con el premio Innova Sur Sur por sus proyectos de investigación relacionados con la economía circular y la educación en zonas remotas, respectivamente, con el propósito de abordar las problemáticas mencionadas.

Innova Sur Sur es una competición organizada por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de las universidades de La Frontera y Los Lagos. Su objetivo es respaldar y fomentar proyectos de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) en colaboración entre investigadores de ambas instituciones. Los proyectos abordan problemas y desafíos específicos que surgen en las regiones de La Araucanía y Los Lagos, cubriendo nueve áreas temáticas: Economía Circular, Industrias Creativas, Ciencias Sociales, Transformación Digital e Industrial, Salud y Bienestar Social, Acuicultura Sustentable, Agroalimentos, Cambio Climático y Sustentabilidad, y Agua y Energía.

Tanto la Doctora Cynthia Urrutia como la Doctora Marisa Lara Escobar tienen una destacada trayectoria en investigación y se encuentran actualmente trabajando en proyectos enfocados en la gestión de residuos orgánicos y la educación primaria con un enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), respectivamente.

Cynthia Urrutia y la biotecnología

Cynthia Urrutia, Ingeniera Ambiental, Doctora en Ciencias de Recursos Naturales y académica de la Universidad de Los Lagos, siempre ha enfocado sus investigaciones hacia la biotecnología ambiental, focalizada en sistemas de bio purificación.

Se inició en el mundo de la investigación en 2008, año en que realizó su primera pasantía junto a una profesora de su universidad. “Me vinculé con ella, la cual era una de las pocas profesoras mujeres que tenía proyectos de investigación. Creo que ella fue un rol importante dentro de lo que hago, y empecé a hacer en ese entonces. Gracias a esto logré hacer mi primera pasantía al extranjero”.

La académica expresó que  “me importaba hacer una contribución al medio ambiente desde mi disciplina”, y es por esto que siguió el camino de la biotecnología, una rama que se encarga de aplicar diversos métodos para el estudio del medio ambiente. Es en esta misma línea es que se adjudicó, junto a su par, la Doctora María Eugenia González, el Innova Sur Sur con su proyecto titulado “Densificación energética de residuos orgánicos domiciliarios para la producción de combustibles estandarizados”.

La Doctora Urrutia comentó que con María Eugenia fueron compañeras en la carrera de Ingeniería Ambiental, y que esta no es la primera vez que trabajaron juntas. “Llevamos un tiempo vinculadas, siempre tratando de potenciarnos dentro de las diferentes áreas de investigación”, expresó.

El proyecto Innova Sur Sur de Urrutia y González trabaja con los residuos domiciliarios orgánicos, teniendo en consideración la ENRO (Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos), y su objetivo es potenciar la búsqueda de opciones de valorización de estos residuos. Aquí utilizan la biotecnología, área de trabajo de Cynthia, y la técnica de termodinámica, área de trabajo de María Eugenia.

González, según explica Cynthia, siempre trabajó con la valorización de diversas biomasas, esto es encontrar nuevos métodos para aprovechar el contenido energético de residuos. Por otra parte, Urrutia siempre ha trabajado con sistemas de bio purificación. “Juntas vimos la idea de unir ambas áreas y hacer este concepto de economía circular con las dos áreas de investigación”, explicó la académica. “Ella potencia mucho lo que es la valorización con técnicas termoquímicas, lo que genera productos de valor agregado como carbón activado o biocombustibles”, comentó. Y así es como nació el proyecto “Densificación energética de residuos orgánicos domiciliarios para la producción de combustibles estandarizados”.

Marisa Lara Escobar y las plataformas de educación

Marisa Lara Escobar es Profesora Académica en el Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos. Estudió pedagogía en matemáticas y computación para luego perfeccionarse como ingeniera en informática y posteriormente realizó diversos magíster y un doctorado en entornos virtuales en la Universidad de Salamanca en España.

Desde los 25 años se dedica a la investigación, recuerda que su primer trabajo investigativo fue cuando hizo su trabajo final en la carrera de ingeniería informática. “Hice una propuesta de software en la que hubo un análisis de los usuarios que lo iban a ocupar, luego se diseñó y tenía que probar que funcionara. Hice pruebas del prototipo y lo fui modificando. Había mucha teoría que estaba en los libros y tuve que llevarla a la práctica”, explicó.

Siempre ha estado ligada a las plataformas digitales y el proyecto de Innova Sur Sur no es la excepción. La idea del proyecto titulado “Modelo educativo para la formación de profesores de Educación Básica basado en la integración de actividades STEM y tecnologías de información para el desarrollo del pensamiento computacional y habilidades blandas desde una perspectiva con  pertinencia territorial, intercultural y de género”, nació junto a los académicos ULagos Francisco Núñez, Maximiliano Heeren y Cristian Ferrada, quienes trabajan junto a Marisa en la sede de la casa de estudios en Castro, Chiloé.

Marisa explicó que “Cristian Ferrada, profesor de STEM, fue el último en llegar y venía fresquito desde España con muchas ideas. Me contó algunas de las que tenía y me dijo: ‘Nosotros hacemos STEM y los niños también hacen STEM’”. Así es como nace el proyecto que “busca formar profesores que ya están en ejercicio y capacitarlos para colocar una propuesta o un prototipo de educación que aplique las siglas de STEM, y que ellos puedan implementar en sus aulas”.

Posteriormente se unieron al proyecto los académicos de la Universidad de la Frontera Ricardo Gacitúa y Mauricio Dieguez, quienes forman parte del departamento de informática de la casa de estudios.

Para llevar a cabo esta propuesta son varios los factores que Marisa y su equipo tuvieron que considerar, tales como el territorio y la interculturalidad. “Acá las escuelas rurales están en islas, uno no llega en cinco minutos. También aquí pasa que la gente está muy enraizada a sus orígenes, entonces eso es otra cosa que debemos tener en cuenta”.

Actualmente los investigadores se encuentran trabajando en la creación de la plataforma educativa. Explicada en palabras de Marisa, esta plataforma permitirá que “los profesores de enseñanza básica ingresen y visualicen experiencias o propuestas, que en este caso ya están fabricadas, y van a poder aplicarlas, aprender cómo se hacen estas propuestas y qué respuestas tienen los niños bajo eso. Los profesores van a tomar estas ideas y generar sus propias propuestas, subiéndolas también a la plataforma, generando así un espacio colaborativo con perspectiva territorial, con interculturalidad, visión de género, y por supuesto aplicando tecnología y acciones pedagógicas”.

De esta manera las diversas áreas de investigación se ven cada vez más potenciadas por mujeres y, al mismo tiempo, buscan soluciones a problemas del diario vivir para así mejorar la calidad de vida de las personas en diversas áreas.

Para la Dra. Claudia Castillo, Directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, de la Universidad de los Lagos, las investigaciones presentadas destacan la relevancia de abordar desafíos ambientales y educativos desde una perspectiva interdisciplinaria y de género, sobre todo en espacios donde las brechas ya han sido identificadas y el diagnóstico está bastante claro, “creemos como universidad que este es un tema central para el desarrollo integral y la generación de conocimiento situado, por lo mismo de manera institucional nos encontramos desarrollando el proyecto ANID InES Género (INGE210006 ) «Más mujeres, más ciencia e innovación: fortalecimiento de capacidades institucionales con enfoque de género en I+D+i+e en la Universidad”. En consecuencia, estos proyectos demuestran cómo, tanto la Dra. Cynthia Urrutia como la Dra. Marisa Lara Escobar, lideran esfuerzos para disminuir brechas en áreas y territorios cruciales. Ambas no solo están contribuyendo a la economía circular y a la mejora de la educación, sino que también están demostrando cómo las mujeres están desempeñando un papel fundamental en la construcción de un futuro más sostenible e inclusivo en Chile y más allá de las brechas de género diagnosticadas.

Finalmente, para Marcos Hernández, Director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Los Lagos, destaca los proyectos de las investigadoras ya que están “asociados a problemáticas que son de valor para el territorio”. “El proyecto de la Dra. Marisa Lara, relacionado al área de la educación se está desarrollando en la Isla de Chiloé, lo que es importante desde el punto de vista del impacto en el territorio y abordar problemáticas que están presentes en esa zona”, comentó, y respecto a la investigación de la Dra. Cynthia Urrutia, expresó que “destaca que es una iniciativa que busca aprovechar residuos orgánicos que se generan a nivel domiciliario, y eso también da cuenta de una investigación que avanza en resolver problemáticas presentes en el entorno”. Desde el punto de vista de la investigación aplicada y la transferencia tecnológica, el académico comentó que “ambos proyectos son iniciativas que están fuertemente conectadas a la ciencia aplicada, con problemáticas reales. Y en este caso el desarrollo tecnológico apunta a buscar soluciones a esos problemas”.

La brecha de género en los proyectos de investigación y en ciencia aplicada es un tema que se debate constantemente. Las causas de esta diferencia son diversas y se relacionan con distintos aspectos, como la cultura de la sociedad, la falta de representación y también los diferentes mecanismos que promueven la investigación. 

Vania Figueroa, Coordinadora de Investigación Aplicada de la Universidad Autónoma de Chile y directora del proyecto INES Género de esa casa de estudios, abordó esta brecha desde la mirada de las académicas e investigadoras, explicando que investigaciones a nivel internacional han demostrado que «en aquellas instituciones académicas que tienen mayores índices de igualdad es también más frecuente el emprendimiento académico, la innovación y la transferencia en mujeres».

Asimismo, la académica también comentó que, si bien la igualdad en universidades es un factor que favorece, al mismo tiempo «hay evidencia contradictoria respecto a eso», y afirmó que a nivel internacional aún no se han definido con claridad las razones exactas de la brecha de género existente.

Desde el proyecto INES Género en I+D+i+e ‘Mas Mujeres, Mas Ciencia e Innovación’ de la Universidad de Los Lagos, Claudia Castillo, doctora arquitecta y Directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad, y como directora del proyecto INES Género en I+D+i+e , explicó que en conjunto con la Dirección de Género y la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, ya se han identificado las brechas de género existentes en la investigación universitaria y se trabaja ahora en acciones e instrumentos focalizados para reducir esta brecha. La académica expresó que “uno de los objetivos es incluir el enfoque de género de manera transversal en todo el proceso de la investigación realizada por académicos y estudiantes en ULagos, desde el diseño del proyecto hasta la ejecución de la investigación y no sólo como un anexo final o un apartado específico, que es lo que usualmente ocurre”. 

“La I+D+i+e implica Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, implica también diseñar investigaciones con sentido, pertinencia territorial y calidad en todos sus procesos y en ello el enfoque de género e inclusión, nos asegura un camino hacia la disminución de brechas e identificación de sesgos principalmente involuntarios que han sido socioculturalmente reproducidos” señala la directora Castillo en relación al trabajo conjunto con las distintas unidades de la Universidad de Los Lagos.

Por su parte Marcos Hernández, Director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la misma casa de estudios, abordó esta problemática desde el área de la ciencia aplicada, y afirmó que aún existen pocos departamentos que realizan ciencia aplicada de innovación y transferencia, el académico añadió que «hoy la investigación está muy concentrada en algunas unidades académicas, el desafío está en que haya más gente en más unidades y particularmente más mujeres». En una primera instancia, hay que buscar que otras unidades que tienen más participación femenina vean en la investigación aplicada de la innovación y transferencia una línea de trabajo académico, de desarrollo académico, se sumen y empiecen a transitar hacia este tipo de investigación.

Los roles de género están instalados socioculturalmente, y en consecuencia son un factor que afecta la brecha de género existente en la investigación. Cristina Pérez, Directora Subrogante de Igualdad de Género de la Universidad de Los Lagos, expresó que «está muy instalada la sensación que a las mujeres no les interesa o no quieren investigar. Cuando pensamos cuántas mujeres hacen investigación, no hay barreras explícitas que digan ‘solo estamos buscando hombres’ en las postulaciones, eso no ocurre, pero qué pasa en los resultados, llegan menos mujeres y ahí tenemos que analizar por qué».

Respecto de esto, Pérez se refirió a los roles de género y cómo el entorno no colabora al momento de disminuir la brecha. “Cuando una mujer tiene un periodo de receso debido al pre y post natal, esos períodos no necesariamente son compensados, sino que se ven como lagunas, entonces las mujeres a la misma edad que un hombre tienen menos años de trayectoria académica y eso va en contra de su calificación”, a esto agregó que “una medida para disminuir la brecha podría ser, por ejemplo, tener un criterio con enfoque de género para no castigar esas ausencias relacionadas a los roles de cuidado”.

Para Francisca Viveros, socióloga y coordinadora del proyecto Redes STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por las siglas en inglés) de la Universidad de Los Lagos, uno de los desafíos es demostrarle a niñas y adolescentes que existen mujeres que destacan en el ámbito científico, y afirma que si bien es una tarea difícil desde redes STEM ya están trabajando en esto acercando las ciencias a mujeres en diversos liceos de la zona. De esta manera se genera interés en el área desde una edad más temprana y al mismo tiempo se empodera a las mujeres.

Visita de la Especialista en Género en I+D+i+e, Vania Figueroa

Directivos de la Universidad de Los Lagos recibieron la visita de la académica Vania Figueroa, doctora en neurociencia y directora de INES Género de la Universidad Autónoma, y pusieron sobre la mesa las dificultades existentes a nivel nacional e institucional respecto a la disparidad y brechas que persisten en la investigación.

En el marco de dos días de trabajo encabezados por la Dirección de Género dentro del proyecto redes STEM, la Dirección de Investigación y la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, junto con el Semillero de Investigación de ULagos,  directivos de dichas unidades trabajaron en conjunto con Vania Figueroa. 

La académica desarrolló además un Taller de Investigación y Género durante el XLII Congreso de Ciencias del Mar 2023, llevado a cabo en la Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, en conjunto con otras investigadoras.

En el contexto de esta visita y durante el segundo día de trabajo, las direcciones se reunieron y mantuvieron una jornada de trabajo en la que se puso sobre la mesa los problemas actuales que hay en relación a la brecha de género en la investigación y los desafíos que hay para implementar la investigación con enfoque de género. En esta participaron Vania Figueroa; Claudia Castillo Haeger, Cristina Pérez, Francisca Viveros Reyes, Marcos Hernández, Consuelo Herrera, entre otras y otros asistentes profesionales de las distintas unidades y proyectos, tanto de forma presencial como remota. En esta instancia se dieron a conocer las diversas realidades y las medidas que se están trabajando para disminuir la brecha existente en la investigación. Asimismo se presentaron datos y cifras al respecto con el fin contextualizar la situación actual en la materia. 

Finalmente, Vania Figueroa expuso sobre los desafíos que deben enfrentarse para disminuir la brecha de género, como la necesidad de incorporar el enfoque de género en todas las áreas de trabajo, incluyendo I+D+i+e. En este sentido, INES Género I+D+i+e de la ULagos ya ha comenzado a implementar esta estrategia con nuevas bases concursables para investigación científica y ciencia aplicada que incorporan criterios afirmativos, enfoque de género e inclusión. En desarrollo se encuentran orientaciones para impulsar el desarrollo de políticas específicas y transversales para promover la igualdad de género, así como fortalecer la investigación aplicada desde la perspectiva de la innovación y la transferencia tecnológica.

¿Se ha visto un incremento el número de trabajadores afectados por agresiones y hechos de violencia en los últimos años? Esta es la pregunta que Mutual de Seguridad quiere responder al presentar su “Informe estadístico de agresiones y hechos de violencia sufridos por trabajadores” que resume más de una década de información en registros de accidentes laborales.

El informe estadístico presenta una recopilación de más de 2 millones de registros, utilizando tecnología machine learning para detectar denuncias relacionadas con violencia y agresiones en el ámbito laboral. Con esta información, fue posible analizar más de 77,000 denuncias de accidentes de trabajo y trayecto asociados a agresiones y hechos de violencia ocurridos entre 2011 y 2022.

De acuerdo a las estadísticas, en 2011 las denuncias eran cercanas a 4.400 anuales; en 2015 rondaban las 6.000 y ya para 2017 – 2018, se registraban más de 7.500 cada año. Esta progresión alcanzó su peak en 2019, cuando se llegó a casi 8.800 denuncias en 12 meses, lo cual implicaba un alza de 200% en tan solo 8 años. Por último, en 2011 la tasa de violencia y agresiones por cada 1.000 trabajadores era de 2,9, mientras que en 2022 aumentó a 4,3.

Estos números presentaron un cambio en la tendencia que se podrían asociar a factores socioculturales y eventos como a la pandemia del COVID-19 con los confinamientos, reducción de traslados, nuevas modalidades de trabajo, entre otros.  

Durante 2020 estas denuncias cayeron 30%, llegando a 5.800; mientras que en 2021 se marcó un hito importante, en cuanto se registraron las menores cifras denuncias en 9 años. No obstante, en el transcurso del año pasado, estas denuncias subieron vertiginosamente, aumentando en 225% en tan solo 12 meses. Siendo específicos, solo en 2022 se registraron más de 9.300 denuncias. Esta cifra supera incluso los registros pre-pandémicos, evidenciando un incremento en el número de trabajadores y trabajadoras expuestas a situaciones de violencia y agresiones en el contexto laboral.

Focos y orígenes de denuncias

Uno de los principales hallazgos del informe de Mutual de Seguridad, está relacionado con las denuncias realizadas por mujeres. Entre 2011 y 2022, casi se duplicó el número de trabajadoras afectadas por agresiones y hechos de violencia en el contexto laboral, pues pasaron de cerca de 2.000 anuales en 2011, a más de 3.800 en 2022. Es más, las mujeres pasaron de concentrar el 34% de las denuncias, al 40% durante el periodo analizado (ver Figura 2).

Por otro lado, las tasas de denuncias cada mil trabajadores mostraban leves brechas entre hombres y mujeres durante el periodo 2015 – 2017 (ver Figura 3). No obstante, esta brecha empezó a expandirse desde 2018 en adelante -sin considerar el periodo pandemia-. Ya para 2022, la diferencia de tasas entre hombres y mujeres era de 0.9, lo cual es 4 veces mayor a lo registrado 7 años antes.

El análisis por grupo etario muestra que la proporción de denuncias realizadas por menores de 36 años se ha incrementado, pasando del 12% a más del 41% en los últimos 12 años. Paralelamente, en 2011 las denuncias de trabajadores mayores de 56 años representaban el 36%, no obstante, en 2022 esta cifra se redujo al 17%.

En cuanto a los rubros, la Figura 5 muestra queentre 2015 y 2022 la proporción de estas denuncias se ha concentrado en mayormente en Transporte (23%) y Comercio (17%). Además, Transporte presenta las tasas más altas de agresiones y violencia en el trabajo (ver Figura 6-A). Sin embargo, este rubro ha experimentado una de las mayores disminuciones de tasas entre 2015 y 2022. En concreto, cada año se redujo 0,08 el número de denuncias promedio por cada mil trabajadores. Por el contrario, los sectores de Salud y Enseñanza percibieron aumentos significativos en sus tasas, con incrementos de 0,95 y 0,65 promedio cada año –respectivamente-.

Finalmente, Arica y Parinacota, Atacama y Valparaíso presentaron las mayores tasas de violencia entre todas las regiones (ver Figura 7). Cada una de estas regiones obtuvo la tasa más alta a nivel nacional en distintos periodos, llegando a superar en 2,3 (Valparaíso, 2017), 1,3 (Atacama, 2019) y 3,1 (Arica y Parinacota, 2020) la tasa promedio de todas las regiones. Vale la pena mencionar, que los dos primeros peaks (Valparaíso, 2017; Atacama, 2019) fueron cíclicos y acordes a las alzas del promedio, sin embargo, en Arica-Parinacota (2020) las tasas de violencia alcanzaron su peak en el periodo más álgido de la pandemia, por lo que presentó un movimiento contra cíclico, a diferencia del resto de las regiones donde las tasas disminuyeron considerablemente.

Cobertura para los trabajadores

En un escenario donde los índices de hechos violentos y agresiones en contexto laboral están retomando tasas que se asemejan a la época prepandemia, es importante señalar que los trabajadores cuentan con la protección del Seguro Social contra Accidentes laborales y Enfermedades profesionales que administran las mutualidades. “Los trabajadores y trabajadoras que en un contexto laboral sean víctimas de violencia, cuentan con la cobertura del seguro de accidentes y enfermedades profesionales de la ley 16.744, así como todas sus prestaciones. Desde Mutual de Seguridad en particular queremos enfrentar este fenómeno de manera preventiva junto a las empresas, buscando soluciones en conjunto para hacer de los lugares de trabajo espacios seguros para todos, sobre todo en aquellos rubros que se ven más expuestos a hechos de esta connotación”, complementa Héctor Jaramillo, Gerente de Salud y Seguridad de Mutual de Seguridad.

El debut de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) dejó cifras que fueron catalogadas como positivas por la autoridad. Según los números del Mineduc, se registraron 151.522 vacantes ofertadas, esto es un 3% más que en 2022; hubo también 187.225 postulaciones en total, casi un 26% más, y un aumento de casi un 37% en las postulaciones válidas; 140.557 seleccionados por el proceso regular, lo que significa un incremento de un 20,4% respecto del año anterior. 

¿Pero qué pasa con la brecha de género en la educación superior? Este concepto se utiliza cuando se quiere indicar la diferencia que se manifiesta entre la situación de las mujeres y la de los hombres, es decir, la distancia que hace falta recorrer para alcanzar la igualdad, en este caso, vinculado con los estudios posteriores a salir de una entidad educacional de enseñanza media. 

Si bien las estadísticas señalan que, en la práctica, no existen diferencias relevantes por sexo en el acceso a la educación superior, sí se pueden observar diferencias importantes en el tipo de carrera escogida por los estudiantes, en lo que se denomina “sesgos de género en la elección vocacional”.   

En una publicación de Comunidad Mujer y Fundación por una Carrera, organización que desde 2015 acompaña a jóvenes  vulnerables en elección de carrera y búsqueda de financiamiento, se explicó que las diferencias en la elección de una carrera pueden estar vinculadas a percepciones de autoeficacia de niños y niñas durante la época escolar.  

En ese sentido, se ha observado que las mujeres muestran menores expectativas en su desempeño en áreas “tradicionalmente masculinas”, como lo son las matemáticas, las ciencias y la tecnología, mientras, se perciben como más eficaces en áreas relacionadas con lenguaje y relaciones sociales.  

Así mismo, existen diferentes estereotipos que relacionan a los hombres con mayores habilidades intelectuales, lo que podría estar afectando las elecciones de actividades de niños y niñas. Menos niñas creen que pueden ser “realmente inteligentes”, en comparación con los niños, y ya desde temprana edad comenzarían a evitar actividades que interpretan como para “niños brillantes”. 

Estos estereotipos inciden en el desempeño académico de niños y niñas, ya que determinan cómo perciben sus propias habilidades. Las pruebas SIMCE muestran diferencias entre hombres y mujeres en Lenguaje y Matemáticas, que aumentan entre 4° y 8° básico, presentando las mujeres puntajes más bajos en Matemáticas y más altos en Lenguaje. 

QUÉ ESTUDIAN HOMBRES Y MUJERES EN 2023  

Datos de Fundación por una Carrera a partir del proceso de admisión 2023 evidencian que las áreas de conocimiento más elegidas por mujeres fueron: Salud (26,94%), Administración y Comercio (14,12%) y Ciencias Sociales (13,25%). En el caso de los hombres fueron: Tecnología (49,67%), Administración y Comercio (13,05%) y Salud (11,17%). 

En el caso de estudiantes matriculados/as en el área de Tecnología, el 82,23% fueron hombres, versus un 17,77% de mujeres. En el área de Salud, el 71,23% de estudiantes matriculados/as fueron mujeres, versus un 28,77% de hombres. 

En esta línea, si se realiza un análisis en carreras del área de Salud a partir de datos del Mineduc, las brechas más altas se encuentran en Obstetricia y Puericultura (91,5 p.p.), Fonoaudiología (74 p.p.), Terapia Ocupacional (67,6 p.p.), Enfermería (60,1 p.p.) y Técnico en Enfermería (59,9 p.p.).  

En el caso de los IP, las brechas más altas están en Técnico en Podología (84,1 p.p.) y Técnico Dental y Asistente de Odontología (69,0 p.p.).  

En los CFT, las brechas son positivas en las carreras de Técnico Dental y Asistente de Odontología (73,8 p.p.) y Técnico en Enfermería (67 p.p.). En el mismo ejercicio analítico en el área de Tecnología, en universidades, las mayores brechas negativas son en las carreras de Ingeniería Civil en Computación e Informática (-75,8 p.p.) e Ingeniería Civil en Minas (-46,5 p.p.).  

En IP son de las carreras de Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (-92,1 p.p.) e Ingeniería en Mecánica Automotriz (-90,3 p.p.), mientras que en CFT las mayores brechas negativas se observan en las carreras de Técnico en Mecánica Automotriz (-91,1 p.p.) y Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (90,2 p.p.) 

Para Valentina Gran, directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, estas cifras muestran “un claro sesgo de género, en especial en el área STEM. Esto es complejo, porque la toma de decisiones en temas tecnológicos o científicos dependerá en gran parte de los hombres. También afecta lo económico, en 2021 los hombres ocupados percibieron un ingreso de $749.046 en promedio, mientras las mujeres $586.178, un 21% menos”. 

“Para superar estas diferencias, es vital promover el análisis crítico del sesgo de género que existe en la elección de carrera e incentivar el conocimiento del área STEM, mostrando referentes femeninos, por ejemplo. Desde la escuela, se debe capacitar y entregar herramientas didácticas de orientación vocacional, con perspectiva de género, a docentes y directivos. También es clave informar a los apoderados y a la comunidad escolar de los sesgos y cómo éstos impactan en los intereses y en los proyectos de vida”, apunta Gran.

Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua hace un recuento de la crisis de derechos humanos que ha sufrido el país desde que el pueblo salió a las calles a protestar pacíficamente contra reformas al sistema de seguridad social el 18 de abril de 2018. La represión brutal fue la herramienta que el presidente Daniel Ortega decidió utilizar para gestionar aquel descontento social, el cual dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias.

“A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe explica las principales tácticas —el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes , los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado— que el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha utilizado para lograr el cierre gradual del espacio cívico, silenciar a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica al gobierno, y operar sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas. La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad.

De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional, el uso excesivo de la fuerza ha sido ejercido por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales, quienes han sido los responsables de miles de detenciones arbitrarias en diferentes momentos, a lo largo de estos cinco años. Estos cuerpos represivos se han caracterizado además por el uso de armas letales en contextos no autorizados por el derecho internacional, lo que ha causado la muerte de cientos de personas, algunas de las cuales ya han sido calificadas por órganos de control de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, un crimen del derecho internacional.

A través de la información brindada por organizaciones de sociedad civil nicaragüenses y la documentación directa de casos en diferentes épocas entre 2018 y 2023, Amnistía Internacional ha logrado confirmar la cooptación del sistema judicial, el cual, en colaboración con otras autoridades nacionales, ha desarrollado juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno. En los casos documentados en el informe se verificó cómo el gobierno ha utilizado el proceso penal como una herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositoras. Esta instrumentalización del proceso penal ha llevado a la encarcelación de cientos de personas sólo por ejercer su derecho a la liberta de reunión pacifica, denunciar los abusos cometidos por las autoridades y defender y promover los derechos humanos en Nicaragua.

La organización también hace un recuento de los actos de hostigamiento y represión que el gobierno nicaragüense ha realizado contra las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Durante el último quinquenio el gobierno ha creado una serie de leyes para restringir la libertad de asociación y expresión y ha sometido a las organizaciones de derechos humanos y los medios a campañas de desprestigio, intervenciones ilegítimas en sus operaciones y la criminalización injusta de sus miembros.

Uno de los métodos más frecuentes que el gobierno nicaragüense ha utilizado para reprimir a estos actores ha sido la cancelación de sus personerías jurídicas, la irrupción en sus instalaciones y la incautación de sus propiedades, limitando severamente su capacidad de actuar. Además, las personas defensoras de derechos humanos, activistas de diversa índole y periodistas han sufrido acoso, amenazas e incluso ataques a su integridad física. Muchos han tenido que huir del país o han decidido cesar su trabajo temporalmente por temor a su seguridad. 

El informe cuenta también cómo la inestabilidad social y económica que ha generado la represión sin tregua y la crisis de derechos humanos en la que Nicaragua se encuentra ahogada desde 2018, ha provocado la salida forzada del país de miles de personas. Amnistía Internacional explica que, en el caso nicaragüense, las personas que han sufrido desplazamiento forzado en los últimos cinco años deben gozar de una protección internacional.

Finalmente, el informe aborda la privación arbitraria de nacionalidad de la que han sido víctimas más de 300 personas, muchas de las cuales quedaron en situación de apatridia, un estatus que las coloca en un mayor nivel de indefensión y con serios obstáculos para ejercer otros derechos como el de la salud, la educación y un empleo decente. Ante este escenario Amnistía Internacional recuerda a la comunidad internacional sobre la responsabilidad compartida de ofrecer protección a estas personas.

“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Hoy más que nunca la comunidad internacional debe seguir actuando de manera articulada y contundente. Pero no sólo al momento de reconocer y condenar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murilo, sino también en la manera en la que se promueven y garantizan los derechos de justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas que ha cobrado —y sigue cobrando— una política muy represiva que aplasta los derechos humanos”.

En un contexto en que las personas han estado sometidas a diversos factores estresantes como la pandemia o la incertidumbre económica, las vacaciones de verano aparecen como una pausa necesaria, que permite reducir los cuadros de agotamiento laboral y emocional que se acumulan durante el año. Sin embargo, el 52% de las personas no tiene decidido o de plano no se tomarán vacaciones en 2023, como reveló el estudio “Vacaciones de los Trabajadores 2023”, que realizó Mutual de Seguridad por tercer año consecutivo.

Según este sondeo, el 49% de los trabajadores ha pasado más de un año desde la última vez que se tomó vacaciones y el 21% incluso no ha vacacionado desde hace dos años o más. Entre los hallazgos, el 44% se siente más cansado ahora que en la misma época del año anterior, aunque este número supone una baja respecto de la medición de 2021, en que llegaba al 50%.

Entre las principales razones para no hacer una pausa en el trabajo están el difícil escenario económico y problemas en las condiciones laborales como el no contar con vacaciones pagadas, miedo a perder el empleo o el agobio laboral que implica salir durante algunas semanas.

A esta realidad, en la que los trabajadores chilenos no tienen la seguridad de salir de vacaciones, se suma que el 51% de los encuestados aún poseen días sin usar. Dentro de las explicaciones de esta situación están la escasez de personal de reemplazo, no contar con la capacidad de pagar un viaje y también las restricciones que implicó el Covid.

Otro factor que incide en que los chilenos no tomen sus vacaciones es que el 33% de los encuestados percibió que sus empleadores no los incentivan a hacer efectivos sus días de descanso. Incluso, el 40,4% reconoció que las empresas tratan de que sus trabajadores se tomen “el mínimo de tiempo”. 

La proporción que no toma vacaciones puede evaluarse como preocupante ante el escenario de salud mental que describen los mismos entrevistados en esta encuesta. En los últimos 12 meses el 83% de ellos han experimentado algún tipo de problema relacionado con el agotamiento o la salud mental. Es más, casi la mitad de los consultados (48%) manifestó haber experimentado problemas de salud mental de carácter más severo, tales como depresión, angustia y ansiedad, los cuales impactan directamente en la vida laboral. De ellos, un 46% siguió trabajando pese a su condición.

“Las vacaciones son una necesidad para todas las personas y lo recomendable es que las puedan tomar al menos una vez al año. Este estudio nos muestra que los trabajadores no hacen uso de sus vacaciones y los que lo hacen, no saben cómo descansar o desconectarse por completo. Aquí lo clave es que descansen del trabajo, y en lo posible se desconecten de la rutina. Todos pensamos que viajar es sinónimo de descanso, pero existen más posibilidades que permiten recuperar los niveles de agotamiento como dormir más, salir a caminar, practicar un pasatiempo o compartir tiempo de calidad con seres queridos. Todas estas medidas son sin duda un aporte positivo que los trabajadores debiesen incorporar a la hora de disfrutar las vacaciones”, opina Ignacio Puebla, Psicólogo y Jefe del Departamento de Factores humanos de Mutual de Seguridad.

Pese al alto porcentaje que no se tomará vacaciones, las personas sí valoran el impacto positivo de una desconexión laboral. El 58% de los encuestados considera que dicho efecto favorable se siente de modo permanente a lo largo del año. El estado de ánimo que suele anteceder a las vacaciones es positivo y se relacionan con la alegría, optimismo, sensación de aumento de energía (62%). Le sigue el sentido de agotamiento, cansancio o pérdida de energía (33%).

El descanso ideal

Los encuestados describieron como unas buenas vacaciones aquellas que incluyen viajar – con un 48%-; desconexión del trabajo (45%) y compartir con seres queridos y familia (43%). Asimismo, el 59% de las personas prefirió vacaciones largas, aunque esto implique una mayor distancia entre ellas.

Entre quienes descansan, el 24,8% comentó que saldrá por sólo una semana. La mayoría – el 35,8%- lo hará por dos semanas; 20,3% se planificó para tres semanas de descanso y sólo el 12,3% lo hará por más de tres semanas. Entre quienes se tomen vacaciones, el 69% probablemente realice algún tipo de viaje, ya sea internacional o interregional.

En una época de redes sociales, el 49% no estará tan pendiente de ellas porque prefiere disfrutar el momento y tomar fotos para subirlas más adelante.  En cambio, el 26% consideró que prefiere mantenerse en línea de manera constante y así interactuar con sus conocidos. Por último, el 25% logra desconectarse completamente.

Desde la llegada de la pandemia y algunas situaciones complejas fueras de las fronteras nacionales, han hecho que desde el 2021 en adelante, el aumento de precios en los materiales utilizados para la construcción se hayan sufrido un aumento, lo que ha había derivado en que muchas licitaciones quedaran sin oferentes u otras que eran desestimadas debido a que quienes postulaban no cumplían con requisitos de postulación o las bases técnicas.

Esta preocupación no sólo era un diagnóstico que venía desde el mundo de la construcción, sino también es un fenómeno que se ha dejado sentir también en el sector estatal, particularmente en el propio Ministerio de Obras Públicas, que venía presentando un promedio de 27% de sus licitaciones declaradas como desiertas o desestimadas, situación que generaba un importante retraso en cada una de las obras, debido a que se debía levantar un nuevo proceso licitatorio.

Ante esta situación el Gobierno trabajó varias acciones que apuntaban a generar reactivación económica. Precisamente una de estas acciones, y que nace desde el MOP, es el trabajo conjunto que ha desarrollado la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, implementando una resolución en la que se indica que se permite adjudicar una licitación por  un valor sobre el 20%.

“Con esta medida, lo que estamos logrando es acelerar la concreción de nuevas obras, que benefician a cada una de las regiones de Chile”, expresó el Ministro Juan Carlos García.

Esta medida ha sido vista con buenos ojos por el mercado, debido a que genera mayor dinamismo y eficiencia a la hora de cumplir con lo planificado, ya que al relicitar o reevaluar un proyecto nuevamente, ´puede generar de manera inmediata, varios meses de retraso, por lo que esto vino a generar más certezas a la hora de licitar.

Respecto a la realidad regional, entre enero de 2021 y junio de 2022, el promedio de licitaciones que fueron desestimadas fue de un 20%. “Con la medida que ha tomado el Gobierno, logramos reducir este 20% a un 8%, lo que da cuentas que esta medida está funcionando, expresó el Seremi de Obras Públicas Daniel Olhabé.

Este impacto positivo en la inversión pública fue destacada por la autoridad regional, el que indicó que “queremos seguir trabajando  fuertemente para que nuestras obras sigan sus procesos y tiempos, Sabemos que una obra no es sólo fierro y cemento, sino también un beneficio para las comunidades, por lo que haremos todos los esfuerzos por seguir avanzando en el desarrollo de las obras”, agregó Olhabé.

Esta medida que permite reactivar la economía, ha permitido que hoy se presenten a las licitaciones, en promedio un 3,4 empresas por cada proceso que se abre. A esto último, hay que agregar que entró en vigencia el reajuste polinómico para todas las licitaciones nuevas, lo que permite ajustar los contratos de las obras, en caso que se produzca nuevamente una fuerte alza en los precios de materiales para el desarrollo de las obras.

El libro “El Protocolo de Estambul de Naciones Unidad y la Investigación de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes durante la Democracia en Chile”, de la autora Jeannette Rosentreter y publicado por Ediciones Universitarias de Valparaíso, da a conocer la actual situación de la investigación de la tortura en Chile teniendo en cuenta los estándares comprometidos con el sistema de Naciones Unidas y el Comité contra la Tortura por parte del Estado de Chile.

Desde esta perspectiva, un aspecto que resulta preocupante, plantea la autora, es que en el período 2020–2021 el 8,8% de las evaluaciones a nivel nacional, basadas en la prueba del Protocolo de Estambul – hechas por el Servicio Médico Legal – hayan sido realizadas a niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, también es inquietante que el 23% a nivel nacional corresponde a la evaluación de mujeres durante el mismo lapso de tiempo.

Además, es llamativo según Rosentreter que los más altos índices de evaluación a nivel nacional de ambos grupos para este período se concentren en la Región del Biobío y Los Ríos enciende una nueva alarma, ya que en estas regiones se encuentra la mayor cantidad de personas pertenecientes a pueblos originarios, sólo superada por la Región Metropolitana. “Todo lo anterior debe ser objeto de atención teniendo en cuenta que la infancia y adolescencia, las mujeres y las personas pertenecientes a pueblos originarios se reconocen como grupos de especial protección en el derecho internacional de los derechos humanos”, sostuvo la investigadora.

“La aplicación de Protocolo de Estambul para la investigación y documentación de la tortura en Chile debe mirarse desde un contexto histórico amplio, que excede a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, teniendo en cuenta que estos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes han sido naturalizados durante dos siglos. En ese sentido implica la necesidad de un cambio cultural, social y político profundo para las y los actores relevantes involucrados en la prevención y erradicación de la tortura, así como para la ciudadanía en general en torno a visibilizar esta práctica y los efectos en las personas que la padecen como también las implicancias de normalizar estos hechos en un sistema democrático”, puntualizó la autora del libro que será presentado el 18 de noviembre.

Apoyar a los padres y cuidadores en su tarea de criar niñas y niños más sanos es la misión de “Nestlé por Niños Saludables”, iniciativa global de la compañía, lanzada en 2009, y bajo la cual se desarrolló el estudio Observatorio Nutricional, primera versión de esta medición anual que busca conocer y profundizar en los hábitos alimentarios y estilos de vida de los niños de nuestro país, desde la perspectiva de sus padres y madres.

El Observatorio -realizado en septiembre pasado por Nestlé Chile en conjunto con la Universidad Finis Terrae – consideró a papás y mamás de niños y niñas entre 2 y 15 años, de la Región Metropolitana (49%) y regiones (51%), a quienes se les consultó acerca de la alimentación de sus hijos.

A pesar de que los índices de sobrepeso y obesidad siguen aumentando en el país,-29% de sobrepeso y 25% de obesidad en niños y jóvenes según fuentes de Junaeb-, los resultados del estudio muestran que existe interés y preocupación de los padres por una buena alimentación. Un 74% considera que la alimentación actual de sus hijos es bastante o muy saludable, y un 70% cree que sabe mucho o bastante sobre alimentación saludable. Pese a ello, se observa que, a mayor nivel socioeconómico, más alta es la percepción de conocimiento sobre el tema y la consideración de estar entregando una alimentación saludable.

Asimismo, se identificó que los efectos de la pandemia siguen presentes en las familias chilenas, aunque con menor intensidad. Esto, porque aún hay niñas y niños que consumen alimentos junto a aparatos tecnológicos (46% en pandemia y hoy un 31%), varios de ellos comen mucho entre comidas (26% en pandemia y hoy un 12%) y se alimentan cuando se sienten aburridos, tristes y/o deprimidos (21% en pandemia y hoy un 12%).

“Este estudio nos ayuda a avanzar en una comprensión más profunda de los hábitos de vida y alimentarios de los niños y niñas, y por ende de la realidad nacional. De esta manera, podemos responder de mejor manera a que nuestros niños lleven una vida más saludable a través de nuestros productos.”, comenta Bárbara Bräuchle, Gerente de Nutrición, Salud y Bienestar.

El dilema nutricional que trae el escenario actual

En cuanto a tendencias alimentarias, el estudio evidencia una clara inclinación hacia alimentos más naturales, con un 78% de los padres preocupados por este factor y con un 52% dispuesto a pagar más por productos eco-friendly.

Por otro lado, reveló que hoy un 52% de niños y niñas sigue algún estilo de alimentación específico, dentro de los cuales destaca el flexitariano (reducción parcial del consumo de alimentos de origen animal), que se posiciona como uno de los más comunes con un 13%. Paralelamente, un 27% de los padres refiere que su hijo o hija sigue alguna dieta enfocada en el control del peso.

Otro de los hallazgos del Observatorio Nutricional se relaciona con el impacto de la inflación en los alimentos. Un 65% de los encuestados ve amenazada la calidad nutricional de la alimentación de sus hijos en caso de que los precios sigan subiendo, y un 39% declara que es la mayor dificultad para acceder a alimentos saludables. Aun así, un 65% de los padres pagaría más por alimentos más saludables y un 92% tomaría alguna medida para aliviar estos efectos y la escasez de alimentos, como buscar soluciones relacionadas al ahorro, pero con productos similares, antes que cambiar aquellos que actualmente se consumen. Al mismo tiempo, un 45% buscaría alternativas de productos más baratos en lugares como ferias libres o supermercados mayoristas y un 14% acomodaría su pauta alimenticia para consumir otro tipo de productos.

Para Edson Bustos, nutricionista y académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae, “la alimentación saludable y la actividad física regular cobran un valor cada día más importante en el combate de la obesidad, más cuando pareciera que todo está en nuestra contra, como la inflación, la inseguridad social, el sedentarismo y las enfermedades derivadas de la obesidad, entre otras. Por lo cual, es imperativa la inversión público-privada enfocada en aspectos preventivos y no curativos como se hace actualmente, donde mejorar la educación sobre estilos de vida saludable se haga interviniendo colegios por profesionales como nutricionistas, preparadores físicos y psicólogos especializados”.

Al mismo tiempo que conocemos por los informes más recientes que el mundo se precipita hacia niveles de calentamiento global de al menos 2,5 °C, un nuevo documento informativo de Amnistía Internacional ilustra los efectos devastadores que ya provoca la crisis climática. En vísperas de la COP27, la organización insta a todos los Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a actualizar su objetivo de reducción de las emisiones para 2030 a fin de garantizar que es compatible con el de mantener el incremento medio de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C.

Los Estados deben comprometerse a prescindir gradualmente del uso y la producción de combustibles fósiles sin recurrir a “atajos” dañinos de eficacia no demostrada, como los mecanismos de retirada del carbón, y crear un fondo para daños y perjuicios que ofrezca reparación a las personas cuyos derechos han sido vulnerados a causa de la crisis climática.

“La COP27 se celebrará tras un verano aterrador en el que el Ártico ardió, Europa fue asolada por olas de calor abrasadoras, y en Pakistán y Australia las inundaciones anegaron enormes extensiones de terreno. En resumen, la crisis climática ya está azotando el planeta, pese a lo cual la mayoría de los gobiernos han optado por mantener su vínculo letal con el sector de los combustibles fósiles, presentando a la desesperada objetivos insuficientes de reducción de las emisiones que luego ni siquiera cumplen”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“El incumplimiento de los objetivos significa que actualmente nos encaminamos hacia un calentamiento global que supera los 2,5 °C, una situación en la que se producirán hambrunas, sinhogarismo, enfermedades y desplazamientos a una escala casi inimaginable. Estas violaciones de derechos humanos ya se están produciendo en muchas parte del mundo.”

“A medida que la crisis azota, quienes menos responsabilidad tienen en ella son quienes la están sufriendo en primer lugar y con más dureza, lo que agrava la marginación que ya sufren. En la COP27 se deben tomar medidas que cambien radicalmente el reparto de responsabilidades y aborden esta injusticia. Los gobiernos ricos deben aumentar su compromiso en materia de financiación climática para ayudar a los países de ingresos más bajos a abandonar gradualmente el uso de combustibles fósiles y ampliar las medidas de adaptación. Asimismo deben crear un fondo de pérdidas y daños para proporcionar reparaciones sin demora a las personas cuyos derechos han sido vulnerados por la crisis que ellos ayudaron a originar.”

“Cada día soy más pobre”

El nuevo documento informativo de Amnistía Internacional, Cualquier marejada podría ahogarnos: Historias de la crisis climática, incluye los casos prácticos de siete comunidades marginadas de distintos lugares del mundo, incluidos Bangladesh, Fiyi, Senegal y el Ártico ruso.

Amnistía Internacional trabajó con activistas locales para entrevistar a personas marginadas, entre ellas algunas que viven en zonas del planeta que se encuentran entre las más vulnerables al clima, y difundir sus historias y sus llamamientos a la acción. Sus relatos permiten vislumbrar la vida en primera línea de la crisis climática, que se caracteriza por la discriminación, el desplazamiento forzado, la perdida de los medios de vida, la inseguridad alimentaria y la destrucción del patrimonio cultural.

En Bangladesh, las personas entrevistadas de comunidades costeras empobrecidas y marginadas, incluida población dalit y del pueblo indígena munda, explicaron que las inundaciones frecuentes las obligaban a reconstruir sus casas una y otra vez o a vivir entre las ruinas de las casas anegadas. Las inundaciones también dañaron la infraestructura de agua y saneamiento, lo que ha dejado a las comunidades con agua para el consumo salada y aseos inutilizables.

Los pueblos indígenas de la región ártica de Yakutia viven en el extremo noreste de Rusia, donde la temperatura media ha aumentado entre 2 y 3 °C en los últimos años. Esto ha causado que el permafrost se descongele, lo que ha intensificado los incendios y provocado pérdida de biodiversidad.

Las condiciones meteorológicas impredecibles tienen repercusiones graves en la forma de vida de los pueblos indígenas, como un hombre chukcha explicó: “Las condiciones meteorológicas son esenciales para la forma de vida tradicional de los pueblos indígenas. Basándonos en patrones meteorológicos, determinamos dónde pastarán los ciervos, donde podemos establecer un campamento entre migraciones, cuando habrá tormentas de nieve, cuándo y adónde migrarán los animales, las aves y los peces”.

En Quebec, Canadá, el pueblo indígena innu de la comunidad de Pessamit se enfrenta a peligros similares. El aumento de la temperatura ha dado lugar a una reducción del hielo costero y a otros cambios meteorológicos que han tenido repercusiones graves en la forma de vida de la comunidad. Por ejemplo, el hecho de que los lagos no se hielen en invierno hace que los ancianos no puedan viajar tanto por su territorio ancestral y transmitir su conocimiento tradicional sobre sus prácticas de desplazamiento.

“Cuando dejas de poder compartir tus conocimientos es una lástima. Pierdes un poco tu dignidad”, manifestó David Toro, asesor ambiental del Consejo Tribal Mamuitun.

Los casos prácticos también revelan que la población que sufre pérdidas y daños debido a la crisis climática suele quedar abandonada a su suerte tras las catástrofes, lo que la obliga a pedir préstamos exorbitantes, migrar, recortar el gasto en alimentación o retirar a sus hijos e hijas de la escuela.

“Antes podía mandar a mi hijo a la escuela… pero ahora no me puedo dar ese lujo. Cada día soy más pobre”, explicó un pescador que vive en la zona del golfo de Fonseca, en Honduras, que periódicamente sufre inundaciones y ciclones.

“No nos escuchan”

Algunas de las personas entrevistadas compartieron información sobre las estrategias de adaptación que han desarrollado, que aportan aprendizajes importantes al resto del mundo y ponen de relieve la importancia de incluir a las comunidades más perjudicadas en la creación de estrategias para abordar la emergencia climática. Por ejemplo, la comunidad indígena de Pessamit, en Québec (Canadá), ha puesto en marcha sendos proyectos para proteger el salmón y el caribú.

“Durante los últimos diez o doce años, la caza comunitaria, e incluso la individual, del caribú ha estado prohibida”, explicó Adelard Benjamin, coordinadora de proyecto sobre Territorio y Recursos en Pessamit.

El ingenio de las comunidades más afectadas pone de relieve la importancia de incluirlas de forma genuina en los procesos de toma de decisiones relacionados con las respuestas a la emergencia. Para el pueblo pessamit el impacto del cambio climático y la degradación ambiental ha consolidado las desigualdades causadas por largas historias de colonialismo, racismo y discriminación.

Como Eric Kanapé, asesor ambiental de la comunidad pessamit, dijo: «Nos consultan por cumplir. Proponemos formas nuevas de hacer las cosas pero no nos escuchan. No nos toman en serio”.

Langue de Barbarie es una península de arena próxima a la ciudad senegalesa de Saint Louis en la que viven en torno a 80.000 personas en pueblos pesqueros densamente poblados y con un alto riesgo de inundarse. La erosión costera provoca la pérdida de entre cinco y seis metros de playa anualmente; “el mar está avanzando”, como explica un pescador.

Las personas entrevistadas en Saint Louis han desarrollado varias iniciativas propias para lidiar con la crisis climática. Por ejemplo, un proyecto dirigido por la comunidad ayuda a la población local afectada por la elevación del nivel del mar a construir casas y poner en marcha actividades de reciclaje que generen ingresos. Otras han puesto en marcha una caja solidaria comunitaria para ayudar a la gente en momentos de dificultad económica, aunque a veces se queda sin fondos porque los problemas económicos afectan a toda la comunidad.

La falta de medidas de apoyo y reparaciones efectivas por las pérdidas y daños causados por el cambio climático es una gran injusticia. Los países ricos que más han contribuido al cambio climático y aquellos que disponen de más recursos tienen una mayor obligación de proporcionar reparación. En la COP27 se debería empezar por llegar a un acuerdo para establecer un fondo de pérdidas y daños y adquirir el compromiso de destinar suficiente financiación para este propósito.

Última oportunidad

Amnistía Internacional asistirá a la COP27 en Sharm El-Sheikh, Egipto, entre el 5 y el 19 de noviembre. La organización pide a todos los gobiernos que garanticen urgentemente que sus objetivos de reducción de emisiones para 2030 son compatibles con el de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.

Si se satisface el objetivo de 1,5 °C se mitigarían algunas de las peores consecuencias del cambio climático, pero el margen de tiempo para hacerlo se está estrechando rápidamente. Pese a que la decisión del Pacto Climático de Glasgow en la COP26 requería a todos los Estados que reforzaran sus objetivos para 2030, sólo 22 Estados han presentado compromisos actualizados en 2022. Además, la mayoría de las políticas nacionales que se están aplicando actualmente son inadecuadas para que se cumplan los compromisos de los Estados.

Los Estados ricos deben presentar un plan claro para aumentar su contribución a la financiación climática, de manera que puedan cumplir colectivamente la meta de larga data de recaudar al menos 100.000 millones de dólares estadounidenses al año para ayudar a los países de ingresos más bajos a prescindir gradualmente de los combustibles fósiles y ampliar las medidas de adaptación. Además, los países ricos deben garantizar la provisión rápida de nueva financiación de apoyo y reparación a las comunidades que han sufrido pérdidas y daños graves a consecuencia de los efectos del cambio climático.

La participación de la sociedad civil en la COP27 está gravemente amenazada por la represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que las autoridades egipcias llevan años practicando y que Amnistía ha documentado. Todos los Estados asistentes a la COP27 deben presionar al gobierno egipcio para que proteja el espacio de la sociedad civil y garantice la participación de las ONG y los pueblos indígenas.

“Estamos viviendo un fenómeno natural causado por el calentamiento global y causado por nosotros mismos por no reparar el daño ecológico que hemos hecho”, manifestó un residente de Punta Ratón, en Honduras. “Ahora tenemos que cuidar de lo que queda para las generaciones venideras.»