Publicado en: dom, Jul 7th, 2019

La ética pública

Share This
Tags

Según lo publicado por diferentes medios de comunicación se ha informado a la opinión pública que hace dos años el Programa Quiero Mi Barrio hoy se encuentra «frenado», por lo que el municipio de Osorno no ha podido participar de este programa ante la posibilidad de que existan  eventuales irregularidades con el uso de recursos públicos y con ciertas rendiciones de  fondos recibidos por el Municipio de Osorno y entregados por el Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismos de la Región de Los Lagos para desarrollar un programa que va en beneficio directo de nuestra comunidad y de los vecinos mas carenciados de la comuna.

´¿ Cómo es posible que por la acción de una funcionaria objetada por la Contraloría, Osorno se vea  impedido de  participar de este programa ? Al menos así lo indica la persona encargada de la sección jurídica del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de los Lagos  mediante un correo electrónico que envía al municipio de Osorno el 2018, en el que señala  que «no se aprobaran las rendiciones efectuadas por el municipio de Osorno, mientras no se resuelva el tema en la fiscalía», esto haciendo referencia al  Informe Final de investigación especial 224 del año 2018 de Contraloría donde al parecer se entiende que no se cumplió con la función pública.

El Programa Quiero mi Barrio, es un Programa de Recuperación de Barrios, tiene como objetico contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias, son como ya dijimos los mas carenciados,

Hoy en día, y una vez más,  colocamos en entredichos a  la Ética Pública que constituye, por un mandato constitucional imperativo, un pilar esencial en el cumplimiento de la función pública, siendo uno de sus elementos constitutivos el principio de la probidad.

Este principio, acorde a lo establecido en la Ley N° 18.575 (LOCBGAE), en la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, y en el Estatuto Administrativo, consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarrea las responsabilidades establecidas en la Constitución y las leyes.

Consecuente con lo anterior y según las informaciones publicadas en los medios,  lo obrado por la funcionaria  estaría contraviniendo  el principio de probidad administrativa, establecido en el inciso segundo del artículo 52 de la Ley 18575. Orgánica Constitucional de Bases Generales  de la Administración del Estado.

Por lo tanto, a la vista de todos,  se podría estar Incumpliendo  lo indicado en el número 6 del artículo 62 de la citada Ley ( 18.575),  La Ley de Probidad regula este principio, estableciendo ciertas inhabilidades, y las  incompatibilidades para el desempeño en la función pública, prohibiendo aquellas conductas contrarias al principio de probidad.  Por lo que hay que exigir respuestas a dos preguntas bien concretas: ¿Son estas conductas contraria a la probidad ? ¿Hay alguien más  encubriendo o haciendo oídos sordos al llamado de la Contraloría?.

Tengo la misma convicción de siempre de que es necesario prevenir la corrupción en el sistema público;  en lo personal para mí defender nuestra democracia de la corrupción es un deber, una obligación. Sobre todo porque luche para recuperarla. Y conozco su valor. Y conozco el esfuerzo de tantos que marcharon un día con el mismo fin y que hoy miran hacia otro lado para no enfrentar una realidad que dice que hay algunos que han engordado mal usando la democracia y  que ya no desean someterse a la idea universal de igualdad, de diversidad, de honestidad, de transparencia y de decencia. Por eso hoy más que nunca se hace necesario defenderla de los grupos de presión, del tráfico de influencias, de los intereses particulares, del clientelismo político y muchas veces de personajes oscuros y poderosos, que trafican con la miseria humana,  vestidos de falsa piedad, de falsa cercanía  pero cuya arrogancia se contrapone decididamente  a los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Con pena sigo pensado : ¿ como puede ser posible que funcionarios públicos en todo orden hoy están dispuestos por dinero corromper el sistema ?.

“TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS LA JUSTICIA NO DETERMINE LO CONTRARIO”.

JUAN CARLOS VELASQUEZ MANCILLA

EXCONCEJAL DE OSORNO.

.

Semanario Local

- Para mayor información sobre este articulo recomendamos contactarse con Claudio Ojeda S. - Fono 987762086 - semanariolocal@gmail.com - Código Postal 5290231 - Edificio S - Depto 103 - Osorno - Chile /// Semanario Local es un Medio de Comunicación Social reconocido por el Estado de Chile y sujeto a las normas y Ley de Prensa 19.733. Esta información cuenta con respaldo legal y no puede ser modificada ni alterada en ninguna de sus formas. El material publicado esta exento de Derechos de Autor y es de Libre Uso.

La ética pública