Published On: Vie, Oct 19th, 2018

Consejero Regional Francisco Reyes exige mayores filtros a empresas que liciten con el Estado

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Mil 830 millones de pesos más costará la construcción del edificio de la Policía de Investigaciones de Osorno, luego que la primera empresa en adjudicar abandonara los trabajos y se otorgara la licitación de obras civiles a una segunda firma, Copcisa SA, proceso que hoy se encuentra en reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social.

Es decir, la frenada obra del cuartel de la PDI de Osorno superará los 9 mil 276 millones de pesos, de los cuales la institución policial concurre con el 40 por ciento del financiamiento, y el 60 por ciento lo cubre el Fondo Regional de Desarrollo Regional.

El consejero regional Francisco Reyes solicitó al Gobierno Regional y a la PDI un informe detallado respecto a la nueva fórmula de financiamiento y sobre estas abultadas cifras y el retraso de la inversión, hizo un llamado a generar mayores filtros y estándares de exigencias a las empresas que licitan obras con el Estado para evitar que otros episodios de abandono de trabajos los sigan pagando las personas y las comunidades.

“Con un presupuesto regional estrecho se pretende que el FNDR concurra con más de mil millones de pesos adicionales para estas obras que son necesarias, urgentes, pero que debieron ser financiadas en mayor porcentaje por la propia PDI o el Ministerio del Interior. Y ello obliga a posponer otros proyectos, más sociales, en comunas, a raíz de tapar el verdadero hoyo que dejó la primera empresa que licitó el cuartel policial”, dijo.

De los mil 830 millones de pesos adicionales, mil 98 financiará el FNDR y 732 millones la PDI.

“En el pleno del consejo regional hemos hecho un llamado a aplicar mayores filtros y estándares de exigencias a las empresas que licitan con el Estado. No puede seguir ocurriendo que por su ineficiencia se sacrifique el presupuesto regional destinado a urgencias sentidas, y se sigan repitiendo casos de obras abandonadas en las provincias de Osorno y Chiloé con hospitales, o Chaitén como lo es el caso de un proyecto habitacional”.

“Si a los dirigentes sociales por problemas en sus rendiciones de proyectos les impiden postular nuevamente a fondos públicos, por qué estas malas empresas se las arreglan para seguir concursando y licitando…eso no lo puede pagar el presupuesto de la región”, agregó.

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