Published On: jue, Feb 8th, 2018

Ministra de Salud representa el caso más evidentes y flagrantes de conflicto de interés

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Cerca de $80 millones es el monto que iba recibir la ministra de Salud, Carmen Castillo, si se beneficiaba de la Ley de Incentivo al Retiro, una norma que la misma secretaria de Estado impulsó en el Congreso durante el año 2016, destinada a compensar la jubilación de quienes se desempeñan en el sector salud.

Y pese a que en octubre pasado la titular del Minsal aseguró que no postularía al beneficio mientras fuera parte del Gobierno, una investigación de radio Bío Bío develó que la autoridad aparece en una lista de funcionarios favorecidos por aquellas compensaciones. Luego de aquella revelación, y dada la polémica suscitada por la noticia, el Gobierno anunció que Castillo se abstendría de recibir el pago.

Aunque valoró la renuncia al beneficio, que ayer oficializó el Ejecutivo, a través de la subsecretaria Gisella Alarcón, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, criticó la asignación de este millonario pago a la ministra Castillo.

“Este es uno de los casos más evidentes y flagrantes en materia de conflicto de interés. Que un ministro de Estado firme y presente un proyecto de ley como colegislador, lo tramite durante todas sus etapas legislativas, logre su aprobación y firme el reglamento de esa ley es lamentable y se merece el mayor repudio”, sentenció Drago.

La norma que permitiría el pago de estos montos es la 20.291 y señala en su artículo 1 que el bono que podrían recibir los funcionarios “será equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio”. Incluyendo una serie de asignaciones especiales, el sueldo bruto de Castillo se eleva sobre los $7,9 millones mensuales.

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