Published On: Vie, Abr 1st, 2016

Colusión de supermercados.

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En las últimas semanas hemos conocido nuevos casos de colusión registrados en el país y que están siendo investigados por los organismos especializados. Se trata esta vez de un acuerdo entre las tres principales cadenas de supermercados, destinado a coordinar los precios de venta de la carne de pollo, que se habría gestado y ocurrido hace algunos años.

Esta denuncia viene a sumarse a una ya larga cadena de actos del mismo tipo que han involucrado a productores de pollo, farmacias, distribuidores de asfalto, empresas navieras, comercializadoras de papel higiénico y hasta al gremio de ginecólogos en la Provincia de Ñuble.

Ellos se agregan, además, a otros escándalos comerciales de enorme connotación pública, como fueron las repactaciones ilegales realizadas por La Polar, que perjudicaron tanto a sus clientes como a inversionistas, producto del falseamiento de sus balances y estados financieros.

Las reacciones ante estos hechos son diversas. Los consumidores y usuarios se sienten, con justa razón, gravemente abusados. Cada episodio denunciado no viene sino a confirmar las sospechas por las habituales alzas masivas en muchos precios y la extraña uniformidad de éstos en diversos establecimientos. La seguidilla de casos produce un ambiente generalizado de desconfianza y molestia.

Algunos, en cambio, reaccionan acusando persecuciones o sobre reacción de las autoridades.Equivocan claramente el rumbo. Nada peor que una defensa corporativa o tratar de minimizar o negar hechos que al poco tiempo resultan confirmados por la justicia.

La empresa y el emprendimiento privado es un factor importante en el desarrollo del país.Alienta la inversión y genera empleo, al tiempo de otorgar a los ciudadanos la posibilidad de disponer de una mayor variedad de productos y servicios. Sin embargo, su desarrollo debe basarse en comportamientos éticos y legales que parecen haber caído en el olvido para sectores muy relevantes. Sólo así se explica que estos sucesos no sean aislados, sino que se abarcan un amplio abanico de sectores o actividades.

Quien afecta la competencia del modo que hemos conocido, coordinando precios o cuotas de mercado, perjudica desde luego a los usuarios y consumidores, pero, además, afecta gravemente el propio modelo económico que les ampara y al gremio y entorno al que pertenecen. A ellos debería dirigirse la indignación de empresarios, expertos y cúpulas gremiales, en lugar de apuntar a fiscalizadores y reguladores, al más puro estilo de Don Otto.

En lugar de ver un hostigamiento que no existe y de acusar populismo o estatismo cuando a consecuencia de éstos hechos se generan medidas como las farmacias populares, es tiempo reconocer que importantes sectores del empresariado nacional han venido generando una cultura de la máxima rentabilidad, a cualquier precio, sobrepasando muchas veces los márgenes y regulaciones y mermando así gravemente la confianza de la ciudadanía.

Asimismo, es imprescindible agilizar las modificaciones legales para sancionar en forma drástica este tipo de conductas. El Senado está analizando el proyecto de ley que fortalecerá las investigaciones y repondrá las penas de cárcel para quienes las cometan.

Por Adriana Muñoz, senadora por la región de Coquimbo

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