Published On: Mar, Jul 14th, 2015

Las criticas que persiguen al Nuevo Intendente de la Región de Los Lagos

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Bustos

Nelson Bernardo Bustos Arancibia, militante PPD, 41 años, casado, Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Seremi de Vivienda y de Bienes Nacionales en la Región de Los Lagos. Posteriormente, en junio de 2006, fue nombrado director de Conama en la misma región. Desde abril de 2008 y hasta el 11 de marzo de 2010, fue gobernador del Ranco, en la región de Los Ríos.

Posterior al 11 de marzo y luego de asumida la administración de Sebastián Piñera habría mantenido una conversación de carácter informal en el centro de Valdivia con un profesional de la empresa Arauco donde se le sugirió colaborar en Asuntos Públicos basados en la experiencia adquirida en su trabajo al interior del Gobierno iniciando en abril de ese mismo año labores de Asesoría Externa para la empresa Arauco y en labores de apoyo al equipo de Asuntos Públicos en el proyecto en Parque Oncol. Situación que fue rápidamente cuestionada puesto que la Ley 19.653 Sobre probidad administrativa establece en su artículo 58 y en su párrafo final que «son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones.»

Este hecho parece reflotar subterráneamente con su nominación como Intendente regional de Los Lagos y la participación que mantuvo al final del largo conflicto entre Celulosa Arauco Constitución y la comunidad valdiviana .

Los Cisnes de Arauco

Arauco S.A proviene de las empresas creadas por la corfo en la década del ’60 siendo expropiadas y privatizadas bajo la Dictadura Militar. Esta empresa controlada por el grupo Angelini inicia la instalación de la Planta Valdivia dedicada a la fabricación de pulpa celulosa Kraft blanqueada, de alta pureza, a partir de pino radiata y eucaliptus con una inversión inicial de 1.045 millones de dólares ubicándose a unos 10 kilómetros de la comuna de San José de la Mariquina y unos 50 km de Valdivia.

Los orígenes del conflicto se encuentran en octubre de 1995, cuando CELCO presentó un Estudio de Impacto Ambiental a la COREMA de la X región de Los Lagos. En mayo de 1996 se logró una primera autorización, pero de forma anticipada, en marzo de ese mismo año, el entonces Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, colocó la primera piedra de la planta. Esta acción contradijo la decisión del Comité Técnico de la COREMA, el cual había rechazado el proyecto un par de meses antes por considerarlo ambientalmente inviable.

Con la autorización la empresa opto por la evacuación de los Residuos Industriales Líquidos o en la bahía de Maiquillahue, en Mehuín por medio de un ducto de casi 40 kilómetros generándose un bullado conflicto social que finalmente obligo a la empresa a desistir en 1998 dirigiendo la descarga de Riles al río Cruces. La construcción de la planta comenzó en septiembre del año 2001. Las primeras señales de daño ecológico se evidenciaron ya en mayo del 2004, a sólo 4 meses de su puesta en funcionamiento.

La muerte del luchecillo así como la extinción y migración de los cisnes de cuello negro en el río Cruces de Valdivia se transformaron en un hecho emblemático y de gran connotacion publica afectando directamente al Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, área protegida oficialmente desde 1981 por la Corporación Nacional Forestal.

La indignación y la presión pública de distintas organizaciones obligó a la COREMA de la región de Los Lagos a encomendar oficialmente un estudio a la Universidad Austral de Chile para esclarecer lo ocurrido. En abril del año 2005 se entregó el Informe Final, el cual concluyó que «las actividades de la Planta Valdivia de CELCO habían incidido de forma significativa en los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces

Tras múltiples acciones legales y debido al desastre ocasionado en el humedal, se le exigió a la empresa buscar una nueva alternativa para descargar sus desechos. Con esto renace la opción de instalar un emisario submarino reavivando el conflicto social con las comunidades aledañas . La empresa inicio una fuerte campaña comunicacional para recuperar confianzas por parte de la comunidad. Siendo una de las acciones más bulladas el millonario acuerdo con quienes cooperarían en el proceso de aprobación y construcción del ducto, denominado «Convenio de colaboración y asistencia recíproca». Se habló de una cifra cercana a los $40 millones que se pagarían a quienes lo firmaran. Muchos cedieron, en su mayoría pescadores de Mehuín y localidades aledañas. Profundizando el conflicto ahora entre la misma comunidad.

En febrero del año 2009, la empresa ingresó el nuevo Estudio de Impacto Ambienta para que sea analizado por los organismos gubernamentales. Un año después, el 23 de febrero del 2010 y apenas algunos días antes del cambio de gobierno la COREMA de Los Ríos aprobó el estudio de la empresa por 11 votos a favor y 6 en contra.

Uno de los votos a favor correspondería a Nelson Bernardo Bustos Arancibia quien posteriormente se integraría a la mencionada empresa.

Mientras ejerció en las distintas instancias de gobierno Nelson Bustos Arancibia participó de la aprobación de cerca de 400 iniciativas de distinta índole, por lo que más tarde agregaría en su defensa : » si fuera porque yo voté uno u otro proyecto, todos los que alguna vez formaron parte de la Corema, hoy no podrían trabajar en ninguna parte», Agregando con respecto a su voto que » no fui solamente yo, fueron 11 miembros de la Corema los que votaron a favor».

Conclusiones

El cambio de Intendente Regional que culmino con la gestión del abogado Nofal abud Maetzu luego de un año y 4 meses de actividad , como siempre entre los pitonisos de la política era supuestamente noticia conocida desde el sábado. Paralelamente se han levantado algunos cuestionamiento en torno a la poca incidencia de los dirigentes de los partidos políticos de la zona en la nominación, más aun si se quiere defender un proceso contrario al centralismo. Al respecto el PPD rápidamente se alineo con el militante de sus filas destacando su vasta experiencia política y defendiendo la prerrogativa Presidencial en cuanto al nombramiento, eso sí lamentan que a nivel nacional pierdan un intendente PPD pues el cupo que mantenía Ximena Órdenes en Aysen es remplazado por el PRSD Jorge Calderón sin compensación a los equilibrios.

Las Alarmas de la UDI

En tanto en la vereda del frente y en la Región de los Lagos específicamente en la UDI esta nominación ha encendido las primeras alarmas toda vez que el nuevo Intendente fue acusado el año 2004 por el Diputado Javier Hernández de intervención electoral frente a la Contraloría General de la Republica por su participación en la elaboración de un documento denominado «Orientaciones para el trabajo en terreno» mientras ejercía como Seremi de Vivienda y en cuya redacción habria participado junto a distintas autoridades de la epoca.

Dicho documento solicitaba «enfrentar los próximos procesos electorales y fortalecer a los partidos políticos de la concertación y a sus candidatos, estableciendo como objetivos centrales evitar que la oposición siga creciendo, terminar con el empate existente, recuperar comunas en manos de la oposición y evitar que las comunas en riesgo se pierdan», asignándose responsabilidades al respecto a diferentes servidores públicos. Tal cual señala el INFORME N° 118/2004 de la Contraloría General de la Republica que considero el análisis de este documento «objetable que haya sido dado a conocer y tratado en la reunión de Gabinete ampliado realizada el día 26 de mayo de 2004, en dependencias de la Intendencia Regional, con la participación del Intendente Regional, los Secretarios Regionales Ministeriales, Gobernadores y Directores Regionales de Servicios Públicos, pues tales reuniones son instancias de coordinación de los servicios públicos de la región y en ellas sólo deben tratarse materias institucionales propias de la labor pública que éstos cumplen, es decir, corresponden a reuniones de trabajo de las autoridades asistentes, de modo tal que la exposición y análisis del documento referido en esa oportunidad constituyó una actividad de carácter político contingente, de aquellas en las cuales existe prohibición legal expresa de participar para los funcionarios de la Administración del Estado en el desempeño de sus cargos, la cual fue infringida», considerando finalmente que al tratarse de un hecho PUNTUAL y no cumplido de acuerdo a la definición establecida no correspondía la instrucción de sumarios administrativos ni sanciones al respecto quedando en un llamado a evitar este tipo de situaciones.

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